Jorge Aboytes Monroy
Expediente 618/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Aboytes Monroy
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido el auto de doce de agosto del presente año, en que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención del expediente número 1642/4aSala/16; del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, constante de un tomo, se ordena devolverlo a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese a los autos la comunicación de cuenta signada por el Magistrado Propietario de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por medio de la cual rinde su informe justificado y remite los autos originales del expediente 1642/4ª.Sala/16; con las cuales se ordena formar por separado cuaderno de prueba en UN TOMO DE PRUEBAS. En este orden de ideas y vistas las constancias indicadas, se estima que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos que dieron origen al presente juicio, por las razones que a continuación se exponen. Del estado que guardan los de autos, se advierte que por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, el nueve de julio de dos mil diecinueve, el quejoso *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la omisión de emitir, en los autos del juicio 1642/4ª.Sala/16, el acuerdo sobre la ejecución de la sentencia. Ahora bien, mediante el oficio de cuanta, el Magistrado Propietario de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, allegó los autos originales del expediente del que deriva la omisión reclamada, del que se destaca el proveído de once de julio de dos mil diecinueve, que obra a fojas 680 y 681 de ese sumario, mediante la cual se requirió a la autoridad demandada el cumplimiento a la sentencia dictada en tal procedimiento; resolución emitido con posterioridad a la de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. En tal virtud, a efecto de demostrar la premisa planteada en torno a la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estima necesario asentar enseguida algunas consideraciones en relación al concepto de cesación de efectos del juicio constitucional; para ello debe traerse a glosa el contenido de la fracción referida, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En relación con la porción normativa que precede, debe traerse igualmente a contexto el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. La interpretación relacionada de los artículos transcritos, pone de manifiesto que el juicio de amparo como acción constitucional tiene el carácter de instrumento reparador, es decir, que su objetivo principal es que el gobernado encuentre la restitución o reestablecimiento en el goce de los derechos fundamentales que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio. En ese sentido, se protege el alto valor de lograr que quien promueva el juicio de amparo siempre encuentre u obtenga un efecto reparador o restitutorio; luego, si no hay nada que reparar o restituir en beneficio de la quejosa dado que el acto que entrañó la transgresión de derechos quedó insubsistente por una determinación de la propia autoridad a quien se le reclamó, o porque ésta realizó los actos necesarios a efecto de reestablecer a la quejosa en el goce de su derecho violado, es válido afirmar que el juicio constitucional será improcedente con base en la causa antes mencionada. En armonía con lo dicho debe destacarse que los alcances de la referida causa de improcedencia los ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la cesación de los efectos del acto reclamado debe generar en la materialidad de los hechos, una situación en la que se considere que las cosas han regresado al estado en que estaban antes de la existencia del acto reclamado, esto es, que todos efectos del acto de autoridad -violatorio de derechos- hayan desaparecido, tal y como se aprecia en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En este orden de ideas, la explicada causa de improcedencia se estima actualizada en razón de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esto es, la omisión de requerir a la autoridad demandada para que dé cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo 1642/4ª.Sala/16, quedó sin efectos, dado que el once de julio del actual, se dictó el acuerdo correspondiente. De manera que la situación expuesta, evidencia que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. En este orden de ideas, siendo que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio alguno en la esfera de derechos del quejoso, que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, este juzgador estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, con fundamento además en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Junio de 1999, que dispone lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable, derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse en el presente juicio la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, dejando insubsistentes la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este expediente. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos de los que se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, Guanajuato, ni obra constancia de que haya recibido el oficio del índice de este Juzgado de la Federación, mediante el cual se le solicitó. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que la misma tenga verificativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, Guanajuato, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 618/2019-VI.1, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV constitucional, 48 y 52 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VII, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos. Pídase su informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento al que en que surta efectos la legal notificación del presente proveído; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendir éste, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma ley, y al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo; ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el quinto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto que se les atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remita a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias de las que deriva el acto reclamado; o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello. Se requiere a las partes que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 y 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informen de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se les impondrá a una multa de treinta a trescientos Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponda. Se reserva proveer lo relativo al emplazamiento de tercero o terceros interesados, hasta en tanto la responsable ordenadora rinda su informe justificado y remita las constancias como justificación al mismo, de donde se advierta a quién o quienes le recae dicho carácter. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización verbal por parte del secretario encargado del presente expediente. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, dado que resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este juzgado federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, son públicos para su difusión; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y, de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa, señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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