Jonathan David Hernández Cisneros
Expediente 722/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Jonathan David Hernández Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual acusa recibo del diverso oficio 41144/2023 y anexos. Asimismo informa que el recurso de revisión interpuesto se admitió a trámite, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo 306/2023 de su índice. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y advirtiéndose que con esta fecha queda debidamente integrado el juicio de amparo 722/2023-5, promovido por ***, contra actos que reclama de Agente del Ministerio Publico de la Unidad Tres Adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo con residencia en Tulancingo de Bravo, Hidalgo; en consecuencia, como está ordenado en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, remítase el original del presente asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, sede en esta ciudad, para la tramitación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia de dos de junio del dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de derechos. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la resolución de dos de junio del año en curso, dictada en los autos del juicio de derechos en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución aludida; por lo que con copia simple del escrito de interposición de revisión y expresión de agravios, córrase traslado a las partes. Oportunamente, una vez que el presente expediente se encuentre integrado y sean agregadas las constancias con las cuales se acredite la notificación a las partes de la interposición del recurso que se hace valer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, así como el escrito original y la copia que corresponde al representante social de su adscripción. Es aplicable al particular, la tesis 2ª./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XX, septiembre de 2004, página 306, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el informe justificado rendido por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial en el Estado. Además, remite copias certificadas de la causa penal 124/2022, un disco versátil digital y constancia de emplazamiento. Por tanto, se le tiene remitiendo informe justificado, así como las actuaciones del expediente que refiere, disco compacto y constancia de emplazamiento. Respecto a las copias certificadas de la causa penal 124/2022, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la responsable, las constancias que anexa a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En el entendido que con fundamento en el artículo 91 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; se digitalizan todas las actuaciones que integran el anexo de referencia. Considerando el volumen de las constancias que remite, para un mejor manejo del presente expediente, se ordena abrir un ANEXO al juicio de derechos en que se actúa que contenga las copias de la causa de mérito, respetando el folio y entre sello original que les corresponde. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, se acota que el acto reclamado consiste: ". resolución de fecha 5 de abril de 2023, a través de la cual se resuelve improcedente la revisión de la medida cautelar consistente en sustituir la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por diversas que no afecten la libertad del quejoso, .". El artículo en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". De la interpretación de dicho precepto, se desprende que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que se observe el principio de definitividad, el cual significa que antes de acudir a la instancia constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa establecidos por la ley que rija el acto reclamado. Por tanto, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución o acto que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige dicho medio de control. Al respecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, procede el medio extraordinario de defensa, que es precisamente el juicio de amparo, porque si las partes afectadas no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. De vital importancia reviste señalar, que tal principio encuentra su razón de ser y su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo, de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso previamente a su promoción, debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley de la materia. Para ilustrar lo anterior, conviene citar el contenido de los artículos 153, 160 y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido". "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables". "Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia". De la interpretación de dichos preceptos, en lo que interesa, se advierte que el recurso de apelación es el medio de impugnación mediante el cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones relativas a las medidas cautelares, como lo es la revisión de éstas, cuyo objetivo es la sustitución o modificación de la medida cuando hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición. En ese sentido, el medio de impugnación idóneo para combatir la determinación judicial reclamada es el recurso de apelación; de ahí que, previo a la interposición del juicio de amparo, al ser el quejoso, imputado en el proceso penal de origen, debió agotar el principio de definitividad. Tiene aplicación al asunto de nuestra atención, la tesis aislada 1a. CCCXXIX/2018 (10a.), con registro digital 2018792, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA A RAÍZ DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCESOS PENALES MIXTOS. DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LAS REGLAS APLICABLES EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2017, determinó que el inculpado podrá solicitar la revisión de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hayan sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones. Ahora bien, el recurso de apelación que se interponga contra lo resuelto a raíz de la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, debe tramitarse y resolverse conforme a las reglas aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, por disposición expresa del invocado artículo quinto transitorio, al indicar que dicho mecanismo de revisión de medidas cautelares debe realizarse en términos de los artículos 153 a 171 de la citada legislación nacional, preceptos normativos entre los cuales el 160 establece que 'todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares [...] son apelables'." Además, suponiendo que se considerara al acto reclamado, como de ejecución irreparable; de cualquier forma, subsistiría la inviabilidad del juicio de amparo, habida cuenta que cobra preeminencia la observancia del principio de definitividad en estudio, en tanto que constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para la procedencia del juicio constitucional. Así es, la regla de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. De manera que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí mismo, una excepción al agotamiento de ese principio rector del juicio de amparo, porque se refiere al alcance que tiene el medio de impugnación y no a la naturaleza del acto reclamado. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) con Registro digital 2017117, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". A mayor abundamiento, cabe señalar, que en el caso particular no se configura alguna de las excepciones al principio de definitividad, previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se podrá observar de la explicación siguiente: 1. En la demanda de amparo no se reclamaron actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Tampoco se reclamó orden de aprehensión o reaprehensión; que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. 3. Dichos actos no afectan a personas extrañas al juicio. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. 5. El medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues el recurso de impugnación de que se trata, como se dijo anteriormente, se encuentra previsto en los artículos 153, 160 y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, como en el caso el acto reclamado por el quejoso ********************, consiste en la resolución de cinco de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio oral 124/2022, por los jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a través de la cual resolvieron improcedente la revisión de la medida cautelar plateada por los defensores del acusado aquí quejoso y otros, al no haber variado de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición; y contra tal resolución, no se interpuso el recurso de apelación a que se ha hecho mención, no obstante que en el resolutivo cuarto de la resolución reclamada se les hizo del conocimiento a los intervinientes que dicha resolución es apelable; lo que es evidente que no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de control constitucional. En virtud de lo anteriormente expuesto, ante la inminente actualización de la causal de improcedencia en cuestión, deviene inconcuso que debe SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dado el sentido del presente proveído. Notifíquese
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