Jonathan Alexis Escobedo Ramírez
Expediente 429/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Jonathan Alexis Escobedo Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Requiérase a la autoridad responsable remita cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Ha CAUSADO EJECUTORIA; requiérase a autoridad responsable justifique haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, o en su caso comunique las medidas que adopte con tal finalidad o el impedimento legal que para ello tenga.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a **********, contra el acto precisado en el considerando segundo y autoridad señalada en el resultando primero, en atención a lo expuesto y para los efectos señalados en el decisorio cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 429/2019/V-B, y; RESULTANDO: PRIMERO. JONATHAN ALEXIS ESCOBEDO RAMÍREZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la siguiente autoridad: AUTORIDAD FOJA SENTIDO 1 Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz. 51 Cierto SEGUNDO. Admitida la demanda, y previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Con base en el análisis íntegro del escrito de demanda y demás constancias que conforman el expediente, se tiene como acto reclamado: La resolución de veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil 747/2018/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, la cual decidió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 747/2018/I que anexó al mismo (fojas 53 a 134). Constancias que al tratarse de documentos públicos cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. SE DEBE CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADO, en virtud de que la autoridad responsable omitió cumplir con su obligación constitucional de fundar y motivar el acto reclamado. Es importante precisar que el acto reclamado es una resolución que declara procedente la reclamación, esto es, una medida que fija una pensión alimenticia provisional, por lo que es claro que se encuentran involucrados derechos alimentarios y, por tanto, conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa. Ahora bien, a criterio del suscrito juzgador y suplidos en su deficiencia, resultan fundados los argumentos que en vía de conceptos de violación hace valer el impetrante de amparo. En efecto, la resolución reclamada transgrede en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se dice lo anterior, toda vez que la resolución reclamada no se ajusta a lo previsto por el artículo 242 del Código Civil del Estado, que establece que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En principio, cabe precisar que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos que se exigen por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que se traduce que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado. Entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, debe haber congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia por reiteración número cuarenta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y seis, del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con número de registro digital 910973, con el rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." En concordancia con lo anterior, resulta pertinente referirse al precepto legal que regula la reclamación, el cual se encuentra establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que dispone: "Articulo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de derecho familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." Del anterior artículo se desprende que, en los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento. Esto, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva. La primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; en cambio, la segunda, se decreta al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. Ahora bien, en primer término debe señalarse que la juez del conocimiento, para fundar la resolución que por esta vía se combate, en la que declaró procedente la reclamación interpuesta por el deudor alimentista en contra de la pensión alimenticia provisional decretada, invocó el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, así como los diversos artículos 210, 261, 265, 266, 327, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, y en la cual, en la parte que interesa, estableció lo siguiente: Que con la copia certificada del acta de nacimiento número mil novecientos siete, del libro diez y fecha de registro veintiocho de septiembre de dos mil once, el deudor alimentista acreditó tener un hijo de siete años, respecto del cual existe la presunción legal de necesitar alimentos. Por tanto, la autoridad responsable determinó regraduar la pensión alimenticia provisional reduciéndola del veinte al cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado del Nacional Monte de Piedad. Ahora bien, en atención a los argumentos vertidos al resolver el recurso de reclamación planteado, el suscrito advierte que la juez responsable omitió tomar en consideración de manera adecuada el principio de proporcionalidad que debe imperar al momento de determinar el monto de la pensión alimenticia. Al respecto, el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". En ese sentido, la juez responsable no explicó de manera clara las circunstancias que la llevaron a determinar que debía reducirse el porcentaje fijado como pensión alimenticia, del veinte al cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor, y por qué el mismo cumplía con los requisitos establecidos en el citado precepto legal. Se dice lo anterior, puesto que no analizó de manera conjunta la posibilidad del alimentista y la necesidad del acreedor alimentario, ni pormenorizó los razonamientos lógicos jurídicos de los motivos por los cuales fijó tal porcentaje para que fuera aportado por el deudor, lo que a su vez provoca estado de indefensión en la parte quejosa. Esto es, la responsable no expuso de manera clara y precisa cómo es que llegó a la conclusión de que el citado porcentaje fijado como pensión alimenticia, era suficiente para cubrir las necesidades del acreedor alimentario. Inclusive, no estableció los motivos por los cuales el porcentaje restante, era suficiente para que el demandado cubra sus propias necesidades. Esto es, no expuso de manera razonada el por qué ese porcentaje era suficiente para cubrir la comida, el vestido, la habitación, la educación y la asistencia en caso de enfermedad del acreedor alimentista. Lo anterior se afirma, porque la juez responsable únicamente se concretó a afirmar que se demostró la posibilidad de la aquí quejosa de proporcionar alimentos, y que se justificaba que la posibilidad del deudor era menor a la considerara en el auto de inicio, debido a la existencia de diverso acreedor. Por lo tanto, atendiendo a que los alimentos deben ser proporcionados entre las posibilidades del deudor y las necesidades de los acreedores, la juez responsable debió realizar el siguiente ejercicio y, conforme a su resultado, después de razonar cada uno de los siguientes aspectos, resolver lo conducente: 1) Establecer con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles eran las necesidades del acreedor, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que se desprenden de las constancias que obran en autos. 2) Establecer cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir, cuál es el sueldo que realmente percibe el demandado (si se advierte de autos o bien determinar si no fue probado), debiendo considerar aquí sus propios gastos o manutención. 3) Confrontarlas (necesidades-posibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el deudor está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resultaba excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. Todo ello era necesario que la juez de origen explicara, porque de esa forma tendría elementos para fijar, de acuerdo al artículo 242 del Código Civil del Estado, una pensión provisional justa y equitativa. Por tanto, al no haber ponderado la autoridad responsable dichas circunstancias, es innegable que el acto reclamado resulta violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el precepto 16 constitucional. Así pues, la interlocutoria reclamada contiene inconsistencias que trasgreden las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, pues de la lectura de ésta no se advierten todas las circunstancias que tenía que considerar para arribar, en su caso, a la disminución del porcentaje fijado como pensión alimenticia. Tiene aplicación al caso la tesis aislada VII.3o.C.17 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, visible en la página mil ciento sesenta y ocho, tomo XIV, Agosto de dos mil uno; publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 189215, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. EL JUEZ DEBE ANALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y PROBADAS, PARA DECIDIR LO TOCANTE AL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).". Bajo este contexto, SE DEBE OTORGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADOS para que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución: La autoridad responsable Juez Segundo de Primera del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, deje insubsistente la resolución de veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil 747/2018-I de su índice. Tomando en consideración lo expuesto en esta sentencia, emita una nueva, con libertad de jurisdicción, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero subsanando los vicios referidos. QUINTO. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. SEXTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16 y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a JONATHAN ALEXIS ESCOBEDO RAMÍREZ, contra el acto precisado en el considerando segundo y autoridad señalada en el resultando primero, en atención a lo expuesto y para los efectos señalados en el decisorio cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, hasta hoy cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la Secretaria Silvia Clementina Ochoa Castillo, que autoriza. Doy fe. JESA/SCOC/Edd
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