Jorge Aaron Romo Perez
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jorge Aaron Romo Perez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos del presente cuadernillo para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, así como con los telegramas provenientes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa en lo substancial que ese órgano Jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 723/2017-5A, promovido por JORGE AARON ROMO PÉREZ, correspondiéndole el juicio de amparo 1869/2017-VIII-B de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por JORGE AARON ROMO PÉREZ, regístrese por su orden en el Libro de Gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 723/2017-5A. Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37 de la ley de amparo, previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, el quejoso en su escrito inicial reclama de las autoridades que señala como responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por lo que se refiere a la primera indicada la omisión de acordar la solicitud correspondiente a la apertura del incidente de liquidación; y a las dos de manera conjunta el incumplimiento de los resolutivos primero y tercero del laudo emitido en el juicio laboral burocrático 862/2012-V, en diez de junio de dos mil dieciséis, en el que de acuerdo a lo mencionado por el peticionario, dicho ayuntamiento fue condenado a lo siguiente: Reinstalación del ahora quejoso; Pago de la cantidad de $497,990.72, por concepto de salarios caídos, generados desde el veintitrés de diciembre de dos mil doce al diez de junio de dos mil dieciséis, más las cantidades que se sigan generando hasta el cumplimiento del fallo; Pago de horas extras dobles y triples por la cantidad de $191,285.16; Pago de la cantidad de $4,964.04, por concepto de prima sabatina y dominical. Y para su cumplimiento, el tribunal responsable concedió al citado ayuntamiento, un plazo de tres días; sin embargo, éste Juzgador estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya indicado, toda vez que el acto que se combate tendrá ejecución material en la ciudad de Tijuana, Baja California. Esto es así, debido a que en caso de concederse la protección constitucional solicitada por el amparista, el efecto sería que el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, reinstale al quejoso y efectué el pago de las demás prestaciones a que fue condenado; por lo tanto, se estima se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo, ya referido, por lo que, resulta evidente que la competencia no se surte a favor de este Juzgado, sino de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California. No pasa inadvertido para este Juzgador, que en el caso particular se señaló como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad; empero, dicha circunstancia no es obstáculo para declinar la competencia a aquél Juzgado Federal, toda vez que conforme a las reglas antes precisadas, la competencia se debe de fincar atendiendo al lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados, sin importar que el domicilio de alguna de las autoridades responsables se encuentre dentro de la jurisdicción de otro Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 73, Volumen 217-228, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Por tanto se insiste, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado, donde tendrá lugar la ejecución de los actos derivados del laudo emitido en el juicio de origen del que ahora se reclama incumplimiento; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto en cuestión. En consecuencia, se procede a remitir los autos originales del presente expediente así como tres copias del escrito inicial de demanda al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por conducto de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de dicha ciudad, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado federal; solicítese el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Rafael López Roman, Arturo Cubillas Saladaña, Francisco Javier Cueva Rodríguez, Verónica Olmos Rodríguez y Manuel Aron Rodríguez Ríos, así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Oscar Miguel Pérez Moyron y Sarahi López Hernández, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró cédula registrada a su nombre, y para el mismo efecto a los pasantes en derecho que menciona. COPIAS Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2º, se autoriza la expedición de copias certificadas de las constancias que solicita a costa del promovente, previa identificación y toma de razón de recibo que se deje en autos.
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