Jonathan Alfredo Suárez de los Santos
Expediente 577/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jonathan Alfredo Suárez de los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de ocho de junio de dos mil veintitrés (fojas 60 a 62), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en virtud que no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido al quejoso *****, en proveído de quince de mayo de la anualidad que transcurre (fojas 9 a 22), para que ratificara la demanda de amparo, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, toda vez que el quejoso en comento, no ratificó el escrito de demanda, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por *****, a favor de *****. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, por auto de dieciocho de mayo del año en curso (fojas 45 a 49), se requirió a la promovente Linda Isabel Cancino Orantes, para que hiciera comparecer ante este Órgano de Control Constitucional, al directo quejoso Jonathan Alfredo Suarez de los Santos, a efecto de que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor; o bien, proporcionara el lugar en el cual se encontrara recluido o alojado, y ante qué autoridad se encuentra a disposición; sin que se pronunciara respecto de dicho requerimiento formulado en el auto en cita. En consecuencia, con la finalidad de que el directo quejoso Jonathan Alfredo Suarez de los Santos, se encuentre en aptitud de ratificar o no la demanda de amparo presentada que originó el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista que se fije en los estrados de este juzgado la presente determinación, el auto de quince de mayo del presente año (fojas 09 a 22) y las subsecuentes determinaciones aún las de carácter personal, a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale uno diverso para tales efectos. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en auto de quince de mayo del presente año (fojas 09 a 22), para el caso de omitir ratificar la demanda de amparo. AUTO 15 DE MAYO DE 2023 Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, a favor de ***, contra los actos de las siguientes autoridades responsables: 1. El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad; 2. El Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; 3. El Agente del Instituto Nacional de Migración, acantonado en el retén móvil sito debajo del puente seco, en carretera costera, ejido Viva México en esta ciudad; y, 4. El Comandante de la Policía Municipal de apellidos Chay Soto, de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, sito en interior de callejón vialidad s/n fraccionamiento Las Vegas de esta ciudad. ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Control Electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 577/2023-8-A. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Aseguramiento, detención o alojamiento prolongado por más de treinta y seis horas. La posible incomunicación. La privación de la libertad con fines de deportación o retorno asistido a su país de origen, fuera de procedimiento. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ASEGURAMIENTO, DETENCIÓN O ALOJAMIENTO PROLONGADO POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS. Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sean puestos en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. De ese modo, si en el caso particular en el capítulo de hechos el promovente expone que el quejoso fue detenido el doce de mayo de dos mil veintitrés por Agentes del Instituto Nacional de Migración, en la zona norte poniente de esta ciudad, sin precisar dónde se encuentra ubicado; no obstante, señala autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración con residencia en esta ciudad, por lo tanto, se obtiene que podría estar alojado en las Instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI de esta ciudad; lo cual consiste en la detención de migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Jonathan Alfredo Suárez de los Santos, respecto de los actos reclamados consistentes en la ilegal detención, aseguramiento con motivo del alojamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI, para el efecto de que si, a la fecha, la parte quejosa tiene más de treinta y seis horas alojado o retenido en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, SEA PUESTA EN INMEDIATA LIBERTAD, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 183/2022. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES DE DEPORTACIÓN O RETORNO ASISTIDO, FUERA DE PROCEDIMIENTO. Respecto del acto reclamado consistente en la posible incomunicación, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de ***, para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. (...)." Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. (...)." Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. (...)." Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ...' Ley de Amparo "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. ..." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que la parte quejosa Jonathan Alfredo Suárez de los Santos, no sea objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación de la libertad con fines de deportación fuera de procedimiento, para el efecto de que no se ejecute la orden de deportación de la parte quejosa, siempre y cuando dicho mandamiento se hubiere emitido fuera de procedimiento. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata las autoridades responsables en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le hagan saber a la parte quejosa su derecho como presentado: Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrán tener acceso; Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrán, si lo desean, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Acceder a comunicación telefónica; Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de la parte quejosa por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de la parte quejosa, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, registro digital 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (...)." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso de que la parte quejosa estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero. Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le de trámite a la solicitud que plantea la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. REQUERIMIENTO ESPECIAL Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; asimismo, deberán informar si en su base de datos ESTUVO REGISTRADA LA PARTE QUEJOSA DESDE EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN hasta el momento en que rindan su informe de suspensión de plano; de igual forma deberán indicar a qué lugar fue reubicada, esto es, informar si de la citada base de datos de las estaciones migratorias de esta Entidad Federativa o bien de toda la República existe registro relativo al ingreso o reingreso del quejoso; así como la fecha exacta y motivo por el cual, en su caso, dicha parte haya egresado. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que la parte quejosa ***, ratifique la petición de amparo, promovida a su favor por ***, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice a la parte quejosa ***; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar a la parte quejosa, en el lugar respectivo; Notificarle el presente auto; Requerirlo para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre. Requerirlo para que en ese mismo acto, manifieste su nacionalidad y la fecha exacta en que fue detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Apercibido que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas: Dar fe del estado físico en que se encuentra el quejoso. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Para efectos de lo anterior, se instruye a la autoridad migratoria, que será bajo su más estricta responsabilidad, brindar todas las facilidades al actuario judicial, para desarrollar la búsqueda de la parte quejosa, en todas y cada una de las áreas físicas que constituyen la dependencia; apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora una multa en los términos precisados en párrafos que preceden; además, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por desacato a una orden judicial. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. PREVENCIÓN Asimismo, una vez localizado el directo agraviado y hecha la ratificación de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se encuentren notificados de este acuerdo, por escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare su demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Precise si se encuentra sujeto a algún procedimiento administrativo migratorio, con el que se le pretenda deportar a su país de origen, o si a la fecha le fue notificado alguno, ello, en virtud que la deportación que refiere es consecuencia de algún procedimiento que se le haya instruido. SEGUNDO. Señale si desean designar como autorizada, a la persona que promueve en su nombre y señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda. TERCERO. Comunique si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman, así como el estado que guarda. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. DOMICILIO Y AUTORIZADO Resérvese acordar lo relativo al autorizado, domicilio para oír y recibir notificaciones y correo electrónico proporcionados, hasta en tanto la parte quejosa ratifique la demanda de amparo promovida a su favor y desahogue el requerimiento realizado en el párrafo anterior. EXPEDICIÓN DE COPIAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, y como lo solicita expídase copia certificada del presente proveído, la cual le será entregada en día y hora hábil, a través de la persona que indica en su demanda. Se le hace saber a la parte quejosa que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mantiene como horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de copias certificadas, previa identificación y razón que de su recibo obre en autos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente al directo quejoso en el lugar en que se encuentra alojado y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Autoridades responsables rinden sus informes de suspension de plano.- Por otra parte, de la lectura de los informes de las autoridades 1Representante Local, Encargado del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas y 2Directora de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, se advierte que derivado de una búsqueda dentro de los sistemas con los que cuentan y bases de datos, no encontraron registro con motivo de alojamiento o presentación del quejoso Jonathan Alfredo Suarez de los Santos, ante dicha estación o alguna otra estancia provisional que conforma la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Linda Isabel Cancino Orantes, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, haga comparecer ante este Órgano de Control Constitucional, al directo quejoso Jonathan Alfredo Suárez de los Santos, a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda presentada a su favor; o bien, proporcione el lugar en el cual se encuentre recluido o alojado, y ante qué autoridad se encuentra a disposición, para que este órgano jurisdiccional, se encuentre en aptitud de proveer lo que corresponda. En el entendido que de no presentarlo o no hacer manifestación alguna, dentro del plazo concedido, se notificará al directo quejoso en comento por lista el auto de quince de mayo del año en curso (fojas 9 a 22), así como los subsecuentes que se emitan en el presente juicio.
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