Jonathan Ismael Mauricio Vázquez
Expediente 1196/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jonathan Ismael Mauricio Vázquez
- Jonathan Ismael Mauricio Vázquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental el presente expediente.
- Principal
"...Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que en la fecha fijada para la audiencia constitucional estarán trascurriendo los ocho días otorgados a los quejosos para que manifiesten lo que a sus intereses convenga con los informes justificados de las responsables; en tal virtud, se transfiere la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, y en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de agosto de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo que promueve Jonathan Ismael Mauricio Vázquez, Arturo Ramírez Lora, Diego Armando Torres Martínez, Ivan Beltrán González, Leonardo Israel López Rivera, Leonardo Olivas Campos, Carlos Alberto Hernández Manjarrez, José Pablo Ríos Serrano, Pedro Gómez Castillo, Juan Pérez Orozco, Fernando Noé Navarro Alonso, Roberto Gutiérrez Olvera, Josué Noé Martínez Padilla, Iván Luviano González, Marco Antonio Sánchez Trujillo, Martín López Gallegos, Benjamín Tadeo Mancera Rosas, Rene Yair Ruiz Márquez, Raúl López García, Francisco Javier Zavala Gama, Jonathan Fernando Valencia Hernández, Oscar Bibriesca Guzmán y Erika Esperanza Valencia Villa, regístrese bajo el número 1196/2018-V-A. DESECHAMIENTO Previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa indican lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De dichos preceptos se desprende uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el juicio de amparo, que es el principio de "iniciativa o instancia de parte agraviada" al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma autógrafa estampada en la demanda de amparo, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. De ahí que, al carecer el escrito de cuenta de firma autógrafa respecto de Erika Esperanza Valencia Villa, se pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, en razón de que al carecer de la firma autógrafa, se trata de un simple papel en que no se incorpora la voluntad del directo agraviado, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 214 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 146, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así como el criterio, con número de registro 218142, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en la página 315, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1992, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 6°, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Erika Esperanza Valencia Villa. ADMISIÓN Y ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Jonathan Ismael Mauricio Vázquez, Arturo Ramírez Lora, Diego Armando Torres Martínez, Ivan Beltrán González, Leonardo Israel López Rivera, Leonardo Olivas Campos, Carlos Alberto Hernández Manjarrez, José Pablo Ríos Serrano, Pedro Gómez Castillo, Juan Pérez Orozco, Fernando Noé Navarro Alonso, Roberto Gutiérrez Olvera, Josué Noé Martínez Padilla, Iván Luviano González, Marco Antonio Sánchez Trujillo, Martín López Gallegos, Benjamín Tadeo Mancera Rosas, Rene Yair Ruiz Márquez, Raúl López García, Francisco Javier Zavala Gama, Jonathan Fernando Valencia Hernández y Oscar Bibriesca Guzmán. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron como acto reclamado la orden de traslado y/o reubicación de dormitorio y celda, así como su ejecución; bajo ese tenor y dado que para ejecutar esos actos, podría existir una privación a la libertad fuera de procedimiento, incluso una incomunicación en su contra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que, si no se ha ejecutado, los quejosos: - No sean trasladados a diversos Centros Penitenciarios. - Ni reubicados de dormitorio y celda. En el entendido que dicha suspensión no surtirá efectos en los supuestos siguientes: 1.- Si se trata de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables; 2.- Si el traslado y/o cambio de celda o dormitorio obedece al desahogo de alguna prueba admitida en algún procedimiento judicial, o bien si se trata de la integración de una averiguación previa, así como traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial; 3.- Si el traslado y/o cambio de celda o dormitorio obedece a un mandato judicial, o que se trate de la consignación de una averiguación previa; 4.- Si el traslado y/o cambio de celda o dormitorio obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada o a una cuestión de competencia definida; 5.- Tratándose de delincuencia organizada o si se requieren medidas especiales de seguridad; y 6.- Si el traslado y/o cambio de celda o dormitorio está sustentado por razones notorias y actuales de seguridad en las prisiones, supuesto en el que la autoridad administrativa deberá informar inmediatamente y por escrito al juez respectivo, debiendo acreditar el seguimiento y convalidación por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, además de los supuestos de notoria urgencia, como en los casos en que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos (incluida la parte quejosa) y la seguridad y el orden del centro. Debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibidas de que si al rendir sus informes correspondientes afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia. Por tanto, al efecto, remítansele copia de la demanda de amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. En el entendido que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias la integridad y seguridad física de los impetrantes de garantías. Sin que haya lugar a ordenar tramitar incidente de suspensión por cuerda separada, en virtud de la medida cautelar decretada en párrafos que anteceden. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de ocho días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Cabe precisar que el término señalado no implica violación procesal alguna, atendiendo al derecho humano que se dice violado y el propio precepto señala que el informe deberá rendirse dentro de un plazo de quince días, esto es, no señala que será en ese término; lo cual faculta a este juzgador a establecer, de acuerdo al caso concreto, el plazo o término en que deban rendirse los informes; además de que con ello se garantiza que el juicio se integre más rápido. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (primera.seccion.tramite @correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1237. Por otro lado, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentran recluidos. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita a la parte quejosa, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sea notificada del presente acuerdo, manifieste en ese acto, si es su deseo señalar autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de le Ley de Amparo, se tiene como represente común de los quejosos a Jonathan Ismael Mauricio Vázquez. sin perjuicio que designen uno diverso a su petición. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de resultar incorrecta la denominación de las autoridades responsables, se dejarán de tener con ese carácter. TRANSPARENCIA En términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene por manifestada su oposición para la inclusión de sus datos personales en el presente juicio, por lo que se instruye al personal adscrito a la actuaría de este Juzgado, desincorporar el nombre del quejoso de las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, así como de las versiones públicas que puedan existir durante su tramitación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese; y, personalmente a los quejosos en el lugar en que se encuentran recluidos.
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