Jorge Alberto Armas Murrieta
Expediente 837/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Alberto Armas Murrieta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
el oficio signado por la Secretaria de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 5018/2017 con el que se le notificó el proveído de siete de febrero de esta anualidad, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente asunto y se ordenó el archivo del mismo como asunto concluido. Lo anterior, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2° de la propia Ley. Finalmente, glósese la copia del oficio SEADS/108/2017, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el Pleno del citado órgano, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, determinó la adscripción de Karina Juárez Benavides, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de febrero de dos mil diecisiete. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el seis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 472 a la 496), se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por Jorge Alberto Armas Murrieta, en los siguientes términos: ".En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo a efecto de restituir al quejoso Jorge Alberto Armas Murrieta, en el goce del derecho violado, se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado: a) Deje insubsistente la resolución de veintinueve de febrero de dos mil doce dictada en los autos del toca 3592/11-A. b) Con plenitud de jurisdicción deberá analizar si en el caso, existen elementos que hagan probable la responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado que se le atribuye al quejoso, valorando todas y cada una de las pruebas que constan en autos, incluyendo las ofrecidas y desahogadas en etapa de pre instrucción, las que deberá valorar de manera pormenorizada y confrontarlas, a efecto de encontrar la verdad real, apoyando su decisión de manera fundada y motivada, como lo exigen los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales. Al concederse el amparo y protección respecto del acto reclamado de la autoridad ordenadora, lo procedente es hacer extensiva dicha concesión respecto de los actos de ejecución reclamados al Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo, Veracruz y, Director del Centro de Reinserción Social Zona I, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, pues éstos no fueron reclamados por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del reclamado de la autoridad ordenadora." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que en el improrrogable plazo de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 506 a la 508). Por oficio número 074, de diez de enero de la presente anualidad, la citada Sala responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 518 a la 533); por lo anterior, mediante acuerdos de doce y veinticinco de enero siguientes, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 538, 539, 543 y 544); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora bien, el amparo concedido a Jorge Alberto Armas Murrieta, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de febrero de dos mil doce, dictada en los autos del toca 3592/11-A y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, analizara si en el caso, existen elementos que hagan probable la responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado que se le atribuye al quejoso, valorando todas y cada una de las pruebas que constan en autos, incluyendo las ofrecidas y desahogadas en la etapa de pre instrucción, las que deberá valorar de manera pormenorizada y confrontarlas, a efecto de encontrar la verdad real. En el caso, tomando en consideración las constancias que anexó la citada responsable, se advierte que mediante resolución de diez de enero de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal, dejó insubsistente la resolución de veintinueve de febrero de dos mil doce, dictada en el toca 3592/11-A, de su índice, en la cual determinó revocar el auto de libertad de diecisiete de noviembre de dos mil once, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz y dictar auto de formal prisión, en contra del aquí quejoso, por el delito de Homicidio Calificado, en los autos de la causa penal 298/2010 y, en su lugar, dictó una nueva determinación, en la que después de analizar de manera conjunta, integral y armónica el material probatorio desahogado en el sumario, arribó a la conclusión que el delito analizado no es atribuible a la conducta del impetrante del amparo, acorde con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz; fundando y motivando adecuadamente su decisión; razón por la cual, confirmó el referido auto de libertad de diecisiete de noviembre de dos mil once, por falta de elementos para procesar, ordenando al juez resolutor la inmediata y absoluta libertad del aquí quejoso. De lo anterior se desprende, que la responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido, ya que acató los lineamientos trazados en la ejecutoria, dejando insubsistente la resolución que constituía el acto reclamado en el presente asunto, y emitió una nueva, en la que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que este órgano jurisdiccional declara el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto, se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención en lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y la resolución corresponde, para lo cual, como se indicó deberá conservarse por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe
- Principal
Notifíquese personalmente a la tercero interesada.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
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