Jorge Ahedo Cruz y otros (personas colectivas)

Expediente 616/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
616/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Jorge Ahedo Cruz y otros (personas colectivas)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    PRAL.616/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo haya hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso a), y 24 del Acuerdo General en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.616/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por Jorge Ahedo Cruz, en su carácter de representante común de la parte quejosa, en su atención, se acuerda: 1.1. Revocación de domicilio. Se tiene a la parte quejosa revocando el domicilio que previamente había señalado para oír y recibir notificaciones; y señala como nuevo domicilio para tales efectos, el ubicado en calle Huerto Limonares, doscientos doce (212), altos interior tres (3), Fraccionamiento Trinidad de las Huertas, código postal 68120. En consecuencia, se ordena al (la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado que realice en el nuevo domicilio las subsecuentes notificaciones personales que le correspondan a la parte quejosa. 1.2. Autorización de números telefónicos. Por otro lado, con apoyo en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando dos números telefónicos como medios que, de ser necesarios, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 1.3 Se autoriza expedición de copia certificada. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copias certificadas de las constancias que refiere; teniendo por autorizado para recibirlas a Juan Alfredo Bravo Aguilar, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. 1.4. Modo de acceso al edificio. Se precisa que la entrega de la copia certificada se deberá efectuar de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por su similar 9/2022); esto es, previa programación de cita que se realice en el sistema de "Agenda visita a OJ" (al que puede acceder desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación), en días y horas hábiles; esto es, de lunes a viernes, entre las nueve y las quince horas. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.616/2022.MESA-6 Vistos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 616/2022; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma fecha, Jorge Ahedo Cruz y otros, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otra autoridad, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 616/2022; y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento, en auto de tres de junio de este año se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1) gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y del 2) secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, reclama: ? La falta de contestación del escrito de petición de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y recibida el ocho de noviembre de ese mismo año; así como su falta de notificación. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, la directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, negó los actos reclamados, pues argumentó, esencialmente, que la petición realizada mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno no fue dirigida a esa autoridad, por lo cual no puede reclamarse violación al derecho de petición pues únicamente se le remitió copia para su conocimiento. En tanto que el medio de convicción aportado por la parte quejosa no desvirtúa dicha negativa. Como se anticipó, la parte quejosa reclama de las dos autoridades responsables la falta de contestación del escrito de petición de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, así como su falta de notificación, presentado ante la responsable, gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; y señala como preceptos constitucionales violados los previstos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 8° constitucional establece la obligación de todas las autoridades (federales, estatales y municipales, así como funcionarios y empleados de gobierno) de dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados, la cual debe dárseles a conocer en "breve término"; entonces, el derecho de petición implica que la responsable: 1. Dé respuesta por escrito a la petición formulada. 2. La respuesta sea congruente con lo solicitado. 3. Se dé a conocer la contestación en "breve término". Lo anterior, siempre que el gobernado cumpla con los requisitos siguientes: I. Formule su petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa. II. La dirija a una autoridad y se recabe la constancia de que fue entregada. III. Proporcione domicilio para recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1º. P.A.J/27 de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Ello revela que, para que el gobernado acredite el interés jurídico cuando acuda en amparo a impugnar actos de esa naturaleza, es necesario que demuestre que realizó y presentó ante la autoridad correspondiente la petición cuya falta de contestación se duele; como así lo ilustra la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder". En el caso, la parte quejosa exhibió como prueba documental copia simple del acuse del escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, con sello de recepción de ocho de noviembre de ese mismo año, presentado ante la autoridad responsable, secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca como copia de conocimiento, como se aprecia en la imagen siguiente: (Imagen escaneada) Lo cual demuestra que la autoridad responsable, secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, no vulnera el derecho de petición de la parte quejosa, pues ésta no cumplió en sus términos con los requisitos que contempla el artículo 8° de la Constitución Federal, pues no dirigió su petición a esa autoridad, pues únicamente anexó copia de conocimiento; de ahí que no se encuentra obligada a dar contestación a la solicitud, porque, para ello, se requiere que la petición se eleve en forma directa a la autoridad que desea provea su escrito. Por tanto, no puede reclamarse violación al derecho de petición mediante la vía constitucional por la circunstancia de que una autoridad diversa a la que se elevó el escrito, y a la que sólo se le hizo llegar copia de éste, no haya dado respuesta, pues únicamente se le comunicó que hizo una petición a diversa autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.A.221 A , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE RECLAMARSE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA MEDIANTE LA VÍA CONSTITUCIONAL, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA QUE SE ELEVÓ EL ESCRITO Y A LA QUE SÓLO SE LE HIZO LLEGAR COPIA DE ÉSTE, NO HAYA DADO RESPUESTA. El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición como una garantía del gobernado frente a la autoridad, obligada como tal, a darle contestación por escrito y en breve término, por lo que la existencia de este derecho y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda, requieren que la petición se eleve en forma personal y directa. Por tanto, no puede reclamarse violación a tal garantía mediante la vía constitucional, por la circunstancia de que una autoridad diversa a la que se elevó el escrito y a la que sólo se le hizo llegar copia de éste, no haya dado respuesta, pues únicamente se le comunicó -mediante la copia- que se hizo una petición a determinado servidor público". (Transcripción) En esas condiciones, respecto a la autoridad responsable, secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, con el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, el subconsejero de lo Contencioso, por instrucciones del consejero Jurídico en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, negó el acto reclamado. Al respecto, refirió que le solicitó información a la titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, respecto a lo planteado por la parte quejosa (ser partícipes de alguna determinación sobre la posible extinción de su fuente de trabajo, esto a fin de salvaguardar los derechos laborales), a efecto de que rindieran un informe detallado respecto del acto reclamado; lo anterior, toda vez que el escrito de petición, por razones de competencia, fue remitido a esa dependencia e instruyó a esa autoridad suscribiera una respuesta fundada y motivada, atendiendo todos y cada uno de los puntos contendidos en el escrito de petición, además, realizara la notificación en el domicilio que se hubiese señalado para tal fin. Además, que dicha Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca comunicó que por diverso oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/0261/2022 atendió la solicitud de la parte quejosa. De ahí que dicha negativa queda desvirtuada con las diversas manifestaciones que realizó; así como con las documentales que remitió al rendir el informe justificado; a las cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; por ser expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, se tienen como ciertos los actos que se le reclama. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Como ya se precisó, la parte quejosa reclama la falta de contestación del escrito de petición de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; así como su falta de notificación. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se advierte que: Mediante oficio CJGEO/SC/853/2022, de diecisiete de junio de dos mil veintidós, instruyó a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca emitiera una respuesta fundada y motivada a la petición de la parte quejosa; además, realizara la notificación respectiva en el domicilio que se hubiese señalado para tal fin; esto, debido que por razones de competencia, fue remitido a esa dependencia. La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, en acatamiento a lo ordenado le comunicó que por diverso oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/0261/2022 de veintinueve de abril de dos mil veintidós, atendió la solicitud de la parte quejosa. a) Anexó dicho oficio dirigido al licenciado Juan Alfredo Bravo Aguilar, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en el que se advierte que emitió una respuesta a la petición formulada mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y recibida el ocho de noviembre de ese mismo año. b) Al respecto, señaló que a la petición formulada por la parte quejosa, consistente en ser partícipes de alguna determinación sobre la posible extinción de su fuente de trabajo, esto, a fin de salvaguardar los derechos laborales, se le comunicó que: Dicha autoridad carece de facultades para tomar una determinación en tal sentido, es decir, desaparecer al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa del Estado de Oaxaca. Esa administración gubernamental se ha caracterizado por respectar los derechos laborales, entre ellos, de los trabajadores del instituto ya mencionado. c) Dicha determinación le fue notificada el veintiocho de junio de dos mil veintidós por correo electrónico a la parte quejosa a través de su autorizado legal. Por otro lado, mediante acuerdo de uno de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional ordenó notificar personalmente el informe justificado rendido por la autoridad responsable, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y sus anexos, a fin de que la parte quejosa tuviera pleno conocimiento del mismo, pues la notificación efectuada por la autoridad competente señalada por la autoridad responsable, fue realizada a la parte quejosa, a través del correo electrónico; sin que en el escrito de petición se advierta que haya señalado un medio electrónico para recibir notificaciones; circunstancia de la cual quedó notificada el siete de julio de este año. Actuaciones que patentizan la cesación de los actos reclamados, pues la parte quejosa se quejaba de 1) la falta de contestación a la solicitud formulada mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, y 2) la falta de notificación de la respuesta. Lo anterior es así, pues, en primer lugar, la autoridad responsable, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través del subconsejero de lo Contencioso, precisó que turno la petición de la parte quejosa a la Secretaría de Administración, ya que señaló que esa Secretaría dependiente del Estado era la competente para atender dicho escrito; y en segundo lugar, informó que dicha Secretaría mediante oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/0261/2022 emitió una respuesta a la petición formulada por la parte quejosa por escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Y, en tercer término, en acuerdo de uno de julio del año en curso este órgano jurisdiccional ordenó notificar a la parte quejosa del informe justificado y anexos remitidos por la autoridad responsable, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a fin de que tuviera pleno conocimiento del mismo; notificación que se realizó el siete de julio actual. Actuaciones que hacen evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos; de ahí que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por: 1) Jorge Ahedo Cruz, 2) Ernestina Asunción Agüero Silva, 3) Karina Alonso Reyes, 4) Víctor Manuel Aragón Sorroza, 5) Beatriz Evangelina Aragón Vásquez, 6) Miriam Ayala Olvera, 7) Beatriz Viviana Aquino Bautista, 8) Gabriela Baltazar Cruz, 9) Juan Eduardo Barcelos Martínez, 10) Pilar Sara Barrita Nuñez, 11) Norma Bautista Cruz, 12) Octavio Manuel Bautista García, 13) Julián Antonino Benítez Miranda, 14) Arturo Cadillo Martínez, 15) Alfredo Alfonso Castellanos Alonso, 16) Araceli Cruz Coronel, 17) Dinora Guadalupe Cruz Cruz, 18) Víctor Cruz Cruz, 19) Javier Oswaldo Cruz Melchor, 20) Jesús Cruz Rosalino, 21) Citlali Herendida Cruz Vera, 22) Zaid Echeverría Vasconcelos, 23) Xicoténcatl Andrés García Bastida, 24) Miguel Ángel García Hernández, 25) Perla Hernández Arango, 26) Flavio Wenceslao Hernández Bohórquez, 27) Gilberto Hernández Mar, 28) María de Lourdes Hernández Ramírez, 29) Prisciliano Daniel López Luna, 30) Griselda López Sánchez, 31) Juan Luis López Trinidad, 32) Raquel Martínez Vilma, 33) Teresa Magaly Martínez Cruz, 34) José Luis Martínez Martínez, 35) Leonardo Meléndez Leyto, 36) Leonardo Méndez González, 37) Rufina Marlén Mendoza Avendaño, 38) Marcela Antonia Mendoza Mora, 39) Rosa Mendoza Román, 40) Ariadna Mercado Ferra, 41) Doris Mercado Ferra, 42) Hortensia Mora Cabrera, 43) Eduardo René Moreno Félix, 44) Eduardo Heriberto Murcio Ramos, 45) Victoria Isabel Olivera Vásquez, 46) José Alejandro Ordaz Chiñas, 47) Abiezer Pérez Jiménez, 48) Aimara Micaela Ramírez Maldonado, 49) Saúl Teodoro Reyes Ávila, 50) Gabriel Reyes Castillo, 51) Itahí Reyes Ramírez, 52) Jorge Elías Rivera Enríquez, 53) René Robles Talledos, 54) Edmundo Rodríguez Martínez, 55) Tomás Rodríguez Morales, 56) Laura Elena Romero Pacheco, 57) Nayeli Rosas García, 58) Liber Miltón Ruiz Castellanos, 59) Graciano Ruiz Vásquez, 60) Oswaldo Sánchez Juárez, 61) Carlos Alberto Sánchez Vargas, 62) María Judith Sánchez Vázquez, 63) Erik Santiago Sandoval, 64) Adriana Santiago López, 65) Ramón Silvino Silva Carreño, 66) Heriberto Tanos Vásquez, 67) América Toledo Jiménez, 68) Luis René Torres García, 69) Javier Torres Juárez, 70) Pablo Valadez Sánchez, 71) Ángel de Jesús Vargas Jarquín, 72) José Vásquez Pérez, 73) Margarita Vásquez Juárez, 74) Cosme Oliver Velasco Luis, 75) Christel Ingenborg Giesela Wiese Ramírez, 76) Patricio Zavaleta Avendaño, 77) Yesvi Ziga Franco; Contra las autoridades responsables y por actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.616/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de uno de julio del año en curso se agregó el informe justificado del subconsejero de lo Contencioso, por instrucciones del consejero Jurídico en representación del gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; determinación de la cual quedó notificada la parte quejosa el siete de julio actual. 2. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por tanto, dado que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, y a fin de no dejarlos en estado de indefensión, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con veintiséis minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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