Jonathan Martínez Catalán
Expediente 661/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 15/01/2018
Partes del expediente
- Jonathan Martínez Catalán
- David Arcos Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
I.- La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo en vigor, no se inconformó contra el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 289 a 291), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
TI.- El estado procesal de los presentes autos evidencia que feneció el plazo concedido en proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en relación con la forma en que la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la parte agraviada ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: Mediante escrito David Arcos Ramírez y Jonathan Martinez Catalan, por propio derecho, promovieron juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: ".III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL N. 1 "ALTIPLANO". b).- EL COMITÉ TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL N.1 "ALTIPLANO". IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- EL INFUNDADO, INMOTIVADO E ILEGAL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, AL SEGREGAR A LOS SUSCRITOS EN EL AREA DE C.O.C (CENTRO DE OBSERVACION Y CLASIFICACION) DEL CE.FE.RE.SO SOCIAL N.1 "ALTIPLANO, ESTO SIN FUNDAMENTO ALGUNO. 2.- LA INFUNDADA INMOTIVADA E ILEGAL REUBICACIÓN QUE DE LOS SUSCRITOS REALIZARON LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, EL REUBICARNOS DE MODULO SEIS (POBLACIÓN) AL CENTRO DE OBSERVACION Y CLASIFICACION, ESTO SIN MOTIVO LEGAL ALGUNO. 3.- EL ABUSO DE AUTORIDAD DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, AL AISLAR A LOS SUSCRITOS EN EL AREA DE OBSERVACION Y CLASIFICACIÓN DEL CE.FE.RE.SO NUMERO 1 "ALTIPLANO, ESTO SIN MOTIVO LEAL ALGUNO. 2. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda de amparo y seguido el juicio en las etapas correspondientes mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete se llevó a cabo la separación de juicios (por tratarse de diversos quejosos y actos reclamados derivados de distintas sesiones realizadas por la autoridad responsable) y se determinó que en el presente juicio únicamente se ocuparía del estudio relativo al acta número diez de ocho de marzo de dos mil diecisiete, del acto consistente en la reubicación de modulo en el que se encontraba recluido Jonathan Martínez Catalán, la segregación y aislamiento derivado de dicha reubicación 3. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "Primero. Se sobresee en el juicio promovido por Jonathan Martínez Catalán, respecto de los actos y por las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Jonathan Martínez Catalán, contra los actos emitidos por las autoridades señaladas en los considerandos segundo y quinto y por los motivos establecidos en el considerando último de la misma." 4. Mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete el sumario constitucional en que se actúa causó ejecutoria la sentencia referida y en auto de esa misma fecha se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Director General y Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. 5. La concesión de amparo fue para el efecto de que el Juez responsable se realizara lo siguiente: De forma inmediata se deje sin efectos la sesión número diez celebrada el ocho de marzo de dos mil diecisiete respecto del quejoso; y, Como consecuencia de ello, se regrese a Jonathan Martínez Catalán al módulo VII, Sección 1, Nivel A, Estancia 706/A, Dormitorio B. 6. Mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el dieciocho de septiembre del año en curso y el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunicó el cumplimiento al fallo protector, para lo cual remitió copia certificadas de las actas de sesión ordinaria números treinta y cinco y cuarenta y seis del comité técnico de ese centro. Dichas constancias, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°. De los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/12840/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/16636/2017 a través de los cuales la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, remitió copias debidamente certificadas de las sesiones Ordinarias del Comité Técnico de ese Centro, número treinta y cinco de treinta de agosto de dos mil diecisiete y cuarenta y seis de quince de noviembre de dos mil diecisiete; constancias en las que se puede apreciar que cumplió con lo encomendado en sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, pues mediante sesión ordinaria número treinta y cinco de treinta de agosto del año en curso, regresó al quejoso Jonathan Martínez Catalán al módulo VII, Sección 1, Nivel A, Estancia 706/A, Dormitorio B y por sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete dejó insubsistente la sesión número diez celebrada el ocho de marzo de dos mil diecisiete respecto del quejoso Jonathan Martínez Catalán. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
- Principal
I.- Vista la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal al quejoso Jonathan Martínez Catalán el acuerdo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 216 y 217), por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Por tanto, comisiónese al actuario judicial adscrito para que una vez sea levantada la contingencia que refiere, notifique al quejoso Jonathan Martínez Catalán el acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso dictado en el presente juicio.
- Principal
Toluca, México; cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de la sesión ordinaria del Comité Técnico, número cuarenta y seis de quince de noviembre de dos mil diecisiete. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, córrase traslado al quejoso con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe
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