Jonathan Jair Vitoria Mendoza

Expediente 213/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
213/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Jair Vitoria Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, rinde informe justificado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional y se tenga por recibida en ese acto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".la omisión que incurre, que se traduce en que a la fecha no da trámite a mi demanda laboral, no emplaza a los demandados y no desahoga la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones en el juicio que promuevo contra SUPER COMERCIOS Y DEPORTES S.A. DE C.V., SUPERBOLETOS MONTERREY S.A DE C.V., y quien resulte propietario de la marca comercial "SUPERBOLETOS", no obstante el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo le impone la obligación de hacerlo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la demanda, retardando así injustificadamente el trámite del juicio laboral en mi perjuicio". Ahora bien, respecto del acto consistente en la omisión de no dar trámite a la demanda laboral promovida por el aquí quejoso Jonathan Jair Vitoria Mendoza, no ordenar el emplazamiento de los demandados, así como la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. El numeral mencionado señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, como ocurre en la especie, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Ello es así, puesto que la Junta responsable informó que la demanda laboral promovida por el quejoso Jonathan Jair Vitoria Mendoza, fue turnada a la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, misma que fue radicada bajo el número de expediente laboral 1044/2021 (2) BIS, y que el seis de enero del año en curso, la citada junta especial, dictó auto de inicio, señaló las diez horas con treinta minutos del día veintiuno de abril del año en curso, para que se lleve a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; asimismo, ordenó girar exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León, para que en auxilio de dicha junta, proceda a notificar, apercibir, correr traslado y emplaza a la demandada. Luego, es inconcuso que al haberse acreditado que el seis de enero del año en curso se dictó el auto de inicio del juicio laboral correspondiente, fue señalada fecha y hora para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como ordenado el emplazamiento a juicio de los demandados, han cesado los efectos del acto reclamado; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo; y como consecuencia se restableció a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación la tesis número siete, visible en la página ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común precedentes relevantes, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas del treinta de marzo de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, rinde informe justificado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional y se tenga por recibida en ese acto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".la omisión que incurre, que se traduce en que a la fecha no da trámite a mi demanda laboral, no emplaza a los demandados y no desahoga la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones en el juicio que promuevo contra SUPER COMERCIOS Y DEPORTES S.A. DE C.V., SUPERBOLETOS MONTERREY S.A DE C.V., y quien resulte propietario de la marca comercial "SUPERBOLETOS", no obstante el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo le impone la obligación de hacerlo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la demanda, retardando así injustificadamente el trámite del juicio laboral en mi perjuicio". Ahora bien, respecto del acto consistente en la omisión de no dar trámite a la demanda laboral promovida por el aquí quejoso Jonathan Jair Vitoria Mendoza, no ordenar el emplazamiento de los demandados, así como la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. El numeral mencionado señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, como ocurre en la especie, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Ello es así, puesto que la Junta responsable informó que la demanda laboral promovida por el quejoso Jonathan Jair Vitoria Mendoza, fue turnada a la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, misma que fue radicada bajo el número de expediente laboral 1044/2021 (2) BIS, y que el seis de enero del año en curso, la citada junta especial, dictó auto de inicio, señaló las diez horas con treinta minutos del día veintiuno de abril del año en curso, para que se lleve a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; asimismo, ordenó girar exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León, para que en auxilio de dicha junta, proceda a notificar, apercibir, correr traslado y emplaza a la demandada. Luego, es inconcuso que al haberse acreditado que el seis de enero del año en curso se dictó el auto de inicio del juicio laboral correspondiente, fue señalada fecha y hora para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como ordenado el emplazamiento a juicio de los demandados, han cesado los efectos del acto reclamado; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo; y como consecuencia se restableció a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación la tesis número siete, visible en la página ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común precedentes relevantes, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas del treinta de marzo de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Jonathan Jair Vitoria Mendoza, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 213/2022. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Jonathan Jair Vitoria Mendoza, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes. En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico de contacto. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deba remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), vigente a partir del 3 de agosto de 2020, podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia. Apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las TRECE HORAS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento a tercero interesado. Se reserva el emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Autorizados y usuario electrónico. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Díaz Ordaz número 102-1, Centro, Oaxaca, y por autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia a Marco Antonio Bohórquez Escobar, y sin las amplias facultades del precepto aludido a la diversa persona que menciona. En atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se autoriza la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, toda vez que el usuario Licmarco1, se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se ordena agregarlo al expediente electrónico. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

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