Jonatan Raziel Gutiérrez Vera

Expediente 878/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
878/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Jonatan Raziel Gutiérrez Vera

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio que remite el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por el cual comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ******. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, al no existir documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del citado Acuerdo General; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación, y que se trata de un cuaderno de antecedentes, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno de antecedentes. Se estima que el presente cuadernillo carece de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo quince del mencionado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida ****, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el ordinal 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 878/2022. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de garantías promovida por ****, da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima carecer de competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de garantías de que se trata, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor dispone: "Artículo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.)". Tal precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando las consecuencias directas o inmediatas que con motivo del acto reclamo se generen, pues, su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de garantías el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Fijadas las bases de la competencia por territorio en materia de amparo, es necesario precisar que la quejosa señaló como acto reclamado, del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca y otras autoridades, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS Del presidente municipal Constitucional, Tesorero Municipal ambos del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca, y del representante legal de Fonatur Infraestructura, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamo la determinación y cobro de impuesto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico, contenido en las facturas siguientes: Periodo marzo de 2022 medidor 060563377, dos facturas en las que se consignan las cantidades de $926.48 y $24.87, por concepto de DESOTUR. (Impuesto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico). Periodo mayo de 2022, medidor 16268107, dos facturas en las que se consignan las cantidades de $42.10 y $1.13, por concepto DESOTUR. (Impuesto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico). Periodo mayo de 2022, medidor 060563377, dos facturas en las que se consignan las cantidades de $1,203.11 y $32.30, por concepto DESOTUR. (Impuesto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico). Periodo junio de 2022, medidor 060563377, dos facturas en las que se consignan las cantidades de $475.56 y $42.10, por concepto DESOTUR. (Impuesto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico).". En el presente asunto, el acto reclamado implica una ejecución material, que se traduce en la determinación y cobro de impuestos por concepto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico (DESOTUR) respecto de su domicilio ubicado en manzana 02 lote 14 C, residencial Arrocito, Santa María Huatulco, Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, que atribuye al presidente municipal y tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca y a Fonatur Infraestructura, Sociedad Anónima de Capital Variable, lugar donde tienen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, conforme al Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por lo que esa ejecución, en su caso, tiene ejecución en Santa María Huatulco, Santa Cruz Huatulco, Oaxaca; de ahí que este Juzgado de amparo estima que, en el caso, carece de competencia para conocer del asunto, la cual corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz, en turno. En las consideraciones apuntadas, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz, en turno, para lo cual remítase el escrito original de demanda de cuenta y las copias de la misma, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. No pasa inadvertida la circunstancia de que la parte quejosa señalara como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, pues, ello no es motivo bastante para que este Juzgado de Distrito sea competente para conocer de la demanda. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones no es un elemento útil para fincar competencia a favor de determinado órgano jurisdiccional. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 12/95, publicada en la página noventa y siete, tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito competente, realice la vinculación del expediente electrónico correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a Guillermo Abascal Mendoza y Carlos Alberto Ramírez Apolonio, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y como autorizados, únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos Abascal Mendoza por no contar con dicho registro y a las restantes personas que designan por así haberlo solicitado expresamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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