Jonathan Guijosa García

Expediente 1292/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1292/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Jonathan Guijosa García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta que signa el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, a través del cual si bien aduce que devuelve sin diligenciar el exhorto 1065/2017, orden 1092/2017 (foja 78), deducido del presente asunto; lo cierto es que de las constancias que integran se advierte que dicha comunicación quedó debidamente diligenciada, en ese sentido, téngase por notificado al quejoso del proveído de diecisiete de octubre pasado (fojas 75 y 76). Asimismo, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante en el mencionado acuerdo de diecisiete de octubre último (fojas 75 y 76), y sin efectos el apercibimiento ahí contenido; acúsese recibo. Por otro lado, en razón de que no existe diligencia pendiente por acordar dese cumplimiento a lo ordenado en el citado auto y archívese el presente asunto. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.

  2. Principal

    UN ACUERDO: Notifíquese por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta y las constancias adjuntas remitidas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 928/2017, orden 955/2017 (foja 60); en ese sentido, téngase por notificada a la parte quejosa del auto de once de septiembre último (fojas 54 a 58), por medio del cual se desechó la demanda, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.

  4. Principal

    Toluca, México; a once de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por el Secretario Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 836/2017 (orden 863/2017) del índice estadístico de este órgano de control constitucional, por el cual se le encomendó notificar al quejoso Jonathan Guijosa García el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 10 a 17 ). En esas condiciones, téngase por notificado al impetrante de amparo del acuerdo de referencia y acúsese recibo. Ahora, agréguese en los mismos términos legales el escrito de cuanta signado por Jonathan Guijosa García, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento efectuado en proveído de proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 10 a 17), en consecuencia se provee: Que de la constancia de notificación personal practicada el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por el Notificador adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec (foja 36), en la cual obra la firma estampada por el agraviado, se advierte que ésta difiere notablemente de la visible en la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Jonathan Guijosa García fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. ESCRITO DE DEMANDA (FOJA 9) CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN (FOJA 36) OCURSO ACLARATORIO Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la constancia de notificación de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (foja 36), tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, de la diligencia referida se advierte que la firma estampada por el agraviado difiere notablemente de las visibles en la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Jonathan Guijosa García fue quien suscribió el escrito aclaratorio, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. En consecuencia, resulta ilógico especular que las firmas estampadas supuestamente por la misma persona contengan rasgos notoriamente diferentes, toda vez que la firma es el signo grafico que distingue a una persona de otra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda promovida por Jonathan Guijosa García. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.) publicada en la página 1344, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora bien, el artículo 6° de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso precepto legal 5º, de la misma legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, al no coincidir la firma estampada por Jonathan Guijosa García en la diligencia de notificación de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (foja 36), con la que calza la demanda de amparo (foja 9) y escrito aclaratorio, se advierte que dichos ocursos no fueron signados por el quejoso, de lo cual se deduce que el juicio de amparo no fue promovido por el gobernado a quien perjudica la actuación reclamada, con lo que se viola el principio de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la propia legislación. Sobre el particular se invoca, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia V.2o. J/75, publicada en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Tomo 68, Octava Época, del texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Y la tesis publicada con la clave V.1º.19K, en la página 1391 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Luego, en virtud de que el quejoso se encuentra interno en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México, con apoyo en lo establecido en los artículos 26, fracción I, inciso a), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Sultepec, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles tal y como el establece el diverso artículo 21 de la Ley de la materia, se constituya en el aludido centro carcelario, y notifique a personalmente a Jonathan Guijosa García, el contenido íntegro de la presente determinación. La autoridad exhortada deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia en vigor, en relación con los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese; y por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión.

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