Jonathan Espindola Romero

Expediente 929/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
929/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Jonathan Espindola Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se otorgó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por último, devuélvase a la autoridad respectiva, las constancias que remitió a este juicio consistente en cuatro legajos de copias certificadas de la carpeta de investigación NUC: ECA/FRO/FRO/034/112074/18/06.

  2. Principal

    "...Agréguese para el único efecto de que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Directora del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado por auto de dieciséis de julio del presente año, lo anterior en virtud que por auto de veinticuatro de los corrientes, se tuvo por acordado el mismo en el presente expediente..."

  3. Principal

    Audiencia Constitucional En Naucalpan de Juárez, Estado de México siendo las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciocho, hora y día fijados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 929/2018-IV-B, promovido por Jesús Torres Marín; en audiencia pública Rosa María Sánchez Baltazar, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio número CCJ/ST/3571/2018 de diez de julio de dos mil dieciocho, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida del Secretario Tomás Martínez Moscoza, que da fe, con fundamento el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de las mismas. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas que obran en autos y certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. La Encargada del Despacho, acuerda: de conformidad con los preceptos antes citados, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las mismas y al no existir prueba pendiente por desahogar, procede a cerrar este periodo. Enseguida se abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos, por lo que se cierra este periodo. No habiendo otra prueba por desahogar ni promoción por acordar, en términos del ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda:V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 929/2018-IV-B; y, R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Jesús Torres Marín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Jonathan Espíndola Romero, en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Previa ratificación de la demanda presentada a favor de Jonathan Espíndola Romero, por auto de cuatro de junio del actual, este juzgado admitió la demanda que previamente se había registrado bajo el número 929/2018-IV-B; se solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público Federal y, señaló fecha para la audiencia constitucional C o n s i d e r a n d o: Primero. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades administrativas cuya ejecución afirman los quejosos se llevará dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama de las autoridades adelante señaladas: a). La incomunicación de la cual está siendo objeto el quejoso por parte de las autoridades responsables. b). La detención decretada en la carpeta de investigación NIC: FRO/FRO/00/MPI/634/00895/18/06 y NUC: ECA/FRO/FRO/034/112074/18/06. Tercero. El Fiscal Especializado en la Investigación del Delito de Robo Vehicular Zona Oriente (fojas 18 y 55 del juicio de amparo) (denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículo de Ocra Ecatepec, Estado de México y Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículo de Zona Oriente con sede en Ecatepec, Estado de México) al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados señalados en los incisos a) y b) que se le atribuyen (foja 18 y 55), sin que el peticionario del amparo haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve a apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o. J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, página 77, Materia Común, Octava Época, con registro 210769, que dispone: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Cuarto. Por su parte el Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con sede en Ocra en Ecatepec, Estado de México, no rindió informe justificado, únicamente exhibió las constancias requeridas por este juzgado (foja 62 del juicio de amparo); por tanto, no aceptó ni negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, en cuanto al consistente en la incomunicación de la cual segura el quejoso era objeto, dicho acto no se puede presumir como cierto, ya que de las constancias requeridas, (fojas del anexo de pruebas de la 67 a 73) se evidencia que Jonathan Espíndola Romero se encontró asistido por defensor privado; además, fue acompañado por este en la entrevista Ministerial con el Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con sede en Ocra en Ecatepec, Estado de México, practicado el dos de junio de dos mil dieciocho, a las once horas con treinta minutos, antes de la presentación de su demanda de amparo. Por tanto, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo en cuanto al acto reclamado consistente en la incomunicación, que afirma el quejoso de que fue objeto por parte del Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con sede en Ocra en Ecatepec, Estado de México, pues no aportó prueba que demostrara lo contrario. En consecuencia, se sobresee también en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Quinto. Ahora bien, por lo que respecta a la detención decretada en la carpeta de investigación NIC: FRO/FRO/00/MPI/634/00895/18/06 y NUC: ECA/FRO/FRO/034/112074/18/06, por el Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con sede en Ocra en Ecatepec, Estado de México; si bien es cierto dicha autoridad fue omisa en pronunciarse acerca dela existencia o inexistencia de dicho acto, de las constancias que se le requirieron se evidencia que estuvo a su disposición y decretó su detención (foja 38 del anexo), por ende, se tienen por ciertos los mismos. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Al respecto, la suscrita advierte oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al haberse actualizado una cesación de efectos respecto a la privación de la libertad (detención), del quejoso. De las constancias que integran los presentes autos se evidencia que el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no calificó de legal la retención decretada por la fiscalía encargada de la indagatoria penal (foja 37 del juicio de amparo), ordenando su inmediata libertad al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social del mismo municipio, mandamiento que fue cumplimentado por el mismo en la fecha antes indicada (foja 81 del juicio de amparo). En efecto, referente a tal acto reclamado, cesaron los efectos de la detención combatida, pues al no ratificarse la detención del quejoso y haber sido ordenada su libertad. Con lo anterior se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Causa de improcedencia que se actualiza en virtud de que, si bien es cierto, de las constancias que obran en autos, se advierte que el quejoso Jonthan Espíndola Romero fue detenido el primero de junio de dos mil dieciocho, y puesto a disposición ante el Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con sede en Ocra en Ecatepec, Estado de México, por la comisión del hecho delictuoso de Robo equiparado, dando inicio a la investigación NUC ECA/FRO/FRO/034/11207/18/06, también lo es, que el cuatro de junio del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no calificó de legal la retención decretada por la fiscalía encargada de la indagatoria penal (foja 37 del juicio de amparo), ordenando su inmediata libertad al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social del mismo municipio, mandamiento que fue cumplimentado por el mismo en la fecha antes indicada (foja 81 del juicio de amparo); circunstancia que produjo el resultado que se hubiera causado si se hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, que quedara sin efectos la detención decretada en su contra (foja 38 del anexo de pruebas). De lo que se sigue que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con base en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por analogía, la Tesis Aislada (Común), de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, a Página 1693, que a texto y rubro dicta: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata." Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 72, 73, 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Torres Marín a favor de Jonathan Espíndola Romero, respecto de los actos apuntados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el tercero, cuarto y sexto de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    "...Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, mediante el cual atiende el requerimiento formulado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, y al efecto remite copia certificada de la boleta de egreso del quejoso...en consecuencia, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que se anexan..."

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