Joisé Luis Enríquez Ambell
Expediente 344/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Joisé Luis Enríquez Ambell
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
Dada imposibilidad de notificar personalmente proveído, efectúese por lista fijada en los estrados: "Xalapa, Veracruz, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del **********; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 344/2018 que le corresponde. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el particular, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El precepto transcrito, en la fracción citada, precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades referidas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción, los cuales se encuentran perfectamente identificados en la disposición aludida. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así, puede decirse que el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, dado que la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente. En virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado, se reitera, como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Para lo cual, por un lado, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; y, por otro, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Aunque, en relación con lo anterior, debe puntualizarse que el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad. Pues el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Al respecto, se considera ilustrativa la jurisprudencia 2a./J 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y siete, tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193141, de rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En este orden de ideas, el artículo 735 en relación con los diversos 752 y 762 a 764, todos de la Ley Federal del Trabajo, instituyen el incidente de nulidad como un recurso efectivo procedente contra la forma en que se ordena hacer una notificación y la manera en que ésta se desarrolla por parte del notificador. De ahí, que se infiera que, el incidente de nulidad procede contra aquellas actuaciones de la autoridad laboral en que se alegue la notificación mal hecha u omitida conforme a la Ley, de un acuerdo o proveído dictado en un procedimiento; así como respecto de la forma en que aquélla se realizó. Robustece lo anterior la tesis XVI.3o.C.T.1 L (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1807, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2000605, de rubro: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA LABORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE ORDENA LA FORMA DE HACER LA NOTIFICACIÓN DE UN PROVEÍDO PROCEDE EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Ahora bien, del análisis integral del escrito de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del **********, la falta de notificación del acuerdo de **********, dictado en el expediente **********, de su índice, mediante el cual modifica el apercibimiento decretado en auto de ********** y, en su lugar, apercibe al quejoso que de no comparecer a la audiencia de ratificación de documento, se le aplicará la multa, prevista por el artículo 198, fracción I, de la Ley del Servicio Civil de Veracruz. Derivado de lo anterior, señala también como acto reclamado, el acuerdo con folio ********** emitido por el Jefe de la Ofician de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad, que contiene el requerimiento de multa de **********, emanado como consecuencia directa del diverso de **********, en el que el Tribunal responsable hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de **********. Asimismo, se observa que éste último acto, se hace derivar del acuerdo de **********, al ser una consecuencia natural y legal del acto destacado y al no atacarse por vicios propios. De igual modo, se observa que el quejoso se duele de la falta de notificación del auto de **********, en razón de que, argumenta, el Tribunal responsable ordenó que se notificara dicho proveído en las oficinas de la institución para la cual él ya no laboraba, por lo que no se le notificó legalmente dicho acuerdo. Bajo estas premisas, debe decirse que contra el acto que por esta vía se impugna, consistente en la omisión de notificar a la parte quejosa el auto de ********** dictado en los autos del juicio **********, del índice del tribunal responsable, procede el **********, medio de defensa previsto por los artículos 752, 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es así, pues dicho medio de impugnación ordinario es el idóneo para combatir la omisión atribuida a la responsable, o bien, la forma en que el notificador adscrito a la responsable llevó a cabo la notificación de la que se duele el quejoso. Aunado a que la violación procesal reclamada, puede ser reparada por la propia autoridad responsable en sede judicial mediante la tramitación del incidente de nulidad respectivo. Por lo que, si la parte quejosa no agotó dicho medio ordinario de defensa, previo a acudir a solicitar la protección federal, se estima que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.3o.T. J/51, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la página 1403, Tomo XIX, Marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 181922, de rubro: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO." Circunstancia que torna improcedente este juicio de amparo y que debe hacerse extensiva al segundo acto reclamado, imputado el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, pues como el propio quejoso lo estableció en su escrito de amparo, éste acto deriva y es consecuencia directa, del que se destacó como improcedente. Motivo por el cual, una vez que recurra la falta de notificación indicada en sede judicial y, en su caso, ésta quede sin efectos, también quedará insubsistente el acto que en vía de consecuencia se combate en este biistancial. Por tanto, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados en este asunto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Apoya la determinación anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizada en la página 259, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186512, de epígrafe siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO." Asimismo, tiene aplicación la tesis I.4o.A.6 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1488, con número de registro 2002356, del texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizada en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ********** debido a que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. EXPEDICIÓN DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese personalmente."
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