Jorge Adalberto Montano Cano
Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Adalberto Montano Cano
Actuaciones
- Principal
...Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa...
- Principal
... Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La abstención por parte de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje de remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo el supuesto amparo directo interpuesto contra el laudo dictado en el expediente laboral 152/2018 por el hoy quejoso Jorge Adalberto Montano Cano, Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UN CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, conviene asentar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. La citada porción normativa establece la improcedencia del juicio de amparo, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tal causa de improcedencia prevé dos hipótesis en las que se puede actualizar, a saber: a) Cuando se promueve juicio contra resoluciones de amparo. b) Cuando se impugnan resoluciones dictadas - por las autoridades responsables- en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Ahora, en el caso particular, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional la abstención por parte de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de emitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo el supuesto amparo interpuesto por el aquí quejoso contra el laudo dictado en el expediente laboral 152/2018; lo que se traduce en una omisión por parte de la autoridad responsable, la cual está relacionada con el trámite del juicio de amparo directo. En esas condiciones, la improcedencia deriva propiamente en que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual, la responsable únicamente funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; por lo que, si el acto reclamado en la presente demanda se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de cumplir con la obligación de remitir la demanda de garantías que dice haber presentado, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial. De ahí, que tal disposición normativa, que establece la improcedencia del juicio de amparo, no transgrede el derecho de los gobernados a contar con un recurso eficaz, porque la norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica u de cosa juzgada, sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. ... Por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, porque de admitir la demanda origen del mismo, estaríamos en el supuesto de permitir la procedencia de juicios de amparo en contra de determinaciones de otros juicios de garantías, o de resoluciones emitidas por las autoridades responsables en cumplimiento o ejecución de éstas, lo que provocaría una interminable promoción de juicios de amparo sobre estos mismos; de ahí que se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, cabe señalar lo sostenido en la Ley de Amparo anterior comentada sobre la fracción II del artículo 73 de ese ordenamiento, y cuyo contenido no es diverso a la fracción IX del numeral 61 de la Ley de Amparo en vigor (de ahí lo aplicable), en donde en lo conducente se lee: "[.] Sobre esta fracción, la Suprema Corte ha establecido que la finalidad que se persigue con la norma, no es la que se pudiera deducir de su términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los caso en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva de manda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen sus consecuencias lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que prevalece el juicio de amparo. [.]" Lo transcrito pone en evidencia que la causa de improcedencia en estudio se actualiza respecto del acto atribuido a la autoridad responsable, ya que como se dijo, ésta únicamente actúa con el carácter de auxiliar de la Justicia Federal, en los actos inherentes a la tramitación del juicio de amparo directo; de ahí que se estime que en el caso sí se actualiza la causa de improcedencia por derivar la omisión que reclama, del trámite de otro juicio de amparo. También sirve de apoyo la tesis III.2o.C.33 K4, que dice: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio." Conclusión. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del dispositivo 61, que analizada junto con el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda que origina el presente asunto, por ser notoria e indudable su improcedencia. Domicilio y autorizados. Ahora, de la certificación de cuenta, se conoce que el usuario Dangarcia, es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte quejosa, por lo que no ha lugar a tenerle señalando domicilio para éste efecto; asimismo, por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Daniel de Jesús García Jiménez, en virtud de que la certificación secretaria, se conoce que cuenta con cédula profesional. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese vía electrónica al promovente. ...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Adalberto Montano Cano, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad; fórmese el juicio de amparo con el registro 381/2023-A. 03/08/23 14:19:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f4.ee MARÍA DEL PILAR ORTIZ SOTO Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 1131 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La abstención por parte de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje de remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo el supuesto amparo directo interpuesto contra el laudo dictado en el expediente laboral 152/2018 por el hoy quejoso Jorge Adalberto Montano Cano, Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UN CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, conviene asentar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX2 , de la Ley de Amparo. La citada porción normativa establece la improcedencia del juicio de amparo, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tal causa de improcedencia prevé dos hipótesis en las que se puede actualizar, a saber: a) Cuando se promueve juicio contra resoluciones de amparo. b) Cuando se impugnan resoluciones dictadas - por las autoridades responsables- en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Ahora, en el caso particular, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional la abstención por parte de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de emitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo el supuesto amparo interpuesto por el aquí quejoso contra el laudo dictado en el expediente laboral 152/2018; lo que se traduce en una omisión por parte de la autoridad responsable, la cual está relacionada con el trámite del juicio de amparo directo. En esas condiciones, la improcedencia deriva propiamente en que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual, la responsable únicamente funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; por lo que, si el acto reclamado en la presente demanda se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de cumplir con la obligación de remitir la demanda de garantías que dice haber presentado, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial. De ahí, que tal disposición normativa, que establece la improcedencia del juicio de amparo, no transgrede el derecho de los gobernados a contar con un recurso eficaz, porque la norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica u de cosa juzgada, sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J.107/20153 de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, porque de admitir la demanda origen del mismo, estaríamos en el supuesto de permitir la procedencia de juicios de amparo en contra de determinaciones de otros juicios de garantías, o de resoluciones emitidas por las autoridades responsables en cumplimiento o ejecución de éstas, lo que provocaría una interminable promoción de juicios de amparo sobre estos mismos; de ahí que se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, cabe señalar lo sostenido en la Ley de Amparo anterior comentada sobre la fracción II del artículo 73 de ese ordenamiento, y cuyo contenido no es diverso a la fracción IX del numeral 61 de la Ley de Amparo en vigor (de ahí lo aplicable), en donde en lo conducente se lee: "[.] Sobre esta fracción, la Suprema Corte ha establecido que la finalidad que se persigue con la norma, no es la que se pudiera deducir de su términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los caso en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva de manda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen sus consecuencias lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que prevalece el juicio de amparo. [.]" Lo transcrito pone en evidencia que la causa de improcedencia en estudio se actualiza respecto del acto atribuido a la autoridad responsable, ya que como se dijo, ésta únicamente actúa con el carácter de auxiliar de la Justicia Federal, en los actos inherentes a la tramitación del juicio de amparo directo; de ahí que se estime que en el caso sí se actualiza la causa de improcedencia por derivar la omisión que reclama, del trámite de otro juicio de amparo. También sirve de apoyo la tesis III.2o.C.33 K4 3 , que dice: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio." Conclusión. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del dispositivo 61, que analizada junto con el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda que origina el presente asunto, por ser notoria e indudable su improcedencia. Domicilio y autorizados. Ahora, de la certificación de cuenta, se conoce que el usuario Dangarcia, es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte quejosa, por lo que no ha lugar a tenerle señalando domicilio para éste efecto; asimismo, por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Daniel de Jesús García Jiménez, en virtud de que la certificación secretaria, se conoce que cuenta con cédula profesional. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese vía electrónica al promovente...
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