Jorge Aboytes Monroy o Monrroy
Expediente 568/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Aboytes Monroy o Monrroy
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 293/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar al quejoso ********* y/o ********* el proveído de veintiocho de junio del año en curso; en ese sentido, dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. En virtud de lo anterior, notifíquesele la determinación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter de personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 568/2019-V. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La ejecución del auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria, dentro del proceso administrativo 2461/3ªsala/2016 de su índice, en el que ordenó a la Secretaría de Finanzas, a través de la Oficina Recaudadora de Apaseo el Grande, Guanajuato, dé cumplimiento a la sentencia emitida en dicho controvertido. Bajo ese contexto, como el acto precisado no constituye la última actuación o resolución dentro del procedimiento de ejecución, puesto que no aprueba ni reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de los que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es irrefutable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dicho acto la autoridad responsable busca continuar con la ejecución del juicio y no debe perderse de vista que: I. La parte quejosa fue parte formal en el proceso administrativo 2461/3ªsala/2016 del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria; II. El acto reclamado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que el acto reclamado, en su caso, pueda considerarse de imposible reparación, puesto que los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, por regla general, no pueden aplicárseles las disposiciones de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Ciertamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio, que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso; sin embargo, en el caso no se surte algún caso de excepción porque el acto reclamado en esta instancia constitucional no es ajeno a la cosa juzgada, ya que es consecuencia de la sentencia dictada en el proceso administrativo; por tanto, es claro que no puede aplicarse por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia anteriormente citada es del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ********** **********, edificio **********, departamento **********, comunidad ********** de Apaseo el Grande, Guanajuato; con fundamento en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Único Civil de Partido de aquella ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene se notifique personalmente a la parte quejosa la presente determinación en el referido domicilio; asimismo, se le requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 568/2019-V. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La ejecución del auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria, dentro del proceso administrativo 2461/3ªsala/2016 de su índice, en el que ordenó a la Secretaría de Finanzas, a través de la Oficina Recaudadora de Apaseo el Grande, Guanajuato, dé cumplimiento a la sentencia emitida en dicho controvertido. Bajo ese contexto, como el acto precisado no constituye la última actuación o resolución dentro del procedimiento de ejecución, puesto que no aprueba ni reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de los que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es irrefutable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dicho acto la autoridad responsable busca continuar con la ejecución del juicio y no debe perderse de vista que: I. La parte quejosa fue parte formal en el proceso administrativo 2461/3ªsala/2016 del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria; II. El acto reclamado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que el acto reclamado, en su caso, pueda considerarse de imposible reparación, puesto que los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, por regla general, no pueden aplicárseles las disposiciones de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Ciertamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio, que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso; sin embargo, en el caso no se surte algún caso de excepción porque el acto reclamado en esta instancia constitucional no es ajeno a la cosa juzgada, ya que es consecuencia de la sentencia dictada en el proceso administrativo; por tanto, es claro que no puede aplicarse por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia anteriormente citada es del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ********** **********, edificio **********, departamento **********, comunidad ********** de Apaseo el Grande, Guanajuato; con fundamento en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Único Civil de Partido de aquella ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene se notifique personalmente a la parte quejosa la presente determinación en el referido domicilio; asimismo, se le requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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