Jojo Seke Meluzolanga
Expediente 951/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jojo Seke Meluzolanga
- Loka Ndongalasia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Ayuda a Refugiados (COMAR), ambos con sede en esta ciudad y anexos; mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 39-42), notificado el treinta y uno del mismo mes y año, mediante oficio 26604/2023 (foja 44), comunica el cumplimiento a la suspensión definitiva y remite copias certificadas del expediente administrativo de la parte quejosa, para acreditar su dicho; de lo cual queda enterado este Juzgado para los efectos a que haya lugar. Lo anterior, en virtud que mediante auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 82-94), se recibieron las mismas constancias y se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por ende se dejaron sin efectos los apercibimientos ordenados en autos; además, con esa misma data en el cuaderno incidental se tuvo por cumplida la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta población y anexos, por medio del cual refiere que en cumplimiento a la suspensión definitiva dictada el siete de septiembre de dos mil veintitrés (41-54); que le fue notificado mediante el oficio 21496/2023 (foja 66), remite copias certificadas del expediente administrativo de la parte quejosa ***, de las cuales se desprende que en: Lo que respecta a la parte quejosa ***, emitió: 1. Acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno a la parte quejosa, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados (foja 100); lo cual le fue notificado al día siguiente (foja 101). 2. Acuerdo de veintiuno de septiembre dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte quejosa (foja 105), y le asignó la Clave Única de Refugiado *** (foja 107), lo cual le fue notificado en la misma fecha. 3. Clave Única de Registro de Población para Extranjeros *** a favor de la parte quejosa (foja 114). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de veintiuno del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquél. En lo que respecta a la parte quejosa ****, emitió: 1. Acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno a la parte quejosa, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados (fojas 88 y 93); lo cual les fue notificado al día siguiente (fojas 89 y 94). 2. Actas circunstanciadas de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 90 y 95), en la que el personal de esas oficinas informó que las personas extranjeras *** (fojas 93-97) y *** (fojas 88-92), no se presentaron a continuar con su admisión a trámite de reconocimiento de la condición de refugiados, por lo que se desechó el trámite ante la falta de interés jurídico del quejoso para continuar con el mismo. Conforme a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de lo informado por la citada autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, se le tiene al Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta Población, dando cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el presente incidente derivado del juicio de amparo 951/2023, dictada en la audiencia incidental de siete de septiembre de la presente anualidad (fojas 41-54), que le fue notificada ocho de ese mismo mes y año, como se advierte del acuse de recibo del oficio 21496/2023 (foja 66). No pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere confidenciales plasmados en su oficio, por lo que, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 8º, 9º, en relación con el 1º, y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. DOMICILIO Respecto del domicilio procesal que señala el oficiante, no ha lugar a tenerlo por designado, en virtud que la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. DELEGADOS De conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica la autoridad oficiante. MEDIOS ELECTRÓNICOS De igual manera, como lo solicita la responsable, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.T.15 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2007298, Libro 9, agosto de dos mil catorce, Tomo III, pagina 1560, de rubro: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). (...).". Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Lo anterior, infórmese a la autoridad responsable para su conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta Ciudad y anexos, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas constancias relativas a los actos reclamados. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. (...)." Ahora bien, por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, se analizan las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, respecto de los mencionados actos reclamados de los que se duele la parte quejosa ****, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...).". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, exhibió las siguientes documentales: En lo que respecta a la parte quejosa ***. 1. Acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno a la parte quejosa, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados (foja 65); lo cual le fue notificado al día siguiente (foja 66). 2. Acuerdo de veintiuno de septiembre dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte quejosa (foja 70), y le asignó la Clave Única de Refugiado (CUR) (foja 72), lo cual le fue notificado en la misma fecha. 3. Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor de la parte quejosa (foja 79). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de veintiuno del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquél. De igual manera, las autoridades responsables emitieron en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 45 y 47 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa ****, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que les fue notificada personalmente el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa ***, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal a la parte quejosa ***. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto en lo que respecta al quejoso ****, sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados. Por otra parte, en lo que respecta a los mencionados actos reclamados de los que se duele la parte quejosa ****, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Como se ve, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que emana de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, y ese acto fue sustituido por uno dictado con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que surge un impedimento jurídico para analizar el acto reclamado ya que no puede efectuarse su estudio sin afectar la nueva situación de derecho existente. En ese entendido, para estar en aptitud de resolver sobre la improcedencia de que se trata, es importante destacar cuándo se produce un cambio de situación jurídica. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio sustentado en la tesis aislada número 2a. CXI/96 , que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. (...)." Ahora, los supuestos que se prevén para la actualización de dicha causal son los que a continuación se reiteran: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (o en su caso, a la emisión del acto reclamado) se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente controvertido constitucional, se encuentran colmadas las hipótesis previamente descritas. Ciertamente, los requisitos establecidos en los incisos a) y b) se encuentran satisfechos, al haberse gestado en la secuela procesal el cambio de situación jurídica y con posterioridad a la presentación de la demanda. Ello se afirma, con las documentales públicas remitidas por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la que se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 55 y 60), desechó el trámite de los quejosos ****, para obtener la condición de refugiados, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por los promoventes, debido a que los quejosos no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados, y con ello encontrarse imposibilitados para continuar con el procedimiento de los mismos. Atendiendo a lo expuesto, es evidente que, se actualiza un cambio de la situación jurídica de la parte quejosa ****, por propio derecho, quedando consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas respecto de los citados actos reclamados, pues como se estableció, la afectación de la que se duele la parte quejosa, es la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual les impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP); y ello conlleva el que se regularice su situación migratoria, se les otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, existe imposibilidad de hacer un pronunciamiento al respecto, si la autoridad responsable, ante un desinterés de la propia parte beneficiada, desechó el procedimiento administrativo de donde derivaban los actos reclamados. Lo anterior, dado a que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a esos actos sin afectar la ulterior y nueva situación jurídica generada con posterioridad con motivo del auto dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable, desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que no se presentáron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiado. Aspectos éstos, que llevan a determinar la actualización de las hipótesis consagradas en los incisos c) y d); a saber, que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que hay autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa, instó la acción constitucional, por los actos que se describen en párrafos que anteceden, los cuales son sustituidos con motivo de la emisión de la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 55 y 60), en el que la autoridad responsable, desechó el trámite de donde emanan dichos actos reclamados, ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que no los mismos no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados, lo cual genera diversas consecuencias legales que se ven reflejadas en la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese tenor, es aplicable por las consideraciones que la rigen, la tesis I.11o.C.61 K (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390, Undécima Época, con registro digital 2025083, del rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. (...)." En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto en lo que respecta a los quejosos ***, sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados. Conforme lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...)". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las doce horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubiera requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que se encuentra transcurriendo el término para que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con sede en esta ciudad, rinda su informe justificado solicitado en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 24-31), quien se encuentra debidamente notificada mediante oficio 20857/2023, el cuatro de septiembre del año en curso, según la constancia de notificación que obra en autos (foja 36). En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
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