Johana Alexandra González Perdomo
Expediente 916/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Yousset Franco González
- Johana Alexandra González Perdomo
- JOHANA ALEXANDRA GONZÁLEZ PERDOMO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra de la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, por el cual éste órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación asentada sin que la parte quejosa lo haya interpuesto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por la Directora de Dirección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de diciembre del año en curso, remite a este órgano jurisdiccional copia de la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte en el expediente migratorio de los quejosos. Sin mayor pronunciamiento al respecto, en razón que en proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la directora de dirección y retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de diciembre del año en curso, remite a este órgano jurisdiccional copia de la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte en el expediente migratorio de los quejosos; por tanto, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en el presente juicio, la parte quejosa reclama de la Secretaría de Gobernación lo siguiente: a) El "Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte; b) El "Acuerdo por el que se suspenden plazos, términos y actividades de la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril de dos mil veinte; c) El "Acuerdo Por El Que Se Amplía La Suspensión De Los Plazos, Términos Y Actividades En La Secretaría De Gobernación Hasta El 30 De Mayo De 2020, Con Las Exclusiones Que En El Mismo Se Indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte; y, d) El "Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y actividades en la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil veinte. Los Acuerdos anteriores fueron impugnados por los peticionarios de amparo aduciendo, al efecto, que derivado de su emisión no se había resuelto su situación migratoria en los Estados Unidos Mexicanos; ello, dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de los quejosos, registrado como CUR-104234. Ahora bien, de las constancias remitidas por la la directora de dirección y retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se desprende que el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se dictó la resolución correspondiente en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de los quejosos, registrado como CUR-104234; ello, en el sentido de no reconocer la condición de refugiados a Johana Alexandra González Perdomo, ni a sus acompañantes Ingrid Alejandra Franco González y Yousset Franco González. Resolución que le fue notificada personalmente el treinta de septiembre de dos mil veinte. Probanzas que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; precisándose que la documental descrita fue presentada electrónicamente a través del sistema integral de seguimiento de expedientes. Por tanto, es procedente analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de que las mismas deben ser examinadas de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: "62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sobre el particular, este Juzgado Federal de oficio advierte que se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dado que los Acuerdos reclamados si bien subsisten, lo cierto es que no pueden surtir efectos legales o materiales alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de los mismos. En la parte que interesa, dicho artículo prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". La fracción antes transcrita señala que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto materia del mismo. La razón legal de la causa de improcedencia en estudio estriba en que el efecto y finalidad del juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de la Materia, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor del peticionario, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada: por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho violado y, por ende, la sentencia que se dictare no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. Así, la causa de improcedencia en estudio tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, al dejar de existir la materia del mismo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". Debe precisarse que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo sujeta a estudio, y su símil establecida en la fracción XXI del citado ordenamiento legal, contemplan el supuesto de que el juicio de amparo es improcedente en virtud de que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos, pero con la diferencia de que la hipótesis de que se trata, la autoridad responsable no realizó intervención alguna para su actualización. Es aplicable al caso, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD". Luego entonces, con base en tal criterio, se puede establecer que la distinción entre ambas causas de improcedencia, radica en que la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo requiere de la actividad o participación de la autoridad responsable, que es la única que puede cesar los efectos del acto de autoridad; en tanto que la causa prevista en la fracción XXII del precepto en comento requiere que se presente una imposibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o materia del acto. En la especie, conviene recordar que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda expresamente refirió que efectivamente había señalado como actos reclamados los acuerdos antes precisados, precisamente porque derivado de su emisión no se había resuelto su situación migratoria en los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, si bien subsisten los Acuerdos reclamados, lo cierto es que ya no pueden surtir efectos legales o materiales, precisamente porque se resolvió el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de los quejosos. Lo anteriormente concluido se estima sin que sea necesario dar vista a la parte quejosa con las constancias que fueron remitidas; ya que se impuso de la resolución de veinticinco de septiembre de dos mi vente dictada en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de los quejosos, registrado como CUR-104234, el treinta siguiente. Por lo que tiene pleno conocimiento de su contenido al haberse impuesto del mismo. Ahora bien, se estima que la causa de improcedencia invocada surte plenos efectos jurídicos, en la medida de que la parte quejosa impugnó las disposiciones de carácter general, al señalar que con su emisión no se había resuelto su situación migratoria; es decir, la suspensión de su procedimiento tenía como sustento y origen los Acuerdos reclamados. Por tanto, esos Acuerdos ya no pueden surtir efecto jurídico ni material alguno, al haberse resuelto de manera definitiva el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de los quejosos, registrado como CUR-104234. Ello, pues los mismos subsisten (ya que no se han dejado sin efectos), pero ya no pueden ser analizados, al dejar de existir la materia respecto de la cual la parte quejosa estimó su sustento y origen. De ahí que el presente juicio de amparo deviene improcedente por lo que hace a: a) El "Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte; b) El "Acuerdo por el que se suspenden plazos, términos y actividades de la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril de dos mil veinte; c) El "Acuerdo Por El Que Se Amplía La Suspensión De Los Plazos, Términos Y Actividades En La Secretaría De Gobernación Hasta El 30 De Mayo De 2020, Con Las Exclusiones Que En El Mismo Se Indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte; y, d) El "Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y actividades en la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil veinte. Ello, al haber dejado de existir el objeto o la materia de éstos, lo cual no permite analizar los conceptos de violación que en su contra formuló la parte quejosa, puesto que su estudio sería ocioso y a nada práctico conduciría, por no poder obtener un beneficio mayor; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, resulta procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo cuerpo legal. Cabe agregar que no es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, pues aun dictando sentencia definitiva, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia en este juicio de amparo, pues el sentido de la misma indefectiblemente sería el mismo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada a las trece horas con treinta y cuatro minutos del día de hoy. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados diversos Acuerdos emitidos por la Secretaría de Gobernación, relacionados con la suspensión de trámites migratorios, aduciendo, al efecto, que derivado de su emisión no se ha resuelto su situación migratoria en los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, por ser necesarias para dictar la sentencia correspondiente, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 79 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional el estado procesal que guarda el expediente migratorio de Johana Alexandra González Perdomo, Ingrid Alejandra Franco González y Yousset Franco González, debiendo remitir las documentales con que sustente su dicho. Apercibido que de no hacerlo, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, será sancionada con una multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización, equivalente a $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior y no violar las normas esenciales del procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan en su lugar las trece horas con treinta y cuatro minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, para su verificativo. Notifíquese.
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