Jonas Roque Castillo

Expediente 608/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
608/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Integrantes de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tuxtepec, Oaxaca
  • Jonas Roque Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 608/2021 promovido por Jonás Roque Castillo, en contra de los integrantes que forman la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades. I. ANTECEDENTES 1. El quejoso Jonás Roque Castillo, reclama de Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, la dilación procesal y la omisión en acordar sus escritos en el expediente laboral 66/2019. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. Jonás Roque Castillo, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. 3. El quejoso denunció la violación de los artículos 1 en relación con los artículos, 8, 35 fracción V, 17 segundo párrafo, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la que mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite y se registró bajo el número 608/2021; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. COMPETENCIA 5. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad responsable señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD 6. Dado el acto omisivo del cual se duele el peticionario del amparo, relativo a la inatención de sus escritos presentados el dieciséis de noviembre, nueve de diciembre del año dos mil veinte y de fecha trece de enero del presente año, escritos recordatorios y complementarios, para que el tribunal del trabajo calificara las pruebas de las partes en el juicio laboral 66/2019, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse de una omisión que crea situaciones permanentes en la esfera jurídica del peticionario que no se subsanan mientras aquélla subsista. 7. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.1 8. En tales condiciones, como la demanda de amparo fue presentada el pasado treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, resulta evidente que su presentación fue oportuna. IV.FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 11. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 12. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el peticionario del amparo reclama de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el presidente, el representante del trabajo y el representante del capital de ese tribunal laboral:  La dilación procesal causada por la omisión de acordar sus escritos presentados el diecisiete de noviembre de dos mil veinte y el catorce de enero de dos mil veintiuno, así como, el libelo de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 66/2019 de su registro. 13. Lo anterior, porque la transgresión de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 en relación con los artículos, 8, 35 fracción V, 17 segundo párrafo, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen, en todo caso, conceptos de violación, no así, actos reclamados en sí mismos. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 14. El auxiliar de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuyó. 15. Sin embargo, de la lectura de dicho informe y de las constancias que acompañó las cuales tienen valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas, conforme a los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, admitió las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y que se encuentran en desahogo de las mismas, determinación le fue notificada al quejoso hasta el dos de junio de dos mil veintiuno, es decir, después de la presentación de la demanda de amparo. 16. En ese tenor, debe tenerse por cierta la omisión reclamada por el peticionario de amparo, que se atribuye a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, así como a los representantes respectivos. 17. Esta conclusión encuentra apoyo en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de contenido siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. 18. Al respecto, también es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. 19. Lo anterior, con la salvedad de que no es dable tener por existente la omisión de que se trata, atribuida al Presidente de la multicitada Junta Especial de Arbitraje, es así, puesto que de las propias constancias de autos, se advierte que el juicio laboral de origen se encuentra en etapa de instrucción, y de conformidad con lo previsto en el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo esa autoridad no está facultada para actuar individualmente en ea etapa procesal, por lo que es jurídicamente imposible atribuirle dicha omisión. 20. Tal declaración de inexistencia, se ve fortalecida por el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que plantea: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. 21. En ese orden, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto al acto omisivo atribuido al Presidente de la Junta Especial de Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ante su inexistencia. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA 22. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de la materia. 23. En primer término, este juzgado constitucional advierte que, en el caso concreto, respecto de las autoridades señaladas como Representante de Trabajo y Representante del Capital de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción II, 61, fracción XXIII y 108, fracción III, de la ley de la materia, que respectivamente, disponen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] 24. Del análisis realizado a los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 25. Del citado numeral 108, así como de los diversos 1º, fracción I. y 5o., fracción II de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 26. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. 27. Esto es, que el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general. 28. Conviene tener presente que, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha sostenido lo siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. 29. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad o, en su caso, de un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal cuyas funciones estén determinadas en ella, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 30. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, misma que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. 31. Conviene destacar que en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 32. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011 , del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 33. En ese tenor, si bien puede estimarse que los aludidos representantes del Trabajo y del Capital que forman parte de la referida Junta Especial de Arbitraje, son servidores públicos, lo cierto es que de conformidad con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, dichos tribunales funcionan de manera colegiada, de manera que no existe posibilidad de que, en forma individual, dichos representantes realicen actuaciones jurisdiccionales por no estar dentro de sus facultades y, por ende, tampoco puede atribuírseles una inacción en forma separada. 34. Así las cosas, se determina sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 1°, fracción I y 5, fracción II, y 108 fracción III de la ley de la materia, respecto de los Representantes del Trabajo y del Capital, que forman parte de la Junta Especial de Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 35. Por otro lado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, asiste la razón al auxiliar de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en relación a la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. 36. En general, esa causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 37.Resulta pertinente destacar que del informe justificado rendido, se advierte que en se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, se calificaron las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y que, al momento en que se resuelve, se encuentran en desahogo, destacando que dicha determinación le fue notificada al quejoso hasta el dos de junio de dos mil veintiuno. 38. En consecuencia, resulta evidente que la conducta omisiva que la parte quejosa atribuyó al tribunal laboral responsable, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad proveyó lo relativo a sus escritos presentados fecha dieciséis de noviembre, nueve de diciembre del año dos mil veinte y de fecha trece de enero del presente año, le fue notificado al quejoso el dos de junio de dos mil veintiuno. 39. De ahí, que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a sus escritos presentado fecha dieciséis de noviembre, nueve de diciembre del año dos mil veinte y de fecha trece de enero del presente año, en los que solicitó solicitaba se admitieran sus pruebas, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la omisión reprochada. 40. Lo anterior, porque se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, es decir, destruyéndolo como si se hubiera otorgado la protección constitucional. 41. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. 42. De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de una diversa, porque aun cuando opere sería irrelevante, dado que no cambiaría el sentido de esta resolución. 43. La determinación anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que indica: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. VII. DECISIÓN 44. De las constancias que integran el asunto, así como del análisis que precede, se concluye que, por una parte, la omisión atribuida al Presidente de la Junta Auxiliar de Arbitraje es inexistente; los representantes del trabajo y del capital no pueden ser considerados como autoridades para efecto del amparo por no tener facultades para actuar de forma individual en dicho tribunal laboral, y por último, cesaron los efectos de la omisión reclamada a la Junta Auxiliar de Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaaca, como órgano colegiado, de ahí que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 63, fracción IV; 61, fracción XXI, de la propia ley de la materia; la diversa causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 1°, fracción I y 5, fracción II, y 108 fracción III de la ley de la materia; por lo cual, procede sobreseer en el juicio. 45. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Jonás Roque Castillo, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos vertidos en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio, signado por el encargado de la oficina de telecomunicaciones de México, residente en esta ciudad, por el que informa que los oficios 18713/2021, 18714/2021, 18716/2021, 18717/2021 y 18718/2021, no fueron entregados en virtud que no contienen el domicilio de dichas autoridades; en consecuencia, a efecto de que las autoridades responsables queden enteradas del auto de seis de julio de este año, reexpídase vía estafeta nuevos oficios con la inserción de los autos de seis de este mes y año y de esta data. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el auxiliar de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien contesta los oficios 15489/2021, 15490/2021, 15491/2021, 15492/2021 y 15493/2021, por el que se les solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y dese vista a las partes. Por otra parte, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibidas las documentales que acompaña a su informe la aludida autoridad, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, con su contenido, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

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