Jorge Adolfo Reza Maqueo
Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Adolfo Reza Maqueo
- Jorge Adolfo Reza Maqueo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
A u d i e n c i a C o n s t i t u c i o n a l En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 456/2023-II, el licenciado ***********, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, licenciado************, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo la declara abierta sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de constancias, da lectura a la demanda de amparo, así como a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con dos escritos registrados bajo el folio 7921 y 7985, signados por la parte quejosa, con los cuales refiere cumplir con el requerimiento de veinticinco de julio del año en curso y solicita el diferimiento de la audiencia constitucional. Hecho lo anterior, el Juez acuerda: con sujeción a lo normado por el imperativo 124 de la ley de la materia, téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las responsables. Ahora bien, respecto al primer escrito de cuenta téngase al quejoso ***************, por su propio derecho y como apoderado legal de la ***************, desahogando el requerimiento veinticinco de julio pasado, consistente en señalar el objeto del ofrecimiento de sus probanzas, circunstancia que se atenderá en el apartado relativo de pruebas de la presente audiencia, y en cuanto al segundo escrito con el que solicita el diferimiento de la presente audiencia constitucional en virtud de estar pendiente la resolución relativa a sus probanzas ofertadas, dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que precederán, dado que en la etapa probatoria se resolverá lo pertinente en torno a las pruebas ofrecidas. A continuación, el Juez ordena abrir el periodo probatorio. En la fase de referencia, el secretario da cuenta con las probanzas ofertadas por la parte quejosa, consistentes en: a) las documentales adjuntadas a su escrito inicial de demanda: b) la documental solicitada a la responsable a través de su escrito de catorce de junio de dos mil veintitrés; c) la Inspección judicial, para desahogarse en las instalaciones del Centro de Control y Atención Animal de este municipio de Celaya; d) la testimonial, a cargo del médico veterinario zootecnista *************; e) las consultas de internet, en los vínculos proporcionados, a efecto de consultar el contenido del Código Sanitario para los Animales Terrestres, de la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de Gobierno 2021-2024 del Ayuntamiento de Celaya; f) la presuncional legal y humana; y g) la Instrumental de actuaciones. Con motivo de lo anterior, el Juez acuerda: Respecto de las probanzas señaladas en los incisos a), f) y g), toda vez que se recibieron durante la tramitación del presente juicio, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, sólo se hace remembranza de las mismas para que sean tomadas en consideración al momento de dictarse la resolución que corresponda. Ahora, por lo que hace a la señalada bajo el inciso e), consistente en las consultas de internet, en los vínculos proporcionados, a efecto de consultar el contenido del Código Sanitario para los Animales Terrestres, de la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de Gobierno 2021-2024 del Ayuntamiento de Celaya, este juzgado federal en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en uso de los medios electrónicos a su alcance, la admite y la trae a la vista como hecho notorio, por ser información generada o comunicada que consta en medios electrónicos. Ahora bien, en relación a las pruebas acotadas bajo los incisos b), c) y d), con las que el quejoso en el escrito de cuenta refiere que lo que pretende demostrar en sí, es: Documental solicitada a la responsable -inciso b)-, su interés legítimo, el sacrificio de los animales resguardados que ordena el artículo 128, fracción I del reglamento impugnado, a efecto de demostrar su auto aplicabilidad, y la motivación de la responsable de la ilegal práctica de la eutanasia de animales sanos, arguyendo "sobre población animal", derivada de la disminución de la dotación presupuestal destinada a la atención del problema animal. Inspección Judicial -inciso c)-, la práctica de la eutanasia en ejemplares sanos o viables, para así demostrar la naturaleza autoaplicativa de la norma impugnada. Testimonial -inciso d)-, la práctica sistemática de la muerte inducida de animales sanos y viables, lo que corroboraría la vigencia autoaplicativa del reglamento reclamado. Se establece lo siguiente, toda vez que el acto impugnado en esta instancia constitucional consiste en la emisión y promulgación del Reglamento para la Protección, Control y Asistencia Animal para el Municipio de Celaya, Guanajuato, aprobado en la trigésima quinta sesión ordinaria el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, específicamente las disposiciones contenidas en los artículo 77 fracción X, 78 fracción XII, 100, 105 fracción III, 117, 123, 126, 128 fracciones I, III, IV y V, 129 y 162, en su carácter de autoaplicativa, es que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretado a la luz del principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas, se desechan las probanzas señaladas en los incisos b), c) y d), por falta de idoneidad. Lo anterior es así, dado que, como previamente se estableció la parte quejosa acude al presente juicio de amparo impugnando diversas disposiciones del Reglamento para la Protección, Control y Asistencia Animal para el Municipio de Celaya, Guanajuato, en su carácter de norma autoaplicativa, es decir, que por su sola entrada en vigor le causa un perjuicio, por lo que no requiere de la demostración de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación de la disposición jurídica combatida, pues de ser así, desde un inicio en que se instauró el presente juicio debió haberla combatido en su calidad de norma heteroaplicativa. Por tanto, de permitir la acreditación en torno a la heteroaplicatividad de la norma se estaría desnaturalizando la procedencia de la vía en que se instó el presente juicio, pues se insiste la parte quejosa combate la normativa en el supuesto que la misma es autoaplicativa; por lo que, si considera que existen actos concretos mediante los cuales se afecte su esfera jurídica con la aplicación de la legislación que impugna tiene expedito su derecho para promover la demanda respectiva en su contra reclamando la heteroaplicatividad de la misma. De modo y manera que, en el caso de normas autoaplicativas, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad (es decir, sin condicionar su individualización). De tal forma que, para la impugnación del reglamento reclamado, solo se requiere acreditar que dicha norma afecta la esfera jurídica de la parte quejosa con su entrada en vigor, esto es, que dicha afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada). Ahora bien, cabe señalar que el concepto de individualización incondicionada, puede proyectarse en dos espacios de posible afectación: el de interés jurídico y el de interés legítimo. En relación con el interés jurídico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 152/2013 estableció que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que acontece cuando esos efectos trascienden en la afectación de un derecho subjetivo; es decir, cuando de forma personal y directa se creen, transformen o extingan situaciones concretas de derecho. Tal situación puede acontecer en dos escenarios: a) cuando las normas establezcan obligaciones de hacer o no hacer directamente a los particulares, o b) en los casos en que generen hipótesis normativas cuya actualización inmediata traiga aparejada consecuencias jurídicas para ellos. Por otro lado, tratándose de interés legítimo, la propia Primera Sala determinó que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada y trascienden en la afectación individual, colectiva, calificada, actual real y jurídicamente relevante para la parte quejosa; es decir, se trata de una afectación al quejoso en sentido amplio, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, para efectos de la concesión del amparo, en un beneficio jurídico para el quejoso. Expuesto lo anterior, se concluye que, dada la naturaleza de la norma impugnada -autoaplicativa, la cual no requiere de la demostración de un acto de aplicación-, es que las probanzas señaladas en los incisos b), c) y d), no resultan ser las idóneas para el objeto que pretende la parte quejosa, puesto que, aunque la misma refiere que lo que desea demostrar es su legitimación y la autoaplicabilidad de la norma impugnada, lo cierto es que, que del estudio integral se advierte que su ofrecimiento va en caminado a demostrar la aplicación de la norma impugnada, lo cual, como se dijo no es materia de una norma autoplicativa, sino de una heteroaplicativa. Pues en el caso, únicamente se necesita acreditar que la parte quejosa es sujeto de la norma, así como la existencia del acto legislativo que reclama, supuestos que se analizaran a través de las documentales que obran en el presente juicio, tales como el acta de Asamblea Constitutiva de la "Fundación Pueblo Canino Asociación Civil", y la publicación del decreto de mérito en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato, debido a que las leyes no están sujetas a prueba. Posteriormente, el Juez ordena abrir el periodo de alegatos. En la etapa de referencia, el secretario hace constar que únicamente las autoridades responsables los formularon al momento de rendir sus informes justificado. Con motivo de lo anterior el Juez acuerda: con sujeción a lo normado por el imperativo 124 de la legislación en consulta, téngasele por reproducidas las manifestaciones que en vía de alegatos formulan, mismas que podrán ser tomadas en cuenta al resolver en definitiva. Con lo anterior, el Juez da por terminada la presente audiencia, quedando los autos para dictar resolución. DOY FE.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veintiséis de junio pasado, se reservó proveer respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en: Documental pública, relativa a las constancias que se sirva otorgar el representante legal del Ayuntamiento de Celaya, en los términos de la atenta solicitud presentada el catorce de junio del año en curso. Inspección judicial, para desahogarse en las instalaciones del Centro de Control y Atención Animal de este municipio. Testimonial, a cardo del médico veterinario zootecnista ***************. Consultas de internet, en los vínculos proporcionados, a efecto de consultar el contenido del Código Sanitario para los Animales Terrestres, de la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de Gobierno 2021-2024 del Ayuntamiento de Celaya. Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. Sin embargo, previo a proveer en cuanto a su admisibilidad, se advierte que el oferente de las pruebas fue omiso en señalar, que es lo que pretende acreditar con cada una de las probanzas señaladas bajo los incisos de la a) a la d), así como el objeto de cada una de ellas, pues si bien es cierto que, al momento de ofrecerlas refirió que guardaban relación con las manifestaciones contenidas en los numerales 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 del apartado de antecedentes de su escrito inicial de demanda, lo cierto es que, ello resulta insuficiente, pues no logra precisar con claridad que es lo que pretende demostrar, ya que en cada numeral vierte un sinfín de manifestaciones y argumentos que obstaculiza la identificación del hecho, acto o circunstancia que trata de demostrar, así como el objeto que pretende alcanzar con el desahogo de dichas probanzas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede notificada del presente proveído, precise de manera específica y con toda claridad, qué hechos, actos o circunstancias pretende acreditar con cada una de las probanzas ofrecidas, y cuál es el objeto de su ofrecimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento que se le formula en el plazo y forma indicados, se tendrán por no ofrecidas las probanzas a las que se hacen mención en el párrafo anterior, ello en términos del invocado numeral 119 de la Ley de la materia. Respecto de las pruebas acotadas en los incisos e) y f), de conformidad con el referido numeral, se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por el quejoso *****************, por su propio derecho y como apoderado legal de la Fundación Pueblo Canino Asociación Civil, mediante el cual solicita se provea sobre la admisión de sus pruebas, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en los que se señalaron los lineamientos a seguir para tal efecto.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, se difiere la misma y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Agréguense en autos los oficios signados por el titular de la Dirección Jurídica Municipal, en representación del Presidente y del Ayuntamiento, así como por el director del Desarrollo Social, la directora de Salud Municipal, la directora del Centro de Control de Asistencia Animal y el director de Medio Ambiente, todos con sede en esta ciudad, mediante el cual rinden su respectivo informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngaseles haciendo manifestaciones en términos del artículo 124 del ordenamiento legal en cita, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Finalmente, se tienen como delegadas a las personas que indican, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señalan.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Jonathan Josué Ruíz Gutiérrez735/2023
- Jonathan Rodríguez López786/2016
- Jorge Aboytes Monroy195/2017
- Jorge Aboytes Monroy1010/2015
- Jorge Aboytes Monroy o Monrroy568/2019
- Jorge Aboytes Monroy o Monrroy890/2018
- Jorge Adrián González Gamiño681/2022
- Jorge Aguilar Mejía316/2016
- Jorge Aguilar Mejía317/2016
- Jorge Aguilar Mejía804/2021
- Jorge Aguilar Mejía536/2020
- Jorge Aguilar Mejía13/2015