Jonathan Enrique Gonzalez Rivera
Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jonathan Enrique Gonzalez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el capítulo 7, sub punto 7.42, del manual de referencia el presente asunto es 2 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 susceptible de depuración, pues se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por lo que se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Por lo que una vez que transcurran tres años, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminando el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el artículo 9 del multicitado Acuerdo General. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 4 Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 203/2022, promovido por Esteban Marcelino Nieto Ojeda, en favor de Jonathan Enrique González Rivera, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, asistida por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO.CONSTANCIAS FOJAS1 Demanda de amparo.2 - 62 Auto admisorio.7 - 113 Emplazamiento a las autoridades responsables. 15 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO QUINCE "CPS CHIAPAS", CON SEDE EN VILLA COMALTITLÁN. Niega 33-34, 39-42. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas 1 DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO QUINCE "CPS CHIAPAS", CON SEDE EN VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS DOCUMENTAL 35-37, 43-47 La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, se abre el de ALEGATOS, El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 203/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Esteban Marcelino Nieto Ojeda, en favor de Jonathan Enrique González Rivera, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. En esa misma fecha, se formó expediente de amparo 203/2022, con la demanda promovida, contra los actos señalados, y mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, previa ratificación, se admitió a trámite las referida demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Los malos tratos, incomunicación, actos degradantes y tortura. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Directora Jurídica, en ausencia de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlá, Chiapas, negó la existencia de la totalidad de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas con prueba fehaciente alguna. Sirve de apoyo a esta determinación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 284, publicada en la página 36, del Tomo VI, Materia Común, jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES [.] Además, en el presente sumario obra la diligencia de notificación personal de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que el fedatario de este Juzgado de Distrito, hizo constar que al impetrante no se le apreció ningún tipo de lesiones, que su módulo cuenta con aire acondicionado y no se encontraba aislado, así como la propia manifestación del impetrante de que nunca lo han golpeado (foja 16), por lo cual, no existe medio probatorio alguno que corrobore los actos reclamados. A mayor abundamiento, en la referida notificación actuarial no existe indicio alguno en el sentido de que el quejoso, se encuentre en un área de castigo o de las denominadas mazmorras, de ahí que se determine la inexistencia de dichos actos reclamados, pues si el fedatario lo ha encontrado en el lugar donde realiza las notificaciones a la población carcelaria en general, resulta evidente que no existen tales actos de malos tratos, incomunicación, actos degradantes y tortura. Asimismo, respecto del acto reclamado de incomunicación, la autoridad responsable exhibió copia certificada de las papeletas de llamadas ordinarias individuales realizadas por el quejoso Jonathan Enrique González Rivera, pues ha realizado llamadas a Deyanira Yaneth Sánchez López (esposa), en las datas siguientes: diez, doce, dieciocho, veinte, veintiséis y veintiocho de marzo del presente año. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, toda vez que tienen el carácter de documentos públicos, en términos del numeral 129 del invocado Código Procesal Federal de aplicación supletoria, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público investido de fe pública y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firma y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes, y que demuestran que el quejoso han realizado llamadas telefónicas en el interior del centro de reclusión en donde se encuentra, teniendo comunicación con sus familiares. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. [.]. Cabe señalar al respecto, que pesa sobre la parte quejosa la carga de la prueba; es decir, el que promueve el juicio, está obligado a demostrar directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia en materia común cuyos datos de localización y texto son los siguientes, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, VI.2o. J/308, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, página 77, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. [.] En este contexto, no obstante que la parte quejosa tuvo conocimiento del contenido de los informes de las autoridades responsables, no aportó prueba idónea para desvirtuar las negativas de éstas. Asimismo, la tesis aislada, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1424, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:: "TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE.- [.]. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. [.] Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Esteban Marcelino Nieto Ojeda, en favor de Jonathan Enrique González Rivera, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de mayo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Directora Jurídica, en ausencia de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior y a la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada para hoy, en tales condiciones, y para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la misma y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. Sin que sea necesario hacer saber esta determinación a las autoridades responsables que ya están emplazadas, toda vez que este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese personalmente.
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Visto el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, no rindió su respectivo informe justificado y en autos obra constancia de su legal emplazamiento. Por lo tanto, para efecto de dictar resolución ajustada a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la citada autoridad, que dentro del término de tres días, siguiente a la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias de donde deriva el acto reclamado, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 apercibido que de no hacerlo, o no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, se le impondrá la multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. DIFERIMIENTO En tales condiciones, y para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada para hoy y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mi veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa
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