Jordi Martínez Díaz
Expediente 1/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jordi Martínez Díaz
- Ramiro Merino Pliego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que las autoridades denunciadas han dado a la resolución emitida en autos, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en la presente denuncia y, con fundamento en el artículo 196, relacionado con el diverso 210, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si se dejó o no sin efectos el acto denunciado. Así, se tiene que el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés se dictó la resolución definitiva en la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad ******************** en la que se determinó declarar fundada dicha denuncia para el efecto de que la autoridad denunciada realizara lo siguiente: ". 1.- La Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas: a) Debe dejar sin efectos el oficio ********************, de ********************, y b) En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del denunciante ********************, que implique una autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud; bajo ningún caso deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por el denunciante ********************, siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a aquellos que realizó su solicitud; en el entendido de que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella, que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Debe destacarse, además, que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo, producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Asimismo, tampoco podrá conducirse vehículos, ni operar maquinas peligrosas, bajo el influjo de dicha sustancia, ni podrá ejercerse ese derecho frente a menores de edad, o en lugares públicos, donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, sin que pueda practicarse en lugares públicos; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. 2.- El Titular de la Secretaría de Salud, así como el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de representante legal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y superior jerárquico del referido Director Ejecutivo, deberá remitir las constancias con que acredite las gestiones necesarias, a fin de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, acate lo precisado en el punto que antecede. .". En consecuencia, en la propia resolución se requirió a la autoridad denunciada el cumplimiento a la denuncia fundada. En ese sentido, se concluye que la autoridad denunciada dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la sentencia dictada en la denuncia por incumplimiento, para ello remitió el oficio sin número de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, donde adjuntó el diverso ******************** de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida en la misiva ********************, de ********************, se inaplican los artículos 235, último párrafo 247, último párrafo de la Ley General de Salud, y otorgó al denunciante ********************, la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como "marihuana" sembrar cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. Asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). Donde además se le hacen saber que dicha autorización tiene varias prevenciones y reiterando que es únicamente para su uso personal, ya que la autorización tiene varias medidas y consecuencias de su desacato e incluso la revocación en caso de que se utilice en contravención a los términos que fue otorgada y se le hace saber la temporalidad que tiene para ello, y los apercibimientos que posee la autorización en casos de revocación; tal como se desprende del citado oficio. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte denunciante para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la determinación dictada en los presentes autos, restituyendo al promovente de la acción denunciada en el pleno goce de sus derechos violados. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la sentencia, en razón de que la autoridad responsable en determinación emitida en el ******************** de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida en la misiva ********************, de ********************, se inaplican los artículos 235, último párrafo 247, último párrafo de la Ley General de Salud, y otorgó al denunciante ********************, la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como "marihuana" sembrar cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. Asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). Donde además se le hacen saber que dicha autorización tiene varias prevenciones y reiterando que es únicamente para su uso personal, ya que la autorización tiene varias medidas y consecuencias de su desacato e incluso la revocación en caso de que se utilice en contravención a los términos que fue otorgada y se le hace saber la temporalidad que tiene para ello, y los apercibimientos que posee la autorización en casos de revocación; tal como se desprende del citado oficio. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la denuncia por incumplimiento por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la resolución fundada, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la resolución, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad denunciada no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, mediante ******************** de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida en la misiva ********************, de ********************, se inaplican los artículos 235, último párrafo 247, último párrafo de la Ley General de Salud, y otorgó al denunciante ********************, la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como "marihuana" sembrar cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. Asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese la presente denuncia por incumplimiento, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, digitalización, destrucción, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se declaró fundada la presente denuncia. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud (COFEPRIS), por medio del cual refiere que dada la carga de trabajo, solicita una prórroga para acatar la determinación emitida en la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad; al respecto, atendiendo a sus manifestaciones, dígase que se esté a lo ordenado por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Martha Patricia Rodríguez Nava, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, por el que deja sin efectos el oficio 213301EL351372, de seis de agosto de dos mil veintiuno, y emite una determinación emitida en la presente Denuncia, en cumplimiento a la misma y remite copia certificada para acreditar su dicho. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que desprende que la autoridad sanitaria no ha dado cumplimiento a la resolución dictada en la presente Declaratoria general de inconstitucionalidad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: ".1.- La Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas: Debe dejar sin efectos el oficio 213301EL351372, de seis de agosto de dos mil veintiuno, y En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del denunciante Jordi Martínez Díaz, que implique una autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa,índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud; bajo ningún caso deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por el denunciante Jordi Martínez Díaz, siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a aquellos que realizó su solicitud; en el entendido de que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella, que su conducta se encuentra ajustada a derecho." Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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