Jonathan Ricardo Ávalos Gudiño y Otros.

Expediente 931/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
931/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Ricardo Ávalos Gudiño y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.931/2022.MESA.1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que el diez de agosto de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo promovida por 1) Jonathan Ricardo Ávalos Gudiño, 2) David Hinojosa de la Rosa y 3) Francisco Javier Delgadillo Delgadillo, contra actos del juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial número nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del que quedó notificado el once de agosto siguiente, por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del doce al dieciocho de agosto del año en curso, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento de demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es DESTRUIBLE; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Devolución de dispositivo. Como en este expediente la parte quejosa exhibió con su demanda de amparo una memoria usb, se le requiere para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicho dispositivo; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, los mismos serán destruidos junto con el expediente, que es destruible. En el entendido que su comparecencia deberá realizarla en términos de lo previsto en el artículo 3 del referido acuerdo general 21/2020; es decir, previa cita que genere en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación 7. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 8. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.931/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintidós. I. Cumplen prevención. Agréguese el escrito de los quejosos ********************,********************, por el que cumplen con la prevención formulada por acuerdo de cuatro de agosto del año en curso y aclaran la demanda de amparo que dio origen a este juicio ********************, en el que se continuará actuando. II. Desechamiento de la demanda de amparo. Antecedentes del asunto. 1) El ********************el juez de Control de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial número nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México celebró audiencia inicial en la causa penal o carpeta judicial (sic) ********************, en la que se decretó auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delitos d********************, ********************y ********************, y se impuso como medida cautelar de prisión preventiva a ********************,********************, que se encuentra en la etapa prevista en la fracción II del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2) Se declinó competencia por este último ilícito que ahora conoce el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, sede reclusorio oriente, con el número de causa penal ********************, que se encuentra en la fase de investigación complementaria. 3) Desde esa fecha transcurrieron dos años de prisión preventiva, sin que se les haya dictado sentencia. Actos reclamados. Por lo que reclaman: La omisión de ponerlos en libertad de inmediato, por haber transcurrido el término de dos años de prisión preventiva y su ejecución. Causa de improcedencia. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede analizar la promoción inicial constitucional y escrito aclaratorio, de los que se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte". Respecto del tema de la prisión preventiva por más de dos años, sin que se hubiere dictado sentencia contra los imputados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia que es obligatoria para este órgano jurisdiccional, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024608 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 32/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 2839 Tipo: Jurisprudencia PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. Tesis de jurisprudencia 32/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de abril de dos mil veintidós. Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de mayo de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021". Y en la ejecutoria que le dio origen, estableció que: ". CUESTIONARIO ¿Procede revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, en el plazo de dos años a que se refiere la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Carta Magna y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga su aplicación? B. Análisis del asunto. 30. El cuestionamiento que debe responder esta Primera Sala para resolver el presente asunto es el siguiente: ¿Procede revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, en el plazo de dos años a que se refiere la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Carta Magna y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga su aplicación? 31. La respuesta a la interrogante es en sentido positivo. Por tanto, se estiman sustancialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. 32. Para corroborar la respuesta a dicho cuestionamiento se debe considerar el origen de la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional, lo que a continuación se desarrolla: 33. La reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, que introdujo el sistema penal acusatorio al orden jurídico mexicano, también dio las bases para contextualizar a la medida cautelar de la prisión preventiva, de forma diferente a como se entendía y operaba en el sistema de justicia penal identificado como tradicional o mixto. 34. A partir de esa reforma, el artículo 19 de la Constitución Federal, se modificó para establecer que la medida cautelar de la prisión preventiva, se ordenaría oficiosamente respecto de los delitos expresamente señalados; ello, en concordancia con el principio de presunción de inocencia, y el establecimiento de los principios de subsidiariedad y excepcionalidad, así como la observancia del principio de proporcionalidad en cada caso. 35. Al respecto, en el dictamen que rindió la Cámara de Origen, se refirió: "... Medidas cautelares y prisión preventiva "Para los efectos de evitar los excesos cometidos hasta ahora con la prisión preventiva, se acordó establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este instituto. La aplicación de medidas cautelares, las cuales son auténticos actos de molestia, procederá únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas. Esto quiere decir que sólo cuando exista necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, procederá la aplicación de alguna medida cautelar de las que prevea la ley. La prisión preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para el logro de los propósitos indicados. "Este nuevo diseño es acorde con el principio de presunción de inocencia. Diversos procesalistas clásicos y contemporáneos han hecho notar, con razón, la inevitable antinomia que supone afectar los derechos de las personas sometiéndolas a prisión preventiva, sin que antes se haya derrotado su presunción de inocencia en un juicio en el que se respeten todas las garantías del debido proceso. La antinomia es de por sí insalvable, pero para paliarla en alguna medida se prevé que la procedencia de tales afectaciones sea excepcional. "Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es que las medidas cautelares sean proporcionales, tanto al delito que se imputa, como a la necesidad de cautela. Los riesgos mencionados con anterioridad admiten graduación y nunca son de todo o nada, dependerán de cada caso concreto. Por ello es que la necesidad de cautela siempre deberá ser evaluada por el Ministerio Público y justificada por él ante el Juez, con la posibilidad de que tanto el imputado como su defensor ejerzan su derecho de contradicción en una audiencia. "Finalmente, la procedencia de las medidas cautelares deberá estar regida por el principio de subsidiariedad, de modo tal que siempre se opte por aquella medida cautelar que sea lo menos intrusiva para la esfera jurídica de los particulares. El propósito en este caso será provocar la menor afectación posible. "Prisión preventiva y delitos graves. "A la regulación de las medidas cautelares en aquellos casos en los que se trate de delitos graves y de delincuencia organizada se le da un tratamiento diverso. Se pretende evitar que se produzca con el tema de los delitos graves y la delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha venido sucediendo, es decir, que sea el legislador ordinario el que en definitiva decida a qué casos se aplica la Constitución y cuáles requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos graves o delincuencia organizada. Debe apreciarse que se requiere una regulación especial de las medidas cautelares cuando se trate de estos casos, sin embargo, las excepciones tienen que estar previstas en el propio Texto Constitucional, ya que si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita el principio de supremacía constitucional. "Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento. Hoy por hoy existe un enorme abuso de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos están calificados como graves por la legislación ordinaria. Con la finalidad de superar este estado de cosas se impone que sea la propia Constitución la que determine aquellos casos excepcionales, para los que bastará acreditar el supuesto material para que en principio proceda la prisión preventiva. "El propio artículo 19 constitucional establece la posibilidad de que los ordenamientos procesales de las entidades federativas y de la Federación, incorporen una excepción al diseño normativo de las medidas cautelares y de la prisión preventiva recién explicado. Se prevé que el Juez aplique prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, si el Ministerio Público logra acreditar, en audiencia, las condiciones exigidas para vincular a proceso por esos delitos. "La decisión sobre medidas cautelares es evidentemente revisable, tan es así que expresamente se prevé que se podrá revocar la libertad de los individuos ya vinculados a proceso, cuando se acrediten los extremos previstos en la propia Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley. ..." 36. Así, desde la adopción del sistema penal acusatorio y oral, el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, estableció las conductas delictivas por las que sería procedente imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, en el contexto del sistema penal acusatorio y oral. Precepto que quedó redactado en los términos siguientes: . 37. Cabe destacar que en la citada reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, también se estableció que la Federación, los Estados y el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el ámbito de sus respectivas competencias, debían expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. 38. Posteriormente, en decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de julio de dos mil once, el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, se modificó con el único propósito de adicionar al catálogo de ilícitos respecto de los que era procedente la prisión preventiva oficiosa, el delito trata de personas. 39. En reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de octubre de dos mil trece, el Constituyente confirió al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única en materia de procedimientos penales que regiría en la República, tanto en el orden federal como en el fuero común. 40. Así, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual se implementó y reguló de manera homogénea en nuestro país, el sistema procesal penal acusatorio y oral. Por lo que constituye la legislación secundaria que reglamenta lo estipulado en la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. 41. De esta manera, a partir de que el Código Nacional de Procedimientos Penales empezó a operar en las distintas entidades federativas -lo que ya ocurre en todo el territorio mexicano-, la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, se encuentra regulada en el mismo. 42. Al respecto, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inserto en el libro primero -Disposiciones generales-, título VI -Medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del imputado al proceso y medidas cautelares-, capítulo IV -Medidas cautelares-, en su origen regulaba lo relativo a la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, en los términos siguientes: "Artículo 167. Causas de procedencia "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de Control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. "En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. "El Juez de Control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. "Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. "La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. (Énfasis añadido) "Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: ,, "El Juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." 43. Numeral que fue objeto de modificación en decreto que se publicó el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de adicionar a su contenido la siguiente previsión: "Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera: . 44. Como puede advertirse de lo anterior, respecto de la prisión preventiva oficiosa, su cuarto párrafo reproduce -en esencia- lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, en su texto modificado mediante reforma de catorce de julio de dos mil once. . 48. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, constitucionalmente prevista en el contexto del sistema penal acusatorio y oral, en los términos fijados por el Constituyente, se encuentra regulada por lo dispuesto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. .. 52. Sin embargo, se destaca que el único supuesto para que esa imposición no sea oficiosa, es que el Ministerio Público solicite la no imposición por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, lo anterior, en términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho precepto también señala que esa solicitud deberá tener la autorización del titular de la Fiscalía o del funcionario que en él se delegue esa facultad. . 54. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si la prisión preventiva oficiosa tiene la posibilidad de que sea revisada y, en su caso, decretar su cese o prolongación, debemos analizar el contenido de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 constitucional, que establece como derecho de todo imputado: "... "IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. "La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". "En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención." 55. Al respecto, debe señalarse que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 408/2015(25) tuvo la oportunidad de interpretar el contenido del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución General, en cuanto a la prolongación de la prisión preventiva, en donde se tomó como parámetro los tratados internacionales de los que México es Parte, así como la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 56. En dicho precedente, se consideró:  Respecto de la regulación de la prisión preventiva en el ámbito internacional, se hizo énfasis en que la Corte Interamericana ha desarrollado una línea jurisprudencial firme respecto de esta medida. Este tribunal internacional se ha enfocado en tres rubros, que son: los fines legítimos que persigue la prisión preventiva, los principios para dictarla y la duración de la misma.  En cuanto a los fines legítimos, se indicó que la prisión preventiva únicamente puede ser impuesta en procesos penales. Por tanto, las autoridades deben fundarla en elementos probatorios suficientes para suponer que la persona sometida a un proceso penal participó en el ilícito que se investiga. Dichos elementos deben ser hechos específicos, mas no conjeturas o suposiciones. En la doctrina de la Corte Interamericana, la existencia de un fin legítimo constituye el detonador o el motivo por el cual la prisión preventiva se vuelve indispensable, por tanto, si es la base para dictarla, este fin legítimo deberá estar presente todo el tiempo que dure la medida cautelar. Por otro lado, si el fin legítimo desaparece, la prisión preventiva tiene que cesar porque ya no tiene un fundamento o un fin legítimo que perseguir o proteger. Por ejemplo, el riesgo de presión sobre los testigos es un fin legítimo para imponer la prisión preventiva, pero cuando dichas personas ya han sido suficientemente cuestionadas, la posibilidad de presionarlos disminuye y se pierde el fin legítimo que persigue la medida cautelar de prisión preventiva.  Además, es obligación de las autoridades, mas no de la persona acusada o su defensa, acreditar los elementos que demuestren que el imputado obstaculizará la realización del proceso penal. En el Caso de la Corte Interamericana Barreto Leiva Vs. Venezuela, se determinó que se podrá dictar prisión preventiva cuando existan indicios suficientes que persuadan a un observador objetivo, de que el acusado va a obstaculizar el desarrollo del juicio o eludir la acción de la justicia. En dicho caso, se concluyó que el Estado venezolano no había demostrado los indicios suficientes que justificaran la prisión preventiva, por lo que consideró que la detención era arbitraria en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana.  En el Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche Vs. Chile), que versa sobre el proceso penal seguido en contra de ocho personas que fueron acusadas de actos de terrorismo, y que fueron sometidas a prisión preventiva, la Corte Interamericana indicó que el Estado podrá recurrir al encarcelamiento preventivo para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Añadió que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son motivos suficientes para decretar la prisión preventiva.  Por otra parte, la Comisión Interamericana claramente indicó que el tipo de delito, la reincidencia y la severidad de la pena pueden ser tomados en cuenta como factores que determinen la necesidad de imponer prisión preventiva. Sin embargo, estos elementos en sí mismos y valorados de manera aislada, no constituyen un fin legítimo para imponer la prisión preventiva, ni para prolongarla.  Asimismo, no se podrá determinar la necesidad de la prisión preventiva con base en la alarma social o la repercusión social que genera el delito, ni sobre la peligrosidad que la persona acusada pudiera representar, ya que son juicios que se fundan en criterios materiales y convierten a la prisión preventiva en una pena anticipada.  Respecto a los principios para dictar la prisión preventiva, se hizo referencia al Caso Bayarri Vs. Argentina, en éste la Corte Interamericana señaló que la prisión preventiva "es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática". Se observa que este párrafo enuncia los principios que rigen a la prisión preventiva, que son: excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.  En cuanto a la excepcionalidad se indicó, que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, ya que la libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la excepción. Esto es así porque las personas que se encuentran en prisión preventiva gozan del derecho a la presunción de inocencia, por lo que el Estado les tiene que proporcionar un tratamiento acorde con lo anterior. Es por esto que la prisión preventiva es una medida cautelar, mas no una medida punitiva, pues está dirigida a asegurar el proceso penal.  Respecto a la necesidad, se indicó que en la doctrina de la Corte Interamericana, el principio de necesidad significa que la prisión preventiva tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que ésta persigue. Tiene que haber una relación entre la prisión preventiva y el motivo por el cual se dictó la medida cautelar, de tal manera que la prisión preventiva aparezca como la medida ideal para conseguir el fin legítimo que se busca.  La prisión preventiva se impondrá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal, después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin.  El principio de necesidad está íntimamente ligado con el fin legítimo que persigue la prisión preventiva, ya que dicha medida cautelar no puede prolongarse cuando el Estado no pueda justificar la necesidad de la misma. Así, el principio de necesidad es relevante para la determinación de imponer la prisión preventiva, pero también para justificar su prolongación.  Se precisó que dicho principio de proporcionalidad significa que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no debe ser desmedido en relación a las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva. En cumplimiento a ese principio, las autoridades no deben restringir la libertad de la persona acusada, más allá de lo estrictamente necesario para asegurar que ella no obstaculizará el desarrollo del proceso penal.  Asimismo, las personas que se encuentran en prisión preventiva gozan del derecho a la presunción de inocencia, por lo que las autoridades deben evitar que la medida cautelar sea igual o más onerosa que la pena que será recibida en caso de que se determine la responsabilidad penal de la persona.  El principio de proporcionalidad también requiere que antes de imponer la prisión preventiva, las autoridades consideren la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas. Si esto no es así, la prisión preventiva será desproporcionada, y a su vez, será una detención arbitraria en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana.  Respecto a la duración de la prisión preventiva en el citado amparo en revisión *** se insistió en la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, la cual solamente podrá durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que perseguir. Así, la prisión preventiva está sujeta a una duración o plazo razonable.  Al respecto se consideró que en el artículo 7.5 de la Convención Americana se imponen límites temporales a la prolongación de la prisión preventiva, ya que mantener la privación de la libertad de una persona más allá de lo necesario, es decir, mientras se persiga un fin legítimo, equivaldría a imponer una pena anticipada.  Ejemplo de lo anterior es lo sustentado en el Caso Tibi Vs. Ecuador, en éste la Corte Interamericana determinó que la restricción de la libertad producida por la prisión preventiva no podía durar más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que la persona acusada no obstaculizará el desarrollo del procedimiento penal. Añadió que habría una violación a la Convención Americana si la prolongación de la prisión preventiva se aplica por un plazo no razonable o desproporcionado a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, lo cual equivaldría a anticipar la pena.  La duración de la prisión preventiva no puede establecerse en forma abstracta, sino que tiene que ser estudiada con base en las particularidades del caso en concreto. Al respecto, la Comisión Interamericana señaló que la extensión de dicha medida cautelar tiene que sustentarse en razones relevantes que la justifiquen.  En el Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, que versa sobre el asesinato del joven de dieciséis años Jean Paul Genie Lacayo cometido por soldados, y el posterior enjuiciamiento penal de los perpetradores, mismo que se prolongó por bastante tiempo la Corte Interamericana indicó que la definición del plazo razonable no es una tarea fácil y que hay que realizar un análisis global del procedimiento. Dado lo anterior, retomó los criterios emitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar el plazo razonable, los cuales son: i) la complejidad del asunto ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades judiciales.  Sobre la complejidad del asunto, el tribunal internacional señaló que se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Respecto de la actividad procesal, la Corte Interamericana ha puesto énfasis en la conducta de la parte afectada, de la cual no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Se consideró que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Sobre el último elemento, la Corte Interamericana tomó en cuenta el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen.  Los elementos descritos fueron retomados por la Corte Interamericana en el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador que versa sobre la detención del señor Suárez Rosero en el contexto de la operación policial "Ciclón" que buscó desintegrar una de las organizaciones más grandes del narcotráfico internacional que operaba en Ecuador. En este caso, se mencionó que el plazo razonable es un principio contemplado en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual tiene por finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo una acusación y asegurar que ésta se decida prontamente para proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.  Por último, en el Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, que trató sobre el asesinato del defensor de derechos humanos colombiano Jesús María Valle Jaramillo y el posterior proceso penal seguido en contra de los perpetradores del asesinato, se consideró que el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Se añadió que el "plazo razonable" debe ser determinado con base en los elementos ya mencionados.  Por otro lado, se indicó que para asegurar que la prisión preventiva no exceda el plazo razonable, ésta tiene que estar sujeta a una revisión periódica, ya que no debe mantenerse si han dejado de existir las razones que hayan motivado su adopción. Al revisarla, se deberán ofrecer los fundamentos suficientes para demostrar la necesidad de que la prisión preventiva continúe. La revisión periódica servirá para verificar si el plazo de la prisión ha rebasado los límites que imponen la ley y la razón.  Si se ha vencido el plazo razonable, "el Estado ha perdido la oportunidad de continuar asegurando el fin del proceso por medio de la privación de la libertad del imputado." Por tanto, la prisión preventiva tiene que cesar y la autoridad podrá decretar otra medida cautelar menos restrictiva, pero en dado caso, deberá decretar la libertad.  En este precedente que se narra, al analizar la prisión preventiva en el sistema de justicia mexicano, se indicó, que la esencia del proceso penal acusatorio está definida por los principios que se insertaron en el Texto Constitucional, principalmente en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución. Sin embargo, es en el artículo 20 constitucional donde se encuentra el núcleo del nuevo modelo procesal al definir su esencia y establecer los criterios para su desarrollo legislativo.  En efecto, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, constituyen la esencia del sistema penal acusatorio, pues con ellos se busca la celeridad procesal, la igualdad probatoria entre las partes, la continuidad del proceso y algo muy importante: que el Juez y las partes estén presentes en el desarrollo del proceso. En otras palabras, mediante estos principios se busca un sistema de justicia penal más protector de los derechos de las personas.  De los artículos 18 y 19 constitucionales, que regulan a la prisión preventiva se observa que la prisión preventiva sólo puede ser impuesta por delitos que merezcan una pena privativa de libertad y que su ejecución deberá darse en un lugar distinto al destinado para la compurgación de penas derivadas de una sentencia condenatoria.  Con dicha medida, se afirmó, se pretende garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los testigos, entre otras causales. Además, prevé que a la prisión preventiva le rigen los principios de subsidiariedad y excepcionalidad. Si bien no se establecieron expresamente en el precepto, lo cierto es que sí se fijaron sus contenidos.  En efecto, el principio de subsidiaridad significa que antes de imponer prisión preventiva, deberá optarse por una medida cautelar que afecte en menor medida los derechos de la persona acusada. Por su parte, el principio de excepcionalidad entraña que la prisión preventiva sólo procederá cuando otros mecanismos de cautela no sean suficientes para las finalidades establecidas en el artículo 19 constitucional.  A pesar de que el régimen de la prisión preventiva fue reformado en dos mil ocho, esta medida cautelar no deja de entrar en conflicto con el principio de presunción de inocencia, pues afecta los derechos de la persona acusada. Es por esto que la prisión preventiva tiene que aplicarse de conformidad con los estándares nacionales e internacionales y con base en el principio pro persona.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene diversos precedentes sobre la prisión preventiva, que incluyen al amparo en revisión 1028/96. Sobre la naturaleza de la prisión preventiva, esta Primera Sala enfatizó su carácter provisional, al indicar que, por medio de la prisión preventiva legalmente estipulada, una persona puede verse sujeta a la privación de libertad durante un tiempo, mientras culmina el proceso al que se halla sometida como inculpada en un delito.  Por su parte, el amparo en revisión 27/2012 estudió la duración o plazo razonable y se señalaron diversos factores para analizarlo. Posteriormente, en el amparo en revisión 205/2014, se indicó que los rubros estudiados por el amparo 27/2012 para determinar el plazo razonable, en realidad se refieren a los fines legítimos que esta medida cautelar persigue o a los motivos en los cuales se fundamenta. Así, los rubros mencionados en el amparo 27/2012 sirven para justificar la imposición inicial de la prisión preventiva, y no para determinar el plazo razonable de prolongación de dicha medida, lo cual es compartido por la presente resolución.  De conformidad con el artículo 19 constitucional, solamente serán fines legítimos para justificar la prisión preventiva, los que buscan asegurar que el acusado comparezca al juicio, proteger el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los testigos.  Sobre los fines legítimos, el amparo en revisión 205/2014 hizo aportaciones importantes al indicar que el riesgo de comisión de nuevos delitos, la reincidencia, la preservación del orden público o el riesgo para la sociedad o la comunidad, no son fines legítimos para concluir la necesidad de dictar prisión preventiva ya que éstos no son acordes con el principio pro persona, ni con el principio de presunción de inocencia, debido a que adelantan la conclusión punitiva o juzgan conductas futuras )  Ahora bien, señala la Sala en dicho precedente, el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo de la pena que como máximo merezca el delito que motivare el proceso penal, y en ningún caso se extenderá por un lapso superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Así, el límite absoluto e inamovible de duración de la prisión preventiva, es el tiempo de pena máxima que merezca el delito del que nace el proceso penal.  El precepto bajo análisis claramente señala que la prisión preventiva no podrá prolongarse por más de dos años, a menos de que la prolongación se haya debido a la actividad procesal derivada del ejercicio del derecho a la defensa del imputado. En efecto, el ejercicio del derecho a la defensa necesariamente impacta en la duración del proceso penal porque implica la activación de la maquinaria procesal contemplada en la ley para que las personas que enfrentan un proceso penal puedan ofrecer y desahogar los elementos de prueba necesarios, los cuales están sometidos al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio.  Por tanto, el plazo de duración de la prisión preventiva necesariamente se prolongará, pero dicho lapso no puede existir sin estar sujeto a un escrutinio que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente.  De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, se tomarán en cuenta tres elementos: i) la complejidad del asunto ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades.  En este sentido, en el amparo en revisión 619/2008 y en el amparo directo 22/2010, al igual que en el amparo en revisión 205/2014, se retomaron los parámetros utilizados por la Corte Interamericana para estudiar el plazo razonable, el cual dependerá de todas las circunstancias del asunto. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que para analizar el plazo razonable de duración de la prisión preventiva, es necesario realizar un análisis holístico del caso y que se tomen en cuenta la complejidad del mismo, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades en la conducción del proceso penal.  Al estudiar la prisión preventiva en el sistema penal acusatorio, las autoridades deberán tomar en cuenta los estándares internacionales mencionados, los cuales señalan que la libertad del acusado es la regla y que la prisión preventiva es la excepción. También deberán considerar que esta medida cautelar restringe profundamente el derecho a la libertad personal de las personas, por lo tanto, ésta tiene que ser dictada con base en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.  Por tanto, se concluye en el precedente, los casos en los que la persona se haya bajo una medida cautelar que limita en extremo el derecho a la libertad personal, como lo es la prisión preventiva, imponen a las autoridades la obligación judicial de tramitarlos, no sólo de manera diligente, sino además con mayor prontitud, tal y como lo indica el artículo primero de la Constitución y el Caso Bayarri Vs. Argentina, resuelto por la Corte Interamericana. 57. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se logra advertir impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio pueda ser revisada en el plazo de dos años, previsto en dicha fracción, para el efecto de que el Juez de Control, hecha la petición, determine su cese o prolongación. 58. En efecto, la necesidad del Poder Reformador de la Constitución de establecer la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal acusatorio, a efecto de que, por determinados delitos de alto impacto, considerados así por nuestra sociedad, sea impuesta en forma automática por el Juez de Control, no permite determinar que dicha medida sea de cumplimiento permanente e indefinido y que, por ello, no pueda ser revisable, ya sea para su prolongación o su conclusión. 59. Es claro que, si ésa hubiera sido la intención del legislador de la Constitución y del legislador federal, no hay duda de que así lo hubieran expresamente previsto, como excepción, en la fracción IX del citado artículo 20 constitucional y en el artículo 165 del Código Nacional Procesal. 60. Por el contrario, como ya se indicó, del contenido del artículo 19 constitucional, sólo se advierten -expresamente- dos posibilidades para restringir la libertad a las personas imputadas en un proceso penal, a través de la prisión preventiva: a) Cuando la solicita por el Ministerio Público en virtud de que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los testigos o de la comunidad y cuando dicha persona esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Considerada prisión preventiva justificada. b) Cuando el Juez de Control la impone de oficio, es decir, en automático, sin solicitud alguna, sólo al advertir que se impute a la persona uno o varios de los delitos establecidos en el multicitado artículo 19 constitucional y en el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Considerada prisión preventiva oficiosa. 61. Luego, de ese precepto constitucional no se desprende limitante alguna que permita decidir -ni por algún método interpretativo- que la prisión preventiva, una vez impuesta, no podrá ser revisable. 62. Lo mismo se puede decir del contenido del artículo 20, apartado B, fracción IX, de cuyo texto se advierte la indicación del legislador de la Constitución, de que los imputados tienen derecho a que la prisión preventiva que se les imponga no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años. 63. Lo anterior, con la salvedad de que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Empero, advierte el precepto, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, dicha persona será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 64. De esa previsión no se logra entender -se insiste, ni a través de algún método interpretativo- que su contenido no pueda comprender a la prisión preventiva en su modalidad de oficiosa. 65. Más aún, del contenido de cada uno de los preceptos que integran el capítulo IV denominado "Medidas cautelares" y del capítulo V, intitulado "De la supervisión de las medidas cautelares" que corresponden, del artículo 153 al 182, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte la intención del legislador federal de impedir que la prisión preventiva oficiosa pudiera ser revisable en el plazo de los dos años, referidos. 66. De hecho, el único artículo que prevé la referencia a la prisión preventiva oficiosa es el tercer párrafo del artículo 167 de dicho ordenamiento, en el que básicamente reitera el contenido del artículo 19 constitucional, al señalar: "... El Juez de Control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de ..." 67. En efecto, del contenido de todos los demás artículos que conforman los capítulos IV y V, citados del Código Nacional, únicamente se desprende la referencia -en general- de "las medidas cautelares" previstas en dicha legislación, así como las reglas generales de su imposición, su procedencia, los tipos, la proporcionalidad al imponerlas, su imposición, el debate que se realice para ello, el contenido de la resolución que las imponga, la impugnación de la decisión judicial, la revisión de la medida, la audiencia de revisión, los medios de prueba para la imposición y revisión de la medida, evaluación y supervisión. 68. Es, en los artículos 165 a 167 del citado ordenamiento, en los que se especifica la aplicación de la prisión preventiva, así como las excepciones a su imposición y las causas de procedencia, empero, no hace distinción entre justificada u oficiosa. Lo mismo se advierte del diverso precepto 171, que refiere a las pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. 69. En ese orden de ideas, bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. Como sea, la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. 70. En ese sentido, contrario a lo determinado por el tribunal de amparo, el contenido de la fracción IX, del apartado B, del artículo 20, de la Carta Magna, le es aplicable a las condiciones de la prisión preventiva oficiosa. Consecuentemente, llegado el límite de dos años de duración, plazo que refiere dicho precepto constitucional, que se reitera en el diverso 165 del ordenamiento procesal penal, y formulada la petición ante el Juez de Control, como en el caso sucedió, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. 71. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. 72. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de las autoridades. 73. En cuanto a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Respecto de la actividad procesal, no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Se considera que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Sobre el último elemento, debe considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. 74. En ese entendido, corresponde al fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, es decir, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. 75. Lo expuesto, de ninguna manera se frustra por el contenido del artículo 19 constitucional, pues como se determinó, se trata de supuestos diversos, ya que este precepto -únicamente- marca las pautas para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero no se refiere al tiempo de duración, menos a su posible revisión, cese o prolongación. 76. Esta determinación se considera acorde con los parámetros internacionales, pues como se ha señalado, la imposición de la prisión preventiva presupone una figura de carácter excepcional, cuya finalidad es asegurar que el acusado comparezca al juicio, proteger el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los testigos, siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para cumplimentar los fines que se persiguen. 77. No obstante que la prisión preventiva oficiosa pueda cumplir los fines mencionados, tiene la trascendencia de que es impuesta de oficio -en automático- por el Juez de Control cuando se vincule a proceso a una persona por los delitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución, de ahí que, con mayor razón, deba revisarse en los términos fijados en esta ejecutoria. ." Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prisión preventiva, como medida cautelar, puede ser solicitada por el Ministerio Público o ser decretada de oficio, acorde a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional; sin embargo, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva deba prolongarse, será una decisión de la autoridad jurisdiccional que deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. Para ello, deberá considerar los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues considerarán tres elementos: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades. Aunado a que será el Ministerio Público el que tenga la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso; además, deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. De no demostrarse esos extremos, cesará la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la prisión preventiva, en cualquier modalidad, es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. Así, el artículo 20, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación: B. De los derechos de toda persona imputada La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Por su parte, los numerales 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. "Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. "Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar". Entonces, acorde a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la omisión de poner a los quejosos en libertad de inmediato, por haber transcurrido el término de dos años de prisión preventiva y su ejecución, procede su revisión ante los jueces señalados como responsables. En efecto, los quejosos deben acudir ante esas autoridades judiciales que instruyen las causas penales en su contra, solicitando la revisión de la prisión preventiva que les fue impuesta, a fin de que sea revocada, sustituida o modificada, ante el transcurso de los dos años de prisión preventiva que dicen les fue impuesta en audiencia inicial celebrada el veintiocho de junio de dos mil veinte. Ello se debe a que mediante audiencia que se celebrará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a esa solicitud se abra debate por parte del juez de Control y juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio responsables, sobre la subsistencia o no de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer dicha medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla, resolviendo lo procedente, que puede ser el cese de la prisión preventiva y que dará lugar, entonces, a que se debata en audiencia por parte de esos jueces penales, la imposición de otra u otras medidas cautelares. Lo anterior hace improcedente el juicio de amparo contra los actos que reclama la parte quejosa, por lo que, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que promovieron ********************,********************. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.931/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por a) Jonathan Ricardo Avalos Gudiño, b) David Hinojosa de la Rosa y c) Francisco Javier Delgadillo Delgadillo, por propio derecho, contra actos del juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial número nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de otras autoridades, recibida el tres de agosto del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 931/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º,párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Prevención. De la lectura íntegra a la demanda de amparo se advierten irregularidades y omisiones en su planteamiento, por lo siguiente: La parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: a) Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial número nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. b) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. - La omisión de ponerlos en libertad de inmediato, por haber transcurrido el término de dos años de prisión preventiva. c) Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. d) Director del Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS, ubicado en el Estado de Oaxaca. - Seguir ejecutando la prisión preventiva por más del término establecido de dos años. Y como hechos y abstenciones que constituyen antecedentes de esos actos reclamados refieren que: 1º En audiencia inicial de veintiocho de junio de dos mil veinte, se les dictó auto de vinculación a proceso por los hechos tipificados como delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y portación de arma de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva. No señalan la causa penal en la que el juez de Control les impuso esa medida. 2º Se declinó competencia por el delito de portación de arma de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, sede reclusorio oriente, en la causa penal 258/2020. En tanto que al expresar los respectivos conceptos de violación, manifiestan que no se les ha dictado sentencia ni están ejerciendo el derecho de defensa que haya motivado la prolongación de la prisión preventiva, sin que lo hubieren expresado bajo protesta de decir verdad, se reitera, porque forman parte de los conceptos de violación. Sin embargo, omiten señalar en qué etapa procesal se encuentra el proceso penal que se les instruye en su contra. Además, no refieren, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de la omisión reclamada al: Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Director del Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS, ubicado en el Estado de Oaxaca. En efecto, los quejosos omiten expresar el motivo por el que esas autoridades siguen ejecutando la prisión preventiva por más del término establecido de dos años, y la razón por la cual están a disposición del juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, sede Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, si dicen que no les ha sido dictado sentencia en su contra, esto es, aún no existe procedimiento de ejecución penal. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a los quejosos para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, por escrito, y con las copias respectivas que formarán parte integrante de la demanda de amparo, la aclaren y, bajo protesta de decir verdad, manifiesten: I). En qué causa penal del Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial número nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se celebró la audiencia inicial de veintiocho de junio de dos mil veinte, y en el que se les dictó auto de vinculación a proceso por los hechos tipificados como delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y portación de arma de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imponiéndoles, además, como medida cautelar, la prisión preventiva. II) En qué etapa procesal se encuentra esa causa penal. III) La fecha en que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, sede reclusorio oriente, aceptó la competencia declinada por el juez de Control, respecto del ilícito de portación de arma de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en la causa penal 258/2020. IV) En qué fase procesal se encuentra esa causa penal 258/2020. V) Si no están ejerciendo el derecho de defensa en ambas causas penales. VI) La fecha de la última actuación en cada una de esas causas penales. VII) En qué consisten esas actuaciones de las referidas causas. IX) Cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de la omisión reclamada al juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. X) Cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de la omisión reclamada al director del Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS- Oaxaca. XI) Si están a disposición del juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, sede Reclusorio Oriente en la Ciudad de México. XII) El motivo por el cual están a disposición de ese juez Especializado. Se invoca en apoyo la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Y por tratar sobre el tema, la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE". 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Jonathan Ricardo Avalos Gudiño, sin perjuicio de que sea substituido posteriormente. 7. Acceso y notificaciones vía electrónica. Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 36, 39 y 55 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa 1º el acceso al expediente electrónico y 2º la práctica de las notificaciones vía electrónica, a través del usuario ENRIQUEALEJANDRO. Se invocan las razones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". 8. Autorizado. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado con las facultades amplias al licenciado Enrique Alejandro Reyes Díaz, de quien se localizó en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof, el registro 79470 de la cédula profesional número 4274711 a su nombre. 9. Resguardo de sobre cerrado. A fin de evitar el deterioro del sobre pequeño cerrado que anexa a la demanda de amparo y que dicen contiene una memoria usb, procédase a su resguardo en la Secretaría del Juzgado, previos datos de identificación que se hagan constar en el citado sobre. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de las resoluciones que en su caso se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) autorizado para asistir o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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