Jonathan Fernandez Solano

Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
604/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Fernandez Solano
  • Orgenis Fernandez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 3 ??A???????????? demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 4 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 604/2022 promovido por Orgenis Fernández Ramos, Yarelis Solano Gutiérrez, por propio derecho y en representación del menor de iniciales J.F.S., contra actos de la Comisión Mexicana Ayuda Refugiados Delegación Tapachula dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad. La Secretaria hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 2-16 2 PREVENCIÓN 21-29 3 ESCRITO DESAHOGO PREVENCIÓN 33 4 AUTO ADMISORIO 43-47 5 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 48 6 EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO. INFORME JUSTIFICADO DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS. 64 a 66 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS. NEGATIVO La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las ofertó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, así como la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; luego, al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se declara cerrado este período. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra esta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 604/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Orgenis Fernández Ramos, Yarelis Solano Gutiérrez, por propio derecho y en representación del menor de iniciales J.F.S, por su propio derecho demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se dictó la suspensión de plano y en diverso de treinta de mayo se admitió a trámite el expediente 604/2022; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 publicados el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado consiste en: ? La dilación de expedirles la constancia de solicitud de refugio. ? La inminente detención, retención y deportación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Ciudad de México, al rendir su informe se aprecia la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la orden de detención, retención y deportación, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa con medio de convicción alguno (fojas 49 y 50). En ese sentido, al constituir el informe documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno. 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. En ese tenor, resultan inexistentes los indicados actos reclamados, máxime que la parte quejosa, no demostró lo contrario. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha potestad en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Sexta época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Página 236, número 284, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con datos de localización Época: Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Página: 627, número 20, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, residente en Ciudad de México, negó la existencia del acto reclamado consistente en la dilación de expedirles la constancia de solicitud de refugio; sin embargo, del contexto del informe se advierte la existencia del mismo (fojas 64 y 65). Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, surge la presunción de certeza del acto que se atribuye a las autoridades en comento. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII,3 en relación con el diverso 107, fracción V,4 a contrario sensu y 775, de la Ley de Amparo. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 4 Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] Para llegar a dicha conclusión, por lo que hace a la causa de improcedencia relacionada con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] 5 Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. La parte quejosa esencialmente expone que la omisión reclamada vulnera el artículo 22 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en virtud de que no se le ha expedido su constancia de trámite respecto de la solicitud de refugio. Lo anterior resulta inexacto ya que de la demanda de amparo, en el apartado "primer acto reclamado"; los quejosos relatan que con fecha once de mayo del año en curso, se les otorgó un citatorio para cada quejoso para presentarse el veintidós de junio de dos mil veintidós, para poder extenderles la constancia respecto a la solicitud de reconocimiento de condición de refugiados. Lo anterior conduce a establecer que no es el momento procesal para expedirles la constancia de solicitud de refugio, sino que ésta les será expedida hasta el veintidós de junio del presente año, fecha programada para iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. A consideración de este Juzgado de Distrito, no existe una vulneración a los derechos de la parte quejosa, pues el hecho de que se le haya dado cita para el mes de junio del año actual, a efecto de continuar su procedimiento de solicitud de refugio y, por tanto, que se postergara la emisión de la constancia de trámite, tiene una justificación objetiva. Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para la suscrita, los juicios de amparo que se encuentran radicados en este juzgado y que por tanto, puede ser invocados para mejor proveer respecto de la demanda de derechos humanos que nos ocupa, particularmente aquellos asuntos en donde señalan como autoridad responsable a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad; de donde se advierte que el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México, en representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de esta ciudad, en el que manifestó que ante el aumento inusitado de solicitudes de personas extranjeras solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados, se vio rebasada en su capacidad operacional; solicitudes que como lo dice la autoridad responsable sigue en aumento, esto debido a razones como reapertura de fronteras, el impacto económico por pandemia, las altas expectativas por cambio de gobierno de los Estados Unidos de América y la falta de alternativas de regularización migratoria. Es por ello que el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, emitió el PLAN DE OPERACIONES (MECANISMO DE CONTINGENCIA) PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, REFUGIADOS Y PERSONAS CON PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA QUE POR EL CARÁCTER URGENTE Y RELEVANTE LO REQUIERAN, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMAR FRENTE A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, así como el principio de no devolución de aquellas personas con necesidad de protección. En ese sentido se implementaron mecanismos emergentes de atención como los citatorios, para que las personas extranjeras puedan acceder al procedimiento de reconocimiento de refugiados, sin vulnerar su derecho a la solicitud de refugio. Mecanismo que se actualiza a la par de lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, que establece: "El reconocimiento de la condición de refugiado es individual. En caso de presentarse un ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 136 de la presente Ley y dicha situación 6 Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de produzca un incremento sustancial de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría podrá fijar los lineamientos que se seguirán para atenderlos como grupo, en tanto no existan elementos que aconsejen su atención en lo individual. Una vez atendido el ingreso masivo, tan pronto le sea posible a la Secretaría, procederá a la determinación individual de la condición de refugiado." Esto es, que con la expedición del citatorio se programan fechas para que el extranjero solicitante de asilo, se presente ante la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de esta ciudad, para iniciar el procedimiento de reconocimiento de refugiados, y a partir de ese momento no puede ser devuelto, expulsado o deportado a su país de origen o algún otro, hasta en tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, resuelva en definitiva la solicitud planteada, tal como se advierte del penúltimo párrafo del citatorio que le fue entregado a la parte quejosa y que enseguida se transcribe: ".Considerando lo anterior, y hasta tanto la COMAR no resuelva de manera definitiva su solicitud, con fundamento en el artículo 11 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 5, fracción I, 6, 7, 11 y 21 de la Ley Sobre Refugiados, dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. protección Complementaria y Asilo Político y artículos 6, 13 y 121 de la Ley de Migración la persona que porta este documento (ni sus familiares que lo acompañan) NO PUEDE SER DEVUELTA, EXPULSADA O DEPORTADA A SU PAÍS DE ORIGEN U OTRO PAÍS". Ahora bien, es necesario citar el contenido de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como el diverso 45 de su reglamento, que disponen: LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO "Artículo 22. La Secretaría expedirá a cada solicitante y a sus dependientes una constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Artículo 23. El solicitante deberá aportar sus datos de identificación completos y verídicos, los motivos en los cuales basa su solicitud, así como todos los elementos de los que disponga para sustentarla. Desde la presentación de la solicitud hasta antes de que la Secretaría emita resolución, el solicitante podrá aportar todas las pruebas que a su derecho convengan. La Secretaría, tomando en consideración el contexto social y cultural de donde provenga el solicitante, así como su edad, género y otras circunstancias particulares, realizará de manera personal las entrevistas que resulten necesarias, a fin de allegarse de elementos para el análisis de su solicitud. En la substanciación del procedimiento, especialmente durante el desarrollo de las entrevistas, en caso de ser necesario se contará con el apoyo de un traductor o intérprete y de los especialistas que se requieran para facilitar la comunicación con el solicitante, mismos que en todo momento deberán de preservar la confidencialidad de la información." "Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el particular. El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en los siguientes casos: I. La falta de información respecto de los hechos en que se basa la solicitud; II. La falta de traductor o especialistas que faciliten la comunicación con el solicitante; III. La imposibilidad de realizar entrevistas en razón de las condiciones de salud del solicitante; IV. La petición del extranjero para aportar elementos que sustenten su solicitud, o V. Cualquier otra circunstancia derivada del caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite a la Secretaría el adecuado desarrollo del procedimiento." REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA "Artículo 45. La Coordinación deberá resolver cada solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dentro del plazo de 45 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida. La resolución deberá estar fundada y motivada, debiéndose notificar de manera íntegra por escrito al solicitante o a su representante legal, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión. En caso que la resolución establezca que no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, deberá informársele sobre su derecho a presentar el recurso de revisión previsto por la Ley, así como los requisitos y plazos para ello. Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en copia íntegra al Instituto." Los artículos transcritos establecen el procedimiento para la tramitación del reconocimiento de la condición de refugiado; en primer lugar, se destaca que la Secretaría deberá expedir al solicitante y a sus dependientes una constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; ello para justificar el estatus migratorio en que se encuentra el extranjero. Después, la información que el solicitante deberá proporcionar, como son datos de identificación verídicos, así como los motivos y elementos en los que basa su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Presentada la solicitud, el organismo revisor deberá analizarla y evaluarla, para lo cual realizará las entrevistas que considere necesarias al solicitante, a efecto de allegarse de la información necesaria, considerando en todo momento el contexto social y cultural del solicitante, así como sus características de sexo, género, edad y otras circunstancias particulares. Además, para resolver el procedimiento referido, la autoridad responsable solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes, respecto de los antecedentes del solicitante. Recibida o no la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del plazo de cuarenta y cinco días, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados resolverá el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de manera fundada y motivada. Una vez dictada la resolución deberá notificarse al solicitante en los diez días siguientes, para que en caso que se determine que no se le reconoce la condición de refugiado, se encuentre en posibilidad de interponer el recurso de revisión previsto en la ley. En esa tesitura, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, no existe una abierta dilación del procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado, pues es innegable que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había iniciado el trámite solicitado por la parte quejosa, pues únicamente se fijó fecha y hora para que los extranjeros se constituyeran a dar inicio a su trámite de regulación migratoria a través del procedimiento de reconocimiento de condición de refugiados; sin que ello implique el inicio del trámite solicitado, pues la expedición del citatorio solo es un mecanismo de atención a fin de no vulnerar el derecho a la solicitud de refugio, con el fin de poder acceder a ese procedimiento. En efecto, de lo anteriormente relatado es posible advertir las particularidades del caso, toda vez que se aprecia que en el presente asunto, los quejosos Orgenis Fernández Ramos, Yarelis Solano Gutiérrez, por propio derecho y en representación del menor de iniciales J.F.S, presentaron la solicitud de refugio ante la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de esta ciudad, el once de mayo de dos mil veintidós, sin que la autoridad migratoria estuviera en aptitud de expedir la constancia de solicitud de refugio, pues hasta ese momento no se había iniciado el trámite respectivo, motivo por el cual hasta el momento se estima que no se han transgredido derechos sustantivos de la parte quejosa. Entonces, para que la función de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por cuanto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, debe ajustarse -como anteriormente se dijo- a lo establecido en los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que rigen el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, y esto sucede en el momento de iniciar el trámite respectivo, lo cual sucederá en la fecha en que se citó a la parte quejosa, en que la autoridad responsable les deberá otorgar la constancia de solicitud. Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano de la parte quejosa, considerando que desde el momento en que le fue programada la fecha para presentarse ante la autoridad responsable a iniciar el trámite correspondiente al procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ya cuenta con la prerrogativa jurídica de no devolución o deportación de este país; así como lo indica el citatorio que de la propia parte quejosa, por lo que no se le deja en estado de indefensión. Por tanto, queda de manifiesto que la supuesta dilación en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación por las consideraciones que indica y de manera analógica la jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.)7. En ese sentido, lo procedente es sobreseer el amparo solicitado por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Orgenis Fernández Ramos, Yarelis Solano Gutiérrez, por propio derecho y en representación del menor de iniciales J.F.S, en contra de los actos atribuidos precisados en el considerando 7 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, Décima Época, registro 2011580, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL,ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. segundo, atribuido a la autoridad señalada en el acta de la presente audiencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación de dicha Comisión en Chiapas, en cumplimiento al proveído de veinticinco de julio del año en curso. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/MFG

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa entre otras cosas reclama a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, así como la dilación de expedirles la constancia de solicitud de refugio. Ahora, de la documental que exhibe agregaron a su libelo constitucional, se aprecia que el once de mayo de dos mil veintidós, les informaron que debían acudir a las instalaciones de la responsable el veintidós de junio del año en curso con la finalidad de dar continuidad a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (foja 17). Por otro lado, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe manifestó que mediante oficio COMAR/JUR/3542/2022 de uno de junio de dos mil veintidós, solicitó al Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 Chiapas que realizara las acciones de asistencia institucional en favor de los quejosos (foja 51), sin que obre documento que acredite tal circunstancia. SE REQUIEREN CONSTANCIAS Bajo esa tesitura, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Delegación Tapachula, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita las constancias con las cuales acredita dar continuidad a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, asimismo informe cual es el estado que guarda la misma. Lo anterior, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Se apercibe al Titular de dicha Comisión, que en caso de ser omiso o no manifestar el impedimento que para ello tenga, se le impondrá multa, consistente en cien unidades de Medida y Actualización, esto, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 254 de la Ley de Amparo [específicamente a la persona física que ostente el cargo público correspondiente]. SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente de la certificación se desprende que para esta propia fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional. En ese sentido, por las razones precisadas en párrafos que anteceden, no es factible celebrar la misma, por lo que se difiere la fecha para la celebración de la YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 3 ??A???????????? audiencia constitucional y se señalan las once horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis1 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmin Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano