Jorge Aboytes Monroy
Expediente 108/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Aboytes Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que el juicio en que se actúa ya causó ejecutoria y se ordenó el archivo definitivo del mismo, motivo por el cual se ordena devolver al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la documental que en copia certificada anexó a su informe justificado relativas al expediente de varios 28/2018, de su índice, la cual obra en un cuaderno de pruebas por separado; lo anterior por resultar innecesaria su retención en este Juzgado Federal.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que no fue recurrida la sentencia dictada el trece de julio de dos mil dieciocho, en que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En virtud de lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de trece de julio actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio de cuenta signado por la Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintidós de junio de la presente anualidad, e informa entre otras cosas, que desde el veintiocho de junio del presente año, entró en funciones el Juzgado Administrativo Municipal en esta ciudad, encontrándose a cargo como juez provisional la licenciada ***, y en asistencia de Secretaria de Acuerdos la licenciada ***, en atención a dichas manifestaciones se acuerda lo siguiente: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que en copia certificada anexa al oficio de cuenta la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia de derecho. En virtud de lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se tiene como nueva autoridad responsable al Juzgado Administrativo Municipal, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato. Sin que sea necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable antes señalada, en virtud de que la autoridad oficiante Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, remitió copia certificada de dos diligencias de notificación efectuadas al ahora quejoso ***, respecto a la radicación de dos demandas interpuestas por dicho quejoso, mismas que quedaron registradas bajo los números de juicios JAM01/2018 y JAM02/2018. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el trece de febrero de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado el mismo día, ***, promovió demanda de amparo contra los actos que reclamó del Juzgado Administrativo Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, por violación al derecho fundamental que se encuentra consagrados en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unido s Mexicanos, acto que hizo consistir en: el que la autoridad señalada como responsable violenta mi derecho de recibir justicia de manera pronta y expedita, ya que de forma indebida ha retrasado el proceso administrativo en mi perjuicio pues desde el 31 de enero del 2018, presenté 2 dos demandas administrativas a través de correo certificado con acuse de recibo, y hasta el día de hoy no sé si radicaron o no las demandas ni los números de expedientes que se les asignaron a los mismos. En consecuencia de ello, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Posteriormente, mediante proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, se dejó de tener como autoridad responsable al Juzgado Administrativo Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, en virtud de que esta Secretaría fue informada que dicho juzgado dejó de existir los primeros días del mes de marzo del año que corre, y que los asuntos que tenía dicho juzgado fueron enviados para su trámite y resolución al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Guanajuato, Capital, información que se corroboró al efectuar una llamada telefónica a esta última autoridad, quien manifestó que efectivamente por la extinción del Juzgado mencionado, le fueron enviados los diversos asuntos que llevaba el mencionado juzgado administrativo. En consecuencia de ello, se tuvo como nueva autoridad responsable el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en Guanajuato, Capital; sin embargo, como quedó establecido en párrafos anteriores, y dada la información proporcionada por la autoridad oficiante, nuevamente se tuvo como autoridad responsable al Juzgado Administrativo Municipal en Apaseo el Grande, Guanajuato. Ahora bien, de las constancias que anexó al oficio de cuenta la Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, se advierte en la especie el advenimiento de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, se arriba al analizar los antecedentes del acto reclamado, y al estudio realizado a las constancias que la Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, anexó al oficio de cuenta. En efecto, el acto reclamado se hizo consistir en el que la autoridad señalada como responsable Juzgado Administrativo Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, de forma indebida había retrasado el proceso administrativo en su perjuicio, pues desde el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, presentó dos demandas administrativas a través de correo certificado con acuse de recibo, y hasta el día de la presentación de su escrito de demanda, no sabía si fueron radicadas las mismas, ni los números de expedientes que les hubieran sido asignados. Sin embargo, de la documental que en copia certificada allegó la Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, se advierte que en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se registraron en el libro de gobierno de ese juzgado bajo los números de expedientes JAM01/20018 y JAM02/2018, radicaciones que fueron notificadas al quejoso ***, el dos de julio del presente año, según se advierte de la firma de recibido de dichas notificaciones. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado en esta vía YA CESÓ EN SUS EFECTOS, pues como ya se dijo, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable señalada en el párrafo que antecede, registró en el libro de gobierno de ese juzgado bajo los números de expedientes JAM01/20018 y JAM02/2018, radicaciones que fueron notificadas al quejoso ***, el dos de julio del presente año. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para surtirse la causal de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento de que al encontrarse nuevamente en funciones el Juzgado Administrativo Municipal de Apaseo el Grande Guanajuato, llevó a cabo la radicación de las dos demandas presentadas por el quejoso vía correo certificado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, las cuales, las cuales quedaron registradas como ya se mencionó con los números JAM01/2018 y JAM02/2018, lo cual fue notificado de forma personal el dos de julio de la presente anualidad; de modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, abril de 1988, visible en la página 242, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, lo cual trae como corolario decretar el sobreseimiento en el mismo, acorde con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la Cesación de Efectos, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de veintidós de junio de la anualidad que corre, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con dos minutos del veinticuatro de julio del año en curso. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 108/2018-III.2 promovido por ***, por el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se desprende que se realizó una llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, la cual fue atendida por el licenciado ***, quien manifestó ser Asesor Jurídico de dicho Ayuntamiento, informando que por acuerdo del Ayuntamiento Municipal se designó a la licenciada Yanet Patiño Ávila, para ocupar el cargo de Juez Administrativo Municipal Provisional en esa ciudad, a partir del veinte de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia de lo anterior, se ordena requerir al H. Ayuntamiento Municipal en Apaseo el Grande, Guanajuato, para que de INMEDIATO comunique a este Juzgado, si con base a lo anterior, el Juzgado Administrativo Municipal Provisional en esa ciudad ya está en funciones, y en caso contrario, informe a partir de cuándo entraría en funciones el mismo. Apercibida que de ser omisa en dar cumplimiento al requerimiento señalado, se hará acreedora al máximo de la multa prevista en el artículo 238 de la nueva Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que la misma tenga verificativo.
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