Jorge Adalberto Pineda Casimiro

Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
569/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • Jorge Adalberto Pineda Casimiro

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil diecisiete. Previo al trámite del presente cuaderno referente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 569/2017, conviene señalar que los actos reclamados se hacen consistir en la orden de comparecencia o citación y su ejecución, librada en contra de la parte quejosa, que aún aplica el procedimiento penal tradicional, por lo que la sustanciación del mismo se regirá conforme a la Ley de Amparo abrogada; lo anterior en términos del artículo décimo transitorio, párrafo segundo, de la Ley de Amparo Vigente, que dispone: "DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Por lo tanto, se provee: Como está ordenado en el cuaderno principal, por auto de esta fecha, con dos copias de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 122, 124, 130, 131, 132, 136, 142 y demás relativos de la Ley de Amparo abrogada, fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión del juicio de amparo número 569/2017, promovido por Jorge Adalberto Pineda Casimiro, contra actos del Síndico Procurador del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca y otra autoridad. Pídase informe previo a las responsables, el que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, acompañando copia certificada del mandamiento privativo de libertad y en el informe precisen cuáles son los delitos, incluyendo sus modalidades, que se imputa a la parte quejosa, la penalidad legal aplicable y la cuantía de los daños causados, o el beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño, para los efectos precisados en el artículo 124 Bis de la Ley de Amparo abrogada, con apercibimiento a la autoridad judicial que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el normativo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, según el numeral 2° de ésta, se les impondrá multa por el equivalente a diez Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto). Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, manifiesten respectivamente, si se ha promovido diverso juicio de garantías en la causa penal de la cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de veintiocho Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), con fundamento en lo señalado por la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo abrogada, por disposición expresa de su artículo 2. Ahora bien, respecto de la suspensión provisional solicitada por lo que hace a los actos reclamados que se hacen consistir en la orden de comparecencia o citación reclamada al Síndico Procurador del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca; toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y los daños y perjuicios causados son de difícil reparación; con fundamento en el artículo 124 bis, 130, 136 y 138, de la ley de la materia se concede la medida cautelar, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y el quejoso no sea obligado a comparecer ante la responsable. Dicha medida precautoria surte efectos desde luego en atención a lo dispuesto por el artículo 138 de la ley de la materia, pero dejará de surtirlos si no se cumple con el siguiente requisito de eficacia: Que la parte agraviada exhiba, a favor de este Juzgado, dentro del término de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de $500.00 (QUINIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), en billete de depósito o en cualquiera de las diversas formas establecidas por la Ley; apercibido que de no cumplir con el requisito fijado, se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal, medida de aseguramiento del quejoso, que se implementa a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérsele el amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Una vez transcurrido el término de setenta y dos horas concedido para exhibir la garantía económica, comuníquese a las autoridades responsables si se cumplió con ese requisito; en la inteligencia que de no haberlo verificado, o de no efectuar la comparecencia y presentaciones personales ante el Juez responsable, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y quedan expeditas las facultades de las responsables para ejecutar la orden de aprehensión, respecto de lo cual, en su oportunidad y en su caso comuníquese a las responsables. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y por autorizada (s) en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, a la (s) persona (s) que se menciona (n). Por otra parte, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, o su denominación no sea la correcta, como es su obligación hacerlo en términos del artículo 116, fracción III de la Ley de Amparo abrogada, aplicada en sentido contrario, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones oficiales con las mismas, resolviéndose el incidente conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que privilegia los principios de impartición de justicia pronta y expedita y al de celeridad procesal. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Como se solicita, expídase copia certificada por duplicado de esta determinación, teniendo por autorizada (s) para recibirla a la (s) persona (s) que refiere, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le compete. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por******************** contra actos del Síndico Procurador del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y otra autoridad; con registro de este Juzgado 569/2017; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado; pídase a la (s) responsable (s) su informe justificado, que deberá (n) rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba (n) el oficio que lo solicita, y acompañe (n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime (n) pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibida (s) que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le (s) impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Asimismo, requiérase a la (s) autoridad (es) responsable (s) para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste (n) si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale (n) ante qué autoridad federal se radicó y remita (n) las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola (s) que de no hacerlo, se le (s) impondrá una multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Se señalan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas en los términos amplios que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, con fundamento en los artículos 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones oficiales con las mismas, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que privilegia los principios de impartición de justicia pronta y expedita y al de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo citado, por identidad jurídica, la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

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