Jonathan de Jesus Ramírez Huerta
Expediente 1561/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1561/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Jonathan de Jesus Ramírez Huerta
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por Jonathan de Jesús Ramírez Huerta, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Segunda Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1561/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, son: La interlocutoria dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí quejoso en el juicio escrito familiar número 168/2013, del índice del Juzgado Segundo en materia Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, promovido por Amairani Sánchez Vargas, en contra del aquí impetrante de derechos. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la literalidad del artículo y fracción mencionados, se advierte que contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, éste debe interponerse antes de ocurrir al amparo, en la inteligencia de que el numeral citado abarca a todos los medios ordinarios de defensa con que cuenta la parte quejosa, y que con su interposición pueda lograrse la nulificación de los actos reclamados. Al respecto, los actos reclamados se hacen consistir en la interlocutoria dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí quejoso en el juicio escrito familiar número 168/2013, del índice del Juzgado responsable, en el que se declaró improcedente el incidente planteado. Dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto reclamado, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 382, 385 y 386 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, contemplan el recurso de apelación, pues establecen: Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 385.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Artículo 386.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. De lo antes relacionado se puede observar que el promovente incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, al tomar en consideración que contra el acto sobre el cual pretende ejercer la acción constitucional, que como se ha dicho en concreto lo constituye la interlocutoria dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio escrito familiar número 168/2013, del índice del Juzgado señalado como responsable, en el que el aquí quejoso tiene el carácter de demandado, procede el recurso de apelación, como lo estatuyen los numerales transcritos Sin que de lo relatado por el quejoso en su demanda constitucional, se advierta haya interpuesto el citado recurso de apelación en observancia al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, por ende en el caso, como se ha dicho se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, en su fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado, entonces, basta que la ley del acto los contenga para que el interesado deba ejercitarlos, de tal manera que no es optativo para éste cumplir o no con el principio de definitividad, sino obligatorio, en razón de que acorde al contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, impone para el agraviado la carga de agotar los medios legales de defensa establecidos, como requisito indispensable para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías. Sobre el particular, se comparte el criterio sostenido en la jurisprudencia número I.6º.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Sin que este Juzgado Federal soslaye los casos de excepción a este principio, previstos en los incisos a), b) y c) del mismo precepto y fracción; sin embargo, debe decirse en el caso, no estamos ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecta la libertad personal del quejoso, o bien, se trate de persona extraña al procedimiento; los cuales son considerados como una excepción al citado principio. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, visible en el Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1816 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Bajo ese panorama, resulta evidente que atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, el quejoso, previo a iniciar la acción constitucional debió agotar el medio ordinario de defensa en cuestión, pues estaba obligado a agotar el recurso en comento antes de acudir a este medio de Control Constitucional, por lo que al no hacerlo así, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 447, visible en la página 297, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS." Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señaló en el escrito que se provee y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Pedro Piedrín Betancourt y Reyes Baños Cuenca, toda vez que se localizó registro de sus cédulas profesionales en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los restantes profesionista que cita para tales efectos. Por otra parte, se le tiene proporcionando su correo electrónico fabiangv10328@gmail.com y su número telefónico 5951076214, ello para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCIÓN A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: "Visto el escrito de demanda signado por Jonathan de Jesús Ramírez Huerta, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Segunda Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1561/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, son: La interlocutoria dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí quejoso en el juicio escrito familiar número 168/2013, del índice del Juzgado Segundo en materia Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, promovido por Amairani Sánchez Vargas, en contra del aquí impetrante de derechos. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la literalidad del artículo y fracción mencionados, se advierte que contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, éste debe interponerse antes de ocurrir al amparo, en la inteligencia de que el numeral citado abarca a todos los medios ordinarios de defensa con que cuenta la parte quejosa, y que con su interposición pueda lograrse la nulificación de los actos reclamados. Al respecto, los actos reclamados se hacen consistir en la interlocutoria dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí quejoso en el juicio escrito familiar número 168/2013, del índice del Juzgado responsable, en el que se declaró improcedente el incidente planteado. Dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto reclamado, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 382, 385 y 386 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, contemplan el recurso de apelación, pues establecen: Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 385.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Artículo 386.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. De lo antes relacionado se puede observar que el promovente incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, al tomar en consideración que contra el acto sobre el cual pretende ejercer la acción constitucional, que como se ha dicho en concreto lo constituye la interlocutoria dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio escrito familiar número 168/2013, del índice del Juzgado señalado como responsable, en el que el aquí quejoso tiene el carácter de demandado, procede el recurso de apelación, como lo estatuyen los numerales transcritos Sin que de lo relatado por el quejoso en su demanda constitucional, se advierta haya interpuesto el citado recurso de apelación en observancia al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, por ende en el caso, como se ha dicho se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, en su fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado, entonces, basta que la ley del acto los contenga para que el interesado deba ejercitarlos, de tal manera que no es optativo para éste cumplir o no con el principio de definitividad, sino obligatorio, en razón de que acorde al contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, impone para el agraviado la carga de agotar los medios legales de defensa establecidos, como requisito indispensable para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías. Sobre el particular, se comparte el criterio sostenido en la jurisprudencia número I.6º.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Sin que este Juzgado Federal soslaye los casos de excepción a este principio, previstos en los incisos a), b) y c) del mismo precepto y fracción; sin embargo, debe decirse en el caso, no estamos ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecta la libertad personal del quejoso, o bien, se trate de persona extraña al procedimiento; los cuales son considerados como una excepción al citado principio. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, visible en el Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1816 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Bajo ese panorama, resulta evidente que atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, el quejoso, previo a iniciar la acción constitucional debió agotar el medio ordinario de defensa en cuestión, pues estaba obligado a agotar el recurso en comento antes de acudir a este medio de Control Constitucional, por lo que al no hacerlo así, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 447, visible en la página 297, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS." Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señaló en el escrito que se provee y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Pedro Piedrín Betancourt y Reyes Baños Cuenca, toda vez que se localizó registro de sus cédulas profesionales en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los restantes profesionista que cita para tales efectos. Por otra parte, se le tiene proporcionando su correo electrónico fabiangv10328@gmail.com y su número telefónico 5951076214, ello para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente."
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