Jonathan Eduardo Barrera Gil
Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jonathan Eduardo Barrera Gil
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sonora
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo enviado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido del informe justificado y de las constancias remitidas en apoyo al mismo por la autoridad responsable, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XVII que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Conforme a lo establecido por el citado precepto, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en él deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Esto es, la referida causa de improcedencia se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emita una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Como se adelantó, dicha causa de improcedencia se actualiza en la especie por las razones que a continuación se exponen. Del escrito de demanda y de las diversas actuaciones del juicio de origen 1015/2022, que la autoridad responsable remitió se advierten los aspectos fácticos siguientes: El quejoso presentó demanda laboral el ocho de marzo de dos mil veintidós ante la Junta responsable. Seguida la secuela procesal, en el expediente laboral de origen se dictó un auto en el que la responsable señaló fecha -veintiuno de septiembre de dos mil veintidós- para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; sin embargo, no se volvió a fijar fecha nuevamente (lo cual constituye el acto reclamado). Luego, por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la junta responsable dictó un auto en el que tuvo a la parte actora aquí quejosa, desistiéndose lisa y llanamente de la acción y de la demanda incoada en contra de Distribuciones Delpac, sociedad anónima de capital variable; ordenando consecuentemente archivar como asunto total y definitivamente concluido. Ahora, si bien a la data en la que se presentó la demanda de amparo la autoridad responsable no había fijado fecha para el desahogo de la admisión y ofrecimiento de pruebas, en el controvertido laboral 1015/2022, cierto es que, con posterioridad surgió una situación procesal que impide la secuencia del proceso. Es así, pues como se dijo en párrafos que preceden, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, compareció el apoderado legal de la parte actora aquí quejosa y se desistió de la acción de demanda en contra de la demandada. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la omisión atacada no puede verse en un contexto aislado, sino que debe valorarse de acuerdo con la situación que prevalece en el juicio natural, de donde es factible derivar que actualmente existe una imposibilidad jurídica y material para continuar con la secuencia del proceso, dado que el apoderado legal de la parte actora aquí quejosa, compareció ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; y se desistió de la acción y de la demanda en contra de la demandada en cuestión, de modo que no puede resolverse sobre la situación anterior, sin afectar la nueva que se ha creado con motivo del desistimiento; es decir, no podría concederse el amparo solicitado para que fije fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral 1015/2022. Lo anterior pone de relieve que el nuevo estado jurídico creado por el desistimiento de la acción y demanda en contra de la demandada, modifica la situación jurídica de la omisión combatida que dio pauta a la promoción de este sumario. En esas condiciones, es evidente que en la especie se ha creado una situación jurídica que impide analizar la anterior, dado que de hacerlo se tendría que modificar el trámite del juicio de origen. En apoyo de lo expuesto se invoca la tesis en materias constitucional y común I.11o.C.28 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima Época, libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 1065, registro 2018570, que informa: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 D LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". En consecuencia, al resultar evidente la actualización de la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional establecida por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la legislación en cita. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las once horas con catorce minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable; y, personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos y la certificación que antecede se advierte que la autoridad responsable fue omisa en rendir el informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto; en ese contexto: Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada que justifique su acto reclamado. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con catorce minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
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