Jonathan Miguel Castro Figueroa Parra

Expediente 1216/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1216/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Miguel Castro Figueroa Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Actos reclamados. De la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama el promovente son los siguientes: ? Orden de presentación; ? Orden de comparecencia; ? Orden de aprehensión; y, ? La ejecución de lo anterior. Ello se lo atribuye a las autoridades que enseguida se mencionan: Ordenadoras:  Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla;  Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte;  Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur;  Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente;  Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez;  Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República;  Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Ejecutoras:  Delegado de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla.  Delegado de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México.  Comisionado de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla.  Comisionado de la Policía Federal Ministerial en Ciudad de México.  Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Policía Federal Ministerial. Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a * demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. * -Improcedencia respecto de la emisión de las órdenes de presentación, comparecencia y aprehensión, atribuido a las autoridades ministeriales y de la fiscalía En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de presentación, comparecencia y aprehensión; atribuido al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. En efecto, los actos mencionados reclamados por la parte quejosa convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos * Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir esos actos. Se dice lo anterior, ya que la parte quejosa señala también como autoridades responsables ordenadoras a jueces de distrito adscritos a diversos los Centros de Justicia Penal. Lo expuesto evidencia que los actos que reclama derivan del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y no respecto del sistema penal tradicional (anterior). Por ello, respecto de los mencionados actos reclamados al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a las autoridades responsables señaladas en este apartado, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (orden de presentación, comparecencia y aprehensión); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público (incluyendo a los titulares de la fiscalía y unidad de investigación especializadas, tales como los aquí señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos por esas autoridades. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por tales autoridades administrativas señaladas como responsables, a través de los actos aquí combatidos; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que el Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República señalados, hubieran ordenado la detención por caso urgente de la parte quejosa; aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en contra de la parte quejosa, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderla, detenerla, presentarla, o privarla de la libertad. De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de los actos reclamados y autoridades ya precisados. - Improcedencia respecto de la orden de presentación, atribuida a los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio, y su cumplimiento atribuido a todas las demás autoridades La hipótesis normativa consistente en el desechamiento, cobra vigencia frente al acto que se reclama de los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio, señalados como responsables, consistente en la orden de presentación, así como su ejecución, al actualizarse una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, con los artículos 14, 16, 19 y el primer párrafo del artículo 20, aplicado a contrario sensu, de la constitución federal. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de presentación, como la que reclama la parte quejosa, no puede ser emitida por autoridades judiciales que operan en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, como las señaladas en la demanda de amparo en su carácter de ordenadoras, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el mencionado sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversas orden de aprehensión y comparecencia (también reclamada) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención Habida cuenta que dichas autoridades judiciales carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de presentación contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Por su parte, es menester precisar que la actuación consistente en la orden de presentación de un inculpado o investigado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal; empero, las autoridades judiciales no librarían como tal una orden de presentación, sino una diversa (con distinta denominación) como las que refiere el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad judicial, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de presentación) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que la parte peticionaria del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal. Máxime que, como se dijo, tales órdenes ni siquiera están previstas como tales (orden de presentación) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes mencionado es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además la demanda de amparo permite inferir que los actos reclamados se tramitaron conforme al sistema acusatorio -dado que como autoridades judiciales sólo fueron señaladas diversos jueces de distrito especializados justamente en dicho sistema penal acusatorio adversarial-. De ahí que resulte improcedente este juicio de amparo respecto de la orden de presentación reclamada de los jueces de control señalados como responsables. -Procede desechamiento parcial de los actos y autoridades previamente aludidas Por tanto, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque los actos reclamados de las autoridades señalados en párrafos anteriores, actualizaron de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia que se estudiaron, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes. Admisión parcial de la demanda de amparo. Debido a que se cumple con los requisitos legales establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite parcialmente a trámite la demanda de amparo. Materia del juicio. Los actos que reclama el quejoso en términos de la demanda, y sobre los que versará la litis de este juicio, comprenden:  La orden de comparecencia y aprehensión, girada en su contra.  Su ejecución * Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación. En ese informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo (con excepción de los jueces de distrito). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Solicitud de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, todos de la Ley de Amparo (con excepción de los jueces de distrito). Terceros interesados. Una vez que se reciba la información requerida a las autoridades responsables y sea cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que en el presente juicio sólo le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito3 . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. También, como lo ordena el artículo 2454 de la Ley de Amparo, se les impondrá a las autoridades una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) (con excepción de los jueces de distrito). Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el * desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades (con excepción de los jueces de distrito) de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Notificaciones electrónicas, acceso al expediente electrónico y autorizado en términos restringidos de la parte quejosa. La parte quejosa señala el usuario "apl.lawbfirm", para que se le practiquen las notificaciones de manera electrónica. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como única vía de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "apl.lawbfirm". En consecuencia, se ordena que se realicen a la parte quejosa sólo las notificaciones que tengan el carácter personal, de manera electrónica a través de ese usuario. En el entendido de que las demás notificaciones se le harán por medio de lista. Por tanto, se instruye al personal correspondiente que habilite al usuario referido, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como la consulta del expediente electrónico. Además, Arturo Alonso García y Arturo Alonso Pérez quedan autorizados en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la ley de amparo, porque así lo solicitó el quejoso y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, * autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de actuaciones, pues no se encontró registro de su cédula profesional en el aludido sistema computarizado. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. En ese sentido, se toma nota de la manifestación del quejoso de su oposición a que se publiquen sus datos personales, por lo que habrán de salvaguardarse los mismos, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

  2. Incidental

    Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del incidente de suspensión. Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal, tramítese en un tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1216/2023-VI, promovido por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. Informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables presenten su correspondiente informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. También deberán informar cualquier otro juicio de amparo del que tengan conocimiento, promovido por el quejoso y en el cual se le hubiera otorgado la suspensión por los actos del presente asunto. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta a la omisa una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario) (con excepción de los jueces de distrito). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso. De ser así, deberán remitir copia certificada de las resoluciones correspondientes. Se les apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario (con excepción de los jueces de distrito). Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Materia del incidente. Los actos que reclama el quejoso en términos de la demanda, y por sobre los que versará la litis de este incidente, comprenden:  La orden de comparecencia y aprehensión, girada en su contra.  Su ejecución. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las responsables se abstengan de privar de la libertad a la parte quejosa con motivo de la orden de aprehensión, dictada en su contra. La parte quejosa queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Sin embargo, lo anterior debe sujetarse respecto a esas órdenes combatidas a los términos siguientes: Si se estuviere en el supuesto de la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, esto es, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenido el quejoso, quedará a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea aprehendido o recluido o internado, y a disposición del juez de la causa para continuar el procedimiento que se le instruya. Por consiguiente, en este supuesto la parte quejosa continuará a disposición del juez de la causa para el trámite del procedimiento que le instruya, con la única salvedad de que la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne a aquélla, que deberá mantenerla recluida en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. De estarse en el supuesto de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el quejoso no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. De estarse en el supuesto del segundo párrafo de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad , así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva; el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, con la salvedad antes anotada concerniente a que la parte quejosa (cuando se encuentre detenida) deberá ser recluida en un área de prisión preventiva, distinta a la asignada a los sentenciados, lo que deberá comunicar al director del centro penitenciario correspondiente. Se hace notar que si la orden combatida es de privación de la libertad y ya fue ejecutada contra la parte quejosa por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en términos del artículo 164 de la Ley de Amparo la suspensión se concede para que sea puesta de inmediato (sin demora) a disposición del fiscal investigador o de trámite, para que éste determine la libertad o la retención dentro del plazo y en los términos establecidos por el artículo 16 de la constitución. De establecer el Ministerio Público la retención de la parte quejosa debido a la orden reclamada, deberá gestionar la consignación a la autoridad judicial dentro del plazo que establece el invocado artículo 16 constitucional, es decir, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal de la parte quejosa y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Para el caso de que la privación de la libertad hubiera sido decretada por el Ministerio Público, la suspensión se concede para que se ponga a la parte quejosa en inmediata libertad si ninguna prueba existe respecto de flagrancia o urgencia. En términos del artículo 166, último párrafo de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión no surtirá efectos. Medidas de aseguramiento. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por la parte quejosa, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, en donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarse por el quejoso mediante escrito que se presente ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Garantía. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa en el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, no exhibe una garantía por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional ($10,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, para garantizar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo; cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible de momento para la parte quejosa. Además, en caso de elegir exhibir un billete de depósito; en el contenido de éste, en lo relativo al "Nombre del depositante" deberá señalarse el nombre de la parte quejosa, en lo concerniente al "concepto" se deberá indicar: "Para garantizar la suspensión provisional otorgada al quejoso *, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1216/2023-VI" y deberá emitirse por el importe o cantidad anteriormente precisada; asimismo, en lo alusivo a "autoridad" deberá incluirse la denominación de este jugado, a saber: "Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla". Bajo apercibimiento de que en caso de no exhibir dicha garantía en los términos y plazos señalados, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables podrán ejecutar la orden reclamada. Presentación ante la autoridad emisora. Por otro lado, en caso de resultar cierto el acto reclamado, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del informe previo de la autoridad que (en su caso) acepte el acto, ante tal autoridad judicial emisora (que aceptó el acto reclamado), a rendir declaración en la causa penal instruida en su contra e intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho; o bien, de ser el caso de una orden privativa de la libertad librada en el sistema penal acusatorio, para que la continuación del procedimiento de ejecución o de la carpeta de ejecución que en su caso se siga en su contra, o bien, si fuera el supuesto, para que le sea fijado día y hora para que se celebre audiencia que deba seguirse y en donde deba estar presente, a la que deberá comparecer desde su comienzo hasta que finalice dicha audiencia. Todo lo cual también la parte quejosa lo deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Por ello, debe reiterarse, se requiere a la parte quejosa que en el referido lapso de tres días hábiles, deberá demostrar con el medio de prueba idóneo, su comparecencia física y personal ante dicha autoridad judicial, así como en donde demuestre que (en su momento) compareció a todo el desarrollo de la audiencia inicial en la data que le sea fijada para tal efecto; se apercibe que de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de comparecer ante la autoridad responsable, será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada. Además, se requiere a dicha parte quejosa, con apoyo en el artículo 162 de la referida ley de la materia, que deberá presentarse ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces le sea así solicitado, porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Para el cumplimiento a los requerimientos efectuados en este apartado, se hace saber a la parte quejosa que deberá preferir la vía electrónica con su respectiva firma electrónica; y sólo por excepción, podrá realizarlo de manera física en la Oficialía de Partes Común del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde este órgano jurisdiccional tiene su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Solicitud de copias. Por último, respecto a la solicitud de copias certificadas de la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena descargar copia digitalizada de esas constancias del expediente electrónico -con su respectiva evidencia criptográfica-; pues, de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichas determinaciones judiciales no se integran al incidente de suspensión para su fotocopiado. Lo anterior, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos, por lo que el interesado deberá proporcionar un dispositivo de almacenamiento externo tipo USB. Es importante destacar que dichas constancias pueden ser descargadas desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario que, en su caso, haya sido autorizado para la consulta del expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano