Jorge Adrian Tirado Yañez
Expediente 530/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jorge Adrian Tirado Yañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes en el presente juicio de amparo, no se inconformaron en contra del proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto. En consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por CONSENTIDA la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó y concedió tanto la suspensión provisional, así como la definitiva solicitadas, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. C U M P L I M I E N T O Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no desahogaron la vista que se les dio por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio. En consecuencia, este Juzgado determinará, de oficio, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente, procede establecer que en la sentencia dictada por este juzgado, el nueve de enero de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JORGE ADRIÁN TIRADO YAÑEZ, para los siguientes efectos: "Efectos del amparo. Una vez cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, deberá: Dejar insubsistente la resolución reclamada de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal 97/2016 de su índice, y; Dictar una nueva resolución, en la que con plena libertad de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, dado que puede dictarla en el mismo sentido o en uno diverso, pero en caso de emitirse en el mismo sentido, purgue los vicios destacados en este fallo. Lo anterior obedece a que la protección concedida únicamente tiene el alcance de anular en forma absoluta la resolución combatida, por haberse emitido, como se dijo, de manera infundada e inmotivada por la responsable; empero, de ninguna manera prejuzga sobre las cuestiones de fondo, ya que justamente ante el desconocimiento de sus fundamentos y motivos, es que no hubo opción de examinarlos. Además, conviene puntualizar que en materia penal, muy concretamente tratándose de este tipo de resoluciones, el amparo que se concede por falta de fundamentación y motivación, o su insuficiencia, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable o decretarle auto de libertad con las reservas de ley, ni tampoco de anular actuaciones posteriores; en esos casos, se reitera que el efecto del amparo consiste en que la autoridad deje insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción emita uno nuevo purgando los vicios legales siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Tiene aplicación, sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, página 74, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." Consecuentemente, se hace la precisión de que la demostración de los vicios de forma relativos a la deficiencia de la fundamentación y motivación, impide a este órgano jurisdiccional efectuar el estudio de las pruebas recabadas por el ministerio público en la averiguación previa, a efecto de determinar su valor legal y si los datos que arrojan son suficientes para acreditar o no los elementos del delito atribuido al hoy quejoso, así como la probable responsabilidad en su comisión, ya que de hacerlo se estaría sustituyendo indebidamente en el criterio discrecional de las autoridades del fuero común, y por otra parte, porque una vez advertidos los vicios formales, es improcedente estudiar las violaciones de fondo propuestas. Es de aplicación sobre el particular, la tesis de jurisprudencia número 207, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, correspondiente a la Séptima Época, que textualmente establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad, porque no se puede impedir que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñirse a reiterarlo." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las diversas autoridades, al no reclamarse por vicios propios." Por su parte, las autoridades responsables Director del Centro de Tratamiento para Adolescentes Mexicali, Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes y Directora Estatal de Justicia para Adolescentes, informaron a este órgano jurisdiccional que acataron el cumplimiento al fallo protector; de igual manera, la autoridad Juez de Primera Instancia Especializado para Adolescentes del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante oficio 267/2017 y agregado a los autos en proveído de veintidós de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 97/2016, en la que entre otras cosas, dictó AUTO DE NO SUJECIÓN A PROCESO CON LAS RESERVAS DE LEY a favor de JORGE ADRIÁN TIRADO YAÑEZ, por su presunta participación de la comisión del delito de violación equiparada, previsto y sancionado por el numeral 177, en relación con el 176 del Código Penal del Estado, pro el cual lo acusó la representación social, dejando además insubsistentes todas las actuaciones posteriores al auto de sujeción a proceso dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciséis. En tal virtud, las responsables de mérito, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con plenitud de jurisdicción siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en el expediente de origen, lo que constituye el núcleo esencial del fallo, que lo es, dejar insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal 97/2016, dictando una nueva resolución, purgando los vicios de legalidad y seguridad jurídica, precisados en el artículo 16 Constitucional, por tanto, es evidente que con lo realizado por la responsable se colman los efectos de la sentencia en la que se concedió el amparo. En consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por otro lado, en términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa y tercera interesada el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuenta con el término de quince días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a su interés convenga.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISOS B)Y C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, EL PROVEIDO DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. C U M P L I M I E N T O Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no desahogaron la vista que se les dio por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio. En consecuencia, este Juzgado determinará, de oficio, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente, procede establecer que en la sentencia dictada por este juzgado, el nueve de enero de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JORGE ADRIÁN TIRADO YAÑEZ, para los siguientes efectos: "Efectos del amparo. Una vez cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, deberá: Dejar insubsistente la resolución reclamada de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal 97/2016 de su índice, y; Dictar una nueva resolución, en la que con plena libertad de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, dado que puede dictarla en el mismo sentido o en uno diverso, pero en caso de emitirse en el mismo sentido, purgue los vicios destacados en este fallo. Lo anterior obedece a que la protección concedida únicamente tiene el alcance de anular en forma absoluta la resolución combatida, por haberse emitido, como se dijo, de manera infundada e inmotivada por la responsable; empero, de ninguna manera prejuzga sobre las cuestiones de fondo, ya que justamente ante el desconocimiento de sus fundamentos y motivos, es que no hubo opción de examinarlos. Además, conviene puntualizar que en materia penal, muy concretamente tratándose de este tipo de resoluciones, el amparo que se concede por falta de fundamentación y motivación, o su insuficiencia, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable o decretarle auto de libertad con las reservas de ley, ni tampoco de anular actuaciones posteriores; en esos casos, se reitera que el efecto del amparo consiste en que la autoridad deje insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción emita uno nuevo purgando los vicios legales siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Tiene aplicación, sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, página 74, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." Consecuentemente, se hace la precisión de que la demostración de los vicios de forma relativos a la deficiencia de la fundamentación y motivación, impide a este órgano jurisdiccional efectuar el estudio de las pruebas recabadas por el ministerio público en la averiguación previa, a efecto de determinar su valor legal y si los datos que arrojan son suficientes para acreditar o no los elementos del delito atribuido al hoy quejoso, así como la probable responsabilidad en su comisión, ya que de hacerlo se estaría sustituyendo indebidamente en el criterio discrecional de las autoridades del fuero común, y por otra parte, porque una vez advertidos los vicios formales, es improcedente estudiar las violaciones de fondo propuestas. Es de aplicación sobre el particular, la tesis de jurisprudencia número 207, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, correspondiente a la Séptima Época, que textualmente establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad, porque no se puede impedir que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñirse a reiterarlo." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las diversas autoridades, al no reclamarse por vicios propios." Por su parte, las autoridades responsables Director del Centro de Tratamiento para Adolescentes Mexicali, Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes y Directora Estatal de Justicia para Adolescentes, informaron a este órgano jurisdiccional que acataron el cumplimiento al fallo protector; de igual manera, la autoridad Juez de Primera Instancia Especializado para Adolescentes del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante oficio 267/2017 y agregado a los autos en proveído de veintidós de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 97/2016, en la que entre otras cosas, dictó AUTO DE NO SUJECIÓN A PROCESO CON LAS RESERVAS DE LEY a favor de JORGE ADRIÁN TIRADO YAÑEZ, por su presunta participación de la comisión del delito de violación equiparada, previsto y sancionado por el numeral 177, en relación con el 176 del Código Penal del Estado, pro el cual lo acusó la representación social, dejando además insubsistentes todas las actuaciones posteriores al auto de sujeción a proceso dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciséis. En tal virtud, las responsables de mérito, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con plenitud de jurisdicción siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en el expediente de origen, lo que constituye el núcleo esencial del fallo, que lo es, dejar insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal 97/2016, dictando una nueva resolución, purgando los vicios de legalidad y seguridad jurídica, precisados en el artículo 16 Constitucional, por tanto, es evidente que con lo realizado por la responsable se colman los efectos de la sentencia en la que se concedió el amparo. En consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por otro lado, en términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa y tercera interesada el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuenta con el término de quince días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a su interés convenga.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos únicamente para que forme parte del presente asunto, el escrito de cuenta signado por la Directora Estatal de Justicia para Adolescentes, con residencia en esta ciudad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al presente juicio; lo anterior, toda vez que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.
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