Jonathan Jeffrey Espino
Expediente 931/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jonathan Jeffrey Espino
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 931/2022. Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-IV-3 de la Delegación en el Estado de Puebla de la Fiscalía General de la República y el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. En consecuencia, se ordena formar el expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se exhorta a las partes para que tramiten el juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Se descarta urgencia y tramitación de suspensión de oficio y de plano. No ha lugar a proveer sobre la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, pues no se ubica dentro de los supuestos para su procedencia previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Es así, pues el quejoso reclama como acto reclamado la detención administrativa de la cual es sujeto y que lo mantiene en la estación migratoria en Puebla, sujeto al procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, tal acto no se trata de una detención fuera de procedimiento, expulsión, deportación destierro ni alguno de los actos previstos en los citados numerales, pues como se observa de la propia demanda, el quejoso se encuentra detenido en la estación migratoria en virtud de que su estancia en este país pudiera resultar irregular. Además, no pasa desapercibido el contenido de los artículos 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación para mayor abundamiento: ".Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." ".Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." ".Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." Ahora, la suscrita estima que no es procedente conceder la suspensión de plano ni de oficio, pues no se actualiza ninguno de los supuestos transcritos con antelación, ya que el acto aquí reclamado (detención administrativa) no es de los considerados por la Ley de Amparo para emitir un pronunciamiento de plano respecto de la suspensión de los actos reclamados. Sin pasar por alto que en la demanda de amparo se expone que, además, tiene la calidad de víctima y, como tal, debe declarar de forma anticipada (dada su calidad de extranjero sujeto a ser repatriado); medio de prueba que, de inicio, no pudo llevarse a cabo el veintinueve de este mes, porque los abogados de los imputados no comparecieron, se requería de un perito traductor para uno de ellos, el Instituto Nacional de Migración no había entregado todas las identificaciones de los migrantes detenidos y porque una de las personas extranjeras proporcionó su edad de forma incorrecta. De ahí que la referida audiencia, se difirió para el siete de septiembre del año en curso. A este respecto, es de trascendencia que en la demanda se problematiza esa situación (en el primer concepto de violación), bajo el argumento de que el quejosos se encuentra retenido en Instituto Nacional de Migración con base en la facultad que señala la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración, a través de la cual se permite resolver su situación migratoria después del plazo de quince días; misma que tilda de desproporcional y violatoria de sus derechos fundamentales. Entonces, como se apuntó, el quejoso se encuentra sometido a un procedimiento administrativo que lo mantiene alojado en la estación migratoria (no porque haya cometido algún delito ni porque sea decisión del Ministerio Público), por lo que como se adelantó, no se advierte alguna causa que haga procedente la suspensión de plano del acto reclamado. Pues se insiste, el quejoso consideró importante destacar en su primer concepto de violación, que se encuentra detenido ante el Instituto Nacional de Migración, conforme a su facultad prevista por el artículo 111, fracción V, de la Ley de Migración, el cual prevé que dicho instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros, en un plazo no mayor a quince días, salvo algunas excepciones, como cuando se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo o exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que pueda abandonar el país. Por lo anterior, la suscrita descarta la tramitación de la suspensión de oficio y de plano, pues además de que no la solicitó el quejoso, éste no se ubica en ninguno de los supuestos para su procedencia, máxime que resulta evidente que su detención en la estación migratoria de Puebla, es consecuencia del procedimiento administrativo que se le sigue para resolver su situación migratoria, y del desahogo de la prueba anticipada en la técnica de investigación +++++ del índice del Centro de Justicia Penal Federal. Por lo que la legalidad de la detección del quejoso será materia de estudio del juzgado en materia administrativa al que corresponda conocer. Declinación de competencia Sentado lo anterior, se observa que el acto reclamado en el presente juicio, consiste en la detención administrativa del quejoso en la estación migratoria en el Estado de Puebla. Sobre ese tema, cabe señalar que en sesión de diez de agosto de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió (por mayoría de votos) la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 353/2021. En dicha contracción se analizó el criterio emitido por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 1/2020, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/1 P (11a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, marzo de 2022, Tomo III, página 2619, con número de registro digital: 2024229; así como el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 12/2021, en el que determinó que cuando en un juicio de amparo indirecto los actos reclamados consistan en la restricción de la libertad personal con motivo de la orden de presentación, aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso en una estación migratoria, la competencia se surte en favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Con el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 27/2021, el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 33/2021 y el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 26/2021, en los que sustentaron que el acto de presentación y/o alojamiento de los extranjeros en una estación migratoria, es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal sólo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. Al respecto, la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en que sí existía contradicción de criterios y aquél que debía prevalecer era el relativo a: ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. ES UN ACTO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAME CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN ESA ESPECIALIDAD. Esto es, que la presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, constituye un acto de naturaleza administrativa, ello, en atención a que dicho acto constituye una medida provisional para que la persona permanezca en aquellas estaciones hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. Por consiguiente, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que el juez competente para conocer sobre la impugnación de los actos a los que se ha hecho mención, corresponde a un juez de distrito en materia administrativa (en términos del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente), no así a un juzgado federal que conozca de la materia penal. En ese fallo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó que la orden de presentación es una medida dictada por el Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues a pesar de que puede restringir la libertad personal de una persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual consiste en el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. Además, la referida instancia constitucional destacó que, de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencia, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en la ley referida y su reglamento (asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otros). La conclusión anterior aconteció en atención a que el Alto Tribunal estableció que la presentación o alojamiento de las personas migrantes no constituye un acto restrictivo de la libertad personal con características de naturaleza penal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. No pasa desapercibido que, debido a lo reciente de la resolución en comento (diez de agosto de dos mil veintidós) aún se encuentra pendiente de publicarse la jurisprudencia respectiva, sin embargo, dicho criterio es vinculante para este órgano jurisdiccional desde el momento de su emisión. De esa forma, en este expediente resulta imperante analizar el presupuesto procesal de competencia, en atención al criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que la competencia para conocer de un juicio de amparo, constituye una formalidad esencial del procedimiento, de orden público, que armoniza con la tutela judicial efectiva. En ese sentido, si a través del criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 353/2021, estableció que en los casos en que se reclame una orden de presentación o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, aquel acto constituye un acto de naturaleza administrativa, corresponde conocer al juez de amparo en dicha materia sobre la impugnación de los actos reclamados en este juicio. Máxime que como lo indicó el Alto Tribunal de referencia, los enunciados actos, así como los reclamados en este juicio, no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal de naturaleza penal, sino que por el contrario, tales actos son una medida que procura el control, la regulación, ingreso y permanencia de personas extranjeras en territorio nacional, como lo es en el caso. Se corrobora lo anterior pues de la demanda se desprende que el quejoso es migrante de nacionalidad ++++++++, el cual se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo al Instituto Nacional de Migración como él mismo lo indica, y el cual lo mantiene alojado en la estación migratoria de Puebla. Lo anterior sin pasar por alto el señalamiento del quejoso del agente del Ministerio Publico de la Federación titular de la Célula B-IV-3 de la Delegación en Puebla y como ejecutora al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, pues aun cuando se pretende involucrar a una autoridad administrativa que ejerce actos de naturaleza penal, lo cierto es que el acto reclamado es meramente administrativo y que de los antecedentes de la demanda se observa que la detención del quejoso en la estación migratoria está sujeta a un procedimiento seguido ante el Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal. En esas condiciones, esta operadora jurídica estima carecer de competencia en razón de la materia para resolver este asunto, por lo que en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que el órgano facultado para conocer del presente asunto, lo es un Juez de Distrito que conozca en razón de su especialización, de la materia administrativa, como en este caso lo sería un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P-/J. 21/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, que se transcribe a continuación: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." Resultado de lo expuesto, se considera que los actos relacionados con la detención del quejoso en la estación migratoria en Puebla, constituye un acto de naturaleza administrativa, esta juzgadora se encuentra impedida para admitir a trámite el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia para conocer del presente juicio de amparo promovido por ++++, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, quienes es el facultado para conocer del presente asunto, debido a que entre las materias de su especialidad, se ubica la materia administrativa, que es acorde con el acto que en esta vía se reclama. Por ello, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada y remita el acuse de recibo. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes y en el momento procesal oportuno archívese el mismo como asunto concluido. Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y a la oficial administrativa que se encarga de los libros de gobierno, realicen las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por materia. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física y esta no pueda ser remitida en vía electrónica Domicilio y Autorizados. Queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ++++++, pues se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en su periodo de vigencia por el similar 16/2022) del Consejo de la Judicatura Federal, se informa al quejoso o a su autorizado la posibilidad de que ofrezcan una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, como medios para ser contactados. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Autorización para la toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio procesal señalado en la demanda.
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 931/2022. Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-IV-3 de la Delegación en el Estado de Puebla de la Fiscalía General de la República y el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. En consecuencia, se ordena formar el expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se exhorta a las partes para que tramiten el juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Se descarta urgencia y tramitación de suspensión de oficio y de plano. No ha lugar a proveer sobre la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, pues no se ubica dentro de los supuestos para su procedencia previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Es así, pues el quejoso reclama como acto reclamado la detención administrativa de la cual es sujeto y que lo mantiene en la estación migratoria en Puebla, sujeto al procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, tal acto no se trata de una detención fuera de procedimiento, expulsión, deportación destierro ni alguno de los actos previstos en los citados numerales, pues como se observa de la propia demanda, el quejoso se encuentra detenido en la estación migratoria en virtud de que su estancia en este país pudiera resultar irregular. Además, no pasa desapercibido el contenido de los artículos 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación para mayor abundamiento: ".Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." ".Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." ".Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." Ahora, la suscrita estima que no es procedente conceder la suspensión de plano ni de oficio, pues no se actualiza ninguno de los supuestos transcritos con antelación, ya que el acto aquí reclamado (detención administrativa) no es de los considerados por la Ley de Amparo para emitir un pronunciamiento de plano respecto de la suspensión de los actos reclamados. Sin pasar por alto que en la demanda de amparo se expone que, además, tiene la calidad de víctima y, como tal, debe declarar de forma anticipada (dada su calidad de extranjero sujeto a ser repatriado); medio de prueba que, de inicio, no pudo llevarse a cabo el veintinueve de este mes, porque los abogados de los imputados no comparecieron, se requería de un perito traductor para uno de ellos, el Instituto Nacional de Migración no había entregado todas las identificaciones de los migrantes detenidos y porque una de las personas extranjeras proporcionó su edad de forma incorrecta. De ahí que la referida audiencia, se difirió para el siete de septiembre del año en curso. A este respecto, es de trascendencia que en la demanda se problematiza esa situación (en el primer concepto de violación), bajo el argumento de que el quejosos se encuentra retenido en Instituto Nacional de Migración con base en la facultad que señala la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración, a través de la cual se permite resolver su situación migratoria después del plazo de quince días; misma que tilda de desproporcional y violatoria de sus derechos fundamentales. Entonces, como se apuntó, el quejoso se encuentra sometido a un procedimiento administrativo que lo mantiene alojado en la estación migratoria (no porque haya cometido algún delito ni porque sea decisión del Ministerio Público), por lo que como se adelantó, no se advierte alguna causa que haga procedente la suspensión de plano del acto reclamado. Pues se insiste, el quejoso consideró importante destacar en su primer concepto de violación, que se encuentra detenido ante el Instituto Nacional de Migración, conforme a su facultad prevista por el artículo 111, fracción V, de la Ley de Migración, el cual prevé que dicho instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros, en un plazo no mayor a quince días, salvo algunas excepciones, como cuando se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo o exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que pueda abandonar el país. Por lo anterior, la suscrita descarta la tramitación de la suspensión de oficio y de plano, pues además de que no la solicitó el quejoso, éste no se ubica en ninguno de los supuestos para su procedencia, máxime que resulta evidente que su detención en la estación migratoria de Puebla, es consecuencia del procedimiento administrativo que se le sigue para resolver su situación migratoria, y del desahogo de la prueba anticipada en la técnica de investigación +++++ del índice del Centro de Justicia Penal Federal. Por lo que la legalidad de la detección del quejoso será materia de estudio del juzgado en materia administrativa al que corresponda conocer. Declinación de competencia Sentado lo anterior, se observa que el acto reclamado en el presente juicio, consiste en la detención administrativa del quejoso en la estación migratoria en el Estado de Puebla. Sobre ese tema, cabe señalar que en sesión de diez de agosto de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió (por mayoría de votos) la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 353/2021. En dicha contracción se analizó el criterio emitido por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 1/2020, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/1 P (11a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, marzo de 2022, Tomo III, página 2619, con número de registro digital: 2024229; así como el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 12/2021, en el que determinó que cuando en un juicio de amparo indirecto los actos reclamados consistan en la restricción de la libertad personal con motivo de la orden de presentación, aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso en una estación migratoria, la competencia se surte en favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Con el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 27/2021, el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 33/2021 y el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 26/2021, en los que sustentaron que el acto de presentación y/o alojamiento de los extranjeros en una estación migratoria, es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal sólo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. Al respecto, la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en que sí existía contradicción de criterios y aquél que debía prevalecer era el relativo a: ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. ES UN ACTO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAME CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN ESA ESPECIALIDAD. Esto es, que la presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, constituye un acto de naturaleza administrativa, ello, en atención a que dicho acto constituye una medida provisional para que la persona permanezca en aquellas estaciones hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. Por consiguiente, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que el juez competente para conocer sobre la impugnación de los actos a los que se ha hecho mención, corresponde a un juez de distrito en materia administrativa (en términos del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente), no así a un juzgado federal que conozca de la materia penal. En ese fallo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó que la orden de presentación es una medida dictada por el Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues a pesar de que puede restringir la libertad personal de una persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual consiste en el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. Además, la referida instancia constitucional destacó que, de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencia, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en la ley referida y su reglamento (asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otros). La conclusión anterior aconteció en atención a que el Alto Tribunal estableció que la presentación o alojamiento de las personas migrantes no constituye un acto restrictivo de la libertad personal con características de naturaleza penal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. No pasa desapercibido que, debido a lo reciente de la resolución en comento (diez de agosto de dos mil veintidós) aún se encuentra pendiente de publicarse la jurisprudencia respectiva, sin embargo, dicho criterio es vinculante para este órgano jurisdiccional desde el momento de su emisión. De esa forma, en este expediente resulta imperante analizar el presupuesto procesal de competencia, en atención al criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que la competencia para conocer de un juicio de amparo, constituye una formalidad esencial del procedimiento, de orden público, que armoniza con la tutela judicial efectiva. En ese sentido, si a través del criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 353/2021, estableció que en los casos en que se reclame una orden de presentación o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, aquel acto constituye un acto de naturaleza administrativa, corresponde conocer al juez de amparo en dicha materia sobre la impugnación de los actos reclamados en este juicio. Máxime que como lo indicó el Alto Tribunal de referencia, los enunciados actos, así como los reclamados en este juicio, no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal de naturaleza penal, sino que por el contrario, tales actos son una medida que procura el control, la regulación, ingreso y permanencia de personas extranjeras en territorio nacional, como lo es en el caso. Se corrobora lo anterior pues de la demanda se desprende que el quejoso es migrante de nacionalidad ++++++++, el cual se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo al Instituto Nacional de Migración como él mismo lo indica, y el cual lo mantiene alojado en la estación migratoria de Puebla. Lo anterior sin pasar por alto el señalamiento del quejoso del agente del Ministerio Publico de la Federación titular de la Célula B-IV-3 de la Delegación en Puebla y como ejecutora al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, pues aun cuando se pretende involucrar a una autoridad administrativa que ejerce actos de naturaleza penal, lo cierto es que el acto reclamado es meramente administrativo y que de los antecedentes de la demanda se observa que la detención del quejoso en la estación migratoria está sujeta a un procedimiento seguido ante el Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal. En esas condiciones, esta operadora jurídica estima carecer de competencia en razón de la materia para resolver este asunto, por lo que en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que el órgano facultado para conocer del presente asunto, lo es un Juez de Distrito que conozca en razón de su especialización, de la materia administrativa, como en este caso lo sería un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P-/J. 21/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, que se transcribe a continuación: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." Resultado de lo expuesto, se considera que los actos relacionados con la detención del quejoso en la estación migratoria en Puebla, constituye un acto de naturaleza administrativa, esta juzgadora se encuentra impedida para admitir a trámite el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia para conocer del presente juicio de amparo promovido por ++++, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, quienes es el facultado para conocer del presente asunto, debido a que entre las materias de su especialidad, se ubica la materia administrativa, que es acorde con el acto que en esta vía se reclama. Por ello, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada y remita el acuse de recibo. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes y en el momento procesal oportuno archívese el mismo como asunto concluido. Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y a la oficial administrativa que se encarga de los libros de gobierno, realicen las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por materia. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física y esta no pueda ser remitida en vía electrónica Domicilio y Autorizados. Queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ++++++, pues se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en su periodo de vigencia por el similar 16/2022) del Consejo de la Judicatura Federal, se informa al quejoso o a su autorizado la posibilidad de que ofrezcan una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, como medios para ser contactados. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Autorización para la toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio procesal señalado en la demanda.
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