Jonathan Montellano Cázares
Expediente 718/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jonathan Montellano Cázares
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita
- Juez de Ejecución Penal Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el testimonio del recurso de queja 161/2023, del que se advierte que declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Acúsese el recibo de estilo de la al tribunal plenario. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de queja. Háganse las anotaciones correspondientes. Declaración de estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, suscrito por el titular de la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que en atención a la solicitud de defensa pública que realiza el quejoso Jonathan Montellano Cázares, se comisionó al licenciado Jesús Martín Salas Miranda, defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, a efecto de fungir con ese carácter en favor del quejoso, dentro del presente juicio. Atento a lo anterior, téngase como autorizado del accionante de amparo al profesionista de mérito, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de lo anterior al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y mediante oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintitrés. Admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el cual radicó como toca **. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. En otro orden de ideas, visto el estado de autos de los que se advierte que no obra constancia alguna que acredite que la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, haya quedado notificado del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se le requirió para que designe un profesionista de esa dirección que funja como autorizado del impetrante de derechos; en consecuencia, reexpídase la misiva correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en relación con el requerimiento del tribunal oficiante para que le informe el nombre del profesionista designado para que represente al aquí quejoso; dígasele que una vez que se cuente con dicha información se le hará de su conocimiento inmediatamente. Notifíquese y mediante oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de demanda. Fórmese expediente con el escrito de demanda de cuenta. Regístrese como corresponda. Actos reclamados. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa Jonathan Montellano Cázares reclama a la autoridad juez de Ejecución Penal Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, el auto que concluyó la controversia 57/2022 relativa a la inadecuada atención médica. Primeramente, se debe precisar que, la parte quejosa solicita de ser posible la aplicación del artículo 126 de la Ley de Amparo, esto es, la suspensión de plano del acto reclamado; sin embargo, del estudio integral de demanda, no se advierten actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o los previstos por el arábigo 15 de la Ley de Amparo. Returno por conocimiento previo. Este órgano jurisdiccional considera que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por las razones que a continuación se exponen. Normatividad. En efecto, en la circular SECNO 31/2020, emitida por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos en sesión de nueve de diciembre de dos mil veinte, que aprobó el punto de acuerdo 104/2020 relativo a la Interpretación de los artículos 45 y 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de las órganos Jurisdiccionales. Atento a lo anterior, conviene precisar que conforme al artículo primero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis y que entró en vigor el día de su publicación; en la especie se actualiza el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II, y 46, fracciones II y IV, penúltimo y último párrafo, del citado ordenamiento. "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. (.)" Del contenido de dichos preceptos se obtiene que las demandas presentadas ante las Oficinas de Correspondencia Común se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos; que si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente su vinculación. Asimismo, que los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, se turnarán al tribunal que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos y en todo caso al que tenga el último antecedente del proceso, aunque las partes no sean las mismas. De lo antes expuesto, se advierten los criterios generales de relación en aplicación a los cuales un asunto de nuevo ingreso debe turnarse a un determinado órgano jurisdiccional por existir en el sistema un antecedente que lo vincula con otro anteriormente registrado, lo cual tiene como finalidad no solamente enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado a fin de utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes en el expediente respectivo. En la especie, los actos reclamados en el presente juicio de amparo y los combatidos en el diverso 1025/2022 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, son actos cuya génesis son la atención médica que solicitó la parte quejosa. El referido procedimiento constitucional fue presentado ante el homólogo federal el ocho de agosto de dos mil veintidós, esto es, fecha anterior al presente, y se resolvió en la misma data. En ese sentido, el juicio de derechos 1025/2022 tramitado ante dicho órgano judicial, constituye el último antecedente previo al registrado en este juzgado, en el cual también se dirimen derechos deducidos de una inadecuada atención médica, que refiere el quejoso. Ahora, en la presente demanda, la parte promovente reclama una resolución, que a su decir, califica como incorrecta laatención médica recibida por parte de las autoridades competentes. Abona, bajo protesta de decir verdad, que tramitó ante la autoridad administrativa el recurso correspondiente, exponiendo su inconformidad con la atención médica obtenida, circunstancia que realizó por sí mismo y supuestamente por su defensora de oficio. En esa tesitura, se concluye que en el caso se actualiza el criterio de relación previsto en la fracción II del artículo 46 del ya referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto controvertido culminó con una resolución derivada de una demanda de atención médica que conoció el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis XVII.2o.2 K (10a.), de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se reitera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." Asimismo, la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES." Ciertamente, en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, la Segunda Sala del Máximo Tribunal sostuvo lo siguiente: "En esta virtud, a partir del nueve de septiembre de dos mil ocho, entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a la asignación aleatoria de los asuntos, los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificaran si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguna de las tres hipótesis siguientes: a) Que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado. b) Que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía. c) Que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Conforme al sistema de relación, los asuntos que se encuentren relacionados con otro presentado con anterioridad, en tanto se trate de un recurso vinculado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía, se turnarán por medio del sistema computarizado al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior. (.) Sin que sea óbice a lo anterior el que la hipótesis contenida en el inciso b) únicamente se refiera a "recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado en cualquier vía"; toda vez que si bien en el caso no se trata de un recurso de revisión, queja o reclamación, ya que es un juicio de amparo nuevo, la hipótesis normativa contenida en el citado inciso debe interpretarse en un sentido amplio; es decir, en un argumento interpretativo a fortiori o por mayoría de razón, si procede el turno de un asunto por conocimiento previo en un recurso, con mayor razón en un juicio de amparo cuyos hechos tienen relación con diverso asunto ya resuelto por un determinado Tribunal Colegiado." También son orientadoras las reglas que expide el Consejo de la Judicatura Federal, para la atención de las consultas de turno que establece el Acuerdo General 48/2008 del propio Pleno, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, puesto que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil diez, sostuvo: "TURNO DE JUICIOS DE AMPARO (DIRECTOS O INDIRECTOS SEGÚN LA COMPETENCIA: JUZGADOS DE DISTRITO, TRIBUNALES COLEGIADOS Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO). El amparo que se promueva, proveniente de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, se turnará al titular que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados del mismo expediente y autoridad." En consecuencia, al actualizarse el supuesto previsto la fracción II de los artículos 45 y 46, así como en el penúltimo y último párrafo del numeral mencionado en segundo orden, como se anticipó, este juzgado considera que el turno para conocer y resolver este asunto le corresponde al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora; por ende, este órgano jurisdiccional declina el turno para conocer del presente asunto al citado órgano jurisdiccional. No se soslaya la circunstancia de que en el juicio de derechos 1025/2022 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se hubiere desechado la demanda, pues ello en nada influye en lo previsto en lo que establecen los numerales 45 y 46 del multicitado Acuerdo General, dado que dichos criterios aplican para los ingresos, es decir, se establece como último antecedente el turno de los asuntos, con independencia de si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Por lo tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, a fin de que el titular del órgano jurisdiccional mencionado, esté en aptitud de pronunciarse sobre el returno planteado, y que, de no tener inconveniente alguno, haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional su determinación. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 8. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el lugar donde se encuentra recluido. 9. Autorizados. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa no tiene designado asesor jurídico o defensor en el presente asunto. En consecuencia, a fin de garantizar efectivamente la igualdad de acceso a la justicia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un profesionista de esa dirección que funja como autorizado (defensor o asesor) para que lo asesore en el trámite del presente juicio. Lo cual constituye constitucionalmente es un derecho de índole federal, mediante la cual la o el gobernado busca proteger sus derechos fundamentales. En el entendido de que la petición que se realiza al instituto de defensa pública, deriva también de la obligación que tiene este juzgador como garante de los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada del peticionario de amparo, por ser una persona privada de su libertad. Es de invocarse en apoyo a lo acordado, la jurisprudencia V.3o.P.A. J/1, registro 2016971, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2171, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Constitucional del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal, respectivamente, es como sigue: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios". Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con tal requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. 10. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 11. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 12. Expediente electrónico. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 13. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 14. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese; por oficio al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, y personalmente a la parte quejosa, en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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