Jorge Adrian Rosado Jiménez
Expediente 1732/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1732/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Adrian Rosado Jiménez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio del Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como del Coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le informe el estatus actual que guarda el presente juicio, así como el Juzgado de Distrito que aceptó la competencia declinada y el número de amparo con el cual se radicó. Al respecto, infórmese a la autoridad en comento, que mediante acuerdo de once de marzo del dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio número 125/2020-P1, suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remitió testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 1/2020, correspondiente a la sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que en su punto resolutivo determinó: ".ÚNICO. Es competente para conocer del juicio de amparo origen del presente conflicto, el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit.". Al respecto, este Juzgado se tuvo por legalmente enterado y previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, se ordenó archivar este expediente. El mencionado Órgano Jurisdiccional tiene su sede en Tepic, Nayarit y su número de expediente es 1285/2019-III. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual informa el contenido del auto de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, por el que el titular de dicho órgano jurisdiccional devolvió los autos del presente juicio, toda vez que no aceptó la competencia declinada en su favor para conocer del presente juicio. Ahora bien, este juzgador se aparta del criterio sustentado por el juzgado oficiante, por las siguientes consideraciones. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, como acontece en la especie. En ese contexto normativo, de la lectura efectuada a la demanda promovida por los quejosos, se desprende que el acto reclamado consiste en la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en El Rincón, Tepic, Nayarit, a un diverso centro federal del país, sin especificar que el centro carcelario en el que se encuentran recluidos los quejosos tenga sede en el Estado de Morelos, por lo que este órgano jurisdiccional no tiene datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado efectivamente tendrá ejecución en este circuito judicial. De ahí que se considere que esta judicatura no es competente para conocer de la demanda promovida, y se estime que la competencia se surte en favor del Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del mencionado artículo 37, pues es innegable de que en Tepic, Nayarit, se iniciará a materializar ese acto de autoridad -orden de traslado-, y no se sabe si tal traslado será o no a un distinto distrito o circuito judicial. No pasa desapercibido el argumento formulado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en el sentido de que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo y que por tanto, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo cualquiera de los jueces ante quien se haya presentado la demanda de amparo será competente, sin importar si la ejecución del traslado no ha iniciado o bien, concluyó, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo, y en consecuencia retardar la pronta impartición de justicia, sin embargo este juzgador, respetuosamente considera que el mismo no es aplicable. Lo anterior se afirma, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2018, sostuvo que tratándose del juicio de amparo contra la orden de trasladar a un interno de un centro de reclusión a otro, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, sólo es aplicable cuando: a) Ese traslado efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto distrito judicial; y, b) Se tenga noticia cierta del distrito o circuito judicial al que se le trasladará, pues ese dato permite considerar la posible concurrencia de dos o más Jueces con posibilidad legal para resolver el caso, entre los cuales sea factible aplicar la prevención como criterio delimitador de la competencia por razón de territorio en esta clase de asuntos. Asimismo, la Primera Sala del Máximo Tribunal tomó en cuenta la posibilidad de que el promovente afirme, bajo protesta de decir verdad, que su traslado se efectuará a un centro de reclusión ubicado en un distrito judicial distinto y que esa es la razón por la cual presenta la demanda de amparo en esa demarcación y no donde se encuentra recluido; sin embargo, sostuvo que de no confirmarse ese dato durante la secuela procedimental, que el Juez de Distrito que conozca del asunto deberá declararse legalmente incompetente para resolver lo conducente y remitir las actuaciones al que considere que sí lo sea, sin que pueda tener aplicación el criterio de la "prevención" -criterio interpretativo previsto en el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que definía la competencia con base en la residencia de la autoridad ordenadora-. Estimar lo contrario implicaría en esos casos dejar la competencia territorial a la voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda de amparo en cualquier distrito judicial distinto al del lugar donde se encuentra recluido, bajo la sola manifestación no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. De la contradicción de tesis antes referida, surgió la jurisprudencia número 1a./J. 64/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". Por las consideraciones anteriores, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el expediente 1732/2019, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, para que resuelva la contienda de competencia suscitada. Comuníquese lo anterior al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedente, toda vez que ya existe. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Adrián Rosado Jiménez, y otros, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Incompetencia: Este Juzgado Federal estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por las siguientes consideraciones. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, como acontece en la especie. En efecto, los quejosos actualmente están internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit. El acto reclamado consiste en lo siguiente: ".la legal orden de traslado del lugar de nuestra Reclución y Diversos centros Federales del país..." (Sic). Como se observa el acto reclamado se está ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit, lugar donde se encuentran recluidos los quejosos; por ende resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Jurisdiccional declina la competencia legal para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, a quien se ordena remitir la demanda original. De la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo y en virtud de que lo que se reclama son actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que los quejosos no sean trasladados a algún otro lugar de reclusión de aquel donde se encuentran, debiendo permanecer en el sitio que guardan reclusión. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en lo previsto en el artículo 22 Constitucional; procede conceder la suspensión de plano por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro persona. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas informe a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales, significándoles que queda a cargo y bajo su responsabilidad la integridad y salud de los quejosos. Sin embargo, en razón de que es factible que puedan sobrevenir cuestiones de orden público que, por ahora, se desconocen, a fin de que con esta decisión no se vulneren ese tipo de aspectos es preciso delimitar las condiciones en las que no surte efectos la medida cautelar. De acuerdo a los requisitos que señala el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se encuentra el que la medida cautelar no siga perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por ello, si se está en un caso de éstos, la medida cautelar decretada no surtirá efecto legal alguno y estos casos, de manera enunciativa pero no limitativa serían los siguientes, cuando: a) Exista peligro inminente de un motín o conflicto que pueda derivar en agresiones o violencia en el interior del lugar de reclusión. b) Si se decretó la medida por una cuestión de salud, por la que se pretenda salvaguardar la de los internos y del personal del lugar de reclusión. c) Si la orden se emitió para impedir la comisión de cualquier tipo de delitos. d) Si se trata de una medida adoptada para atender una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, sea estatal o nacional. e) En el caso de que la conducta de un interno sea particular y potencialmente peligrosa respecto de los funcionarios del reclusorio, visitantes e internos, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables. f) En el supuesto que la orden de traslado se haya emitido para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Constitucional, esto es, mantener en prisión preventiva a los quejosos, en lugares adecuados para ello. Asimismo, no surtirá efectos en cualquier otro caso, en donde se presente una situación análoga en la que se pueda seguir perjuicio al interés social o contravenir disposiciones de orden público pero, bajo la estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Se apercibe a las responsables, que de no cumplir con lo anterior u omitir rendir su informe, le será impuesta una multa hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238, 239 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Ahora, tomando en consideración que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit; con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a quien corresponda para que se constituya en dicho centro penitenciario federal y notifique personalmente el presente acuerdo, a los peticionarios de amparo. Además, se faculta al Juzgado exhortado que, para el caso de que el sentenciado ya no se encuentre interno en el centro de reclusión de referencia por haber sido trasladado a un penal localizado fuera de la circunscripción territorial del exhortado, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito, remita este exhorto al Juzgado de Distrito, en turno, que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentre el centro carcelario al que, en su caso, hubiese sido trasladado el sentenciado; ello, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 del Código Federal de Procedimientos Penales; supuesto en el cual, comedidamente, se solicita al órgano jurisdiccional exhortado haga del conocimiento a este Juzgado de Distrito tal situación. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente legal alguno lo devuelva a la brevedad posible con las constancias relativas a la diligencia del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena formar cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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