Joel Ruiz Reyes
Expediente 1251/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1251/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Joel Ruiz Reyes
Actuaciones
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación con la que se da cuenta, de la que se advierte que el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por el cual éste órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha transcurrido en exceso, según se desprende de la certificación asentada por la secretaría, sin que las partes lo hayan interpuesto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.
- Principal
Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio de las autoridades responsables Director y Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Dr. Fernando Quiroz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, cumplen el requerimiento contenido en el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veinte y remiten diversas constancias relativas con el cumplimiento de la suspensión de plano concedida, entre las cuales se desprende el certificado de defunción del quejoso con folio 210158587. En razón de lo anterior, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en autos. Ahora bien, resulta importante destacar que en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir, entre otros, en la negativa de brindarle atención médica al quejoso Joel Ruíz Reyes, la cual requería conforme a su padecimiento, esto es, la omisión de aplicarle los tratamientos adecuados para combatir el patógeno SARS-CoV2, así como la incomunicación del quejoso con sus familiares. Con base en lo anterior, y considerando las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable y particularmente las constancias remitidas como complemento al informe requerido, de las que se desprende el fallecimiento del quejoso, es de concluirse que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, la cual dispone que procede el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso muera durante el juicio, y el acto reclamado solo afecte a su persona, situación que acontece en el presente asunto. Así las cosas, tomando en consideración que de acuerdo con el artículo 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente podrá seguirse a instancia de parte, y al haber quedado acreditado que el aquí quejoso falleció el veintidós de diciembre de dos mil veinte, resulta ocioso continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por lo que en términos del artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Por los motivos expuestos con antelación, se dejan sin efectos las medidas cautelares dictadas en autos. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Julio César Ortiz Valdez, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa. En atención a su contenido, se tiene al ocursante solicitando a este juzgado de Distrito se requiera a las autoridades responsables su informe de suspensión de plano en virtud que manifiesta que las mismas no lo han rendido dentro del plazo que les fue concedido para tal efecto. Al respecto, por cuanto al informe de suspensión de plano de la autoridad responsable Director del Hospital General Dr. Fernando Quiroz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintidós de diciembre en curso. Ahora bien, en relación al informe de suspensión de plano de la autoridad responsable Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Dr. Fernando Quiroz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que dicha autoridad no ha rendido el mismo, a pesar de estar debidamente notificada del oficio en el que le fue requerido, desde las veintidós horas con veintiséis minutos del dieciséis de diciembre en curso, tal como se desprende del acuse de recibo del oficio que le fue remitido para tal efecto. Por tanto, requiérase por última ocasión a la citada autoridad, para que dentro del término de veinticuatro horas, rinda su informe de suspensión de plano requerido, y remita las constancias necesarias para informar el cumplimiento a tal medida cautelar, con el apercibimiento de no hacerlo así, se procederá a hacer efectivos los apercibimientos que fueron decretados en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, se tiene al ocursante solicitando a este juzgado de Distrito que se ordene a las autoridades responsables le brinden el equipo de protección "EPP", a Elsa Dolores Gutiérrez Morales, y se le permita el acceso al hospital en donde se encuentra internado el directo quejoso Joel Ruiz Reyes, para "despedirse" de él, por ser esta la voluntad del quejoso, y, porque es dicha negativa de ingreso, la que está causando al quejoso un estado de "tormento" que le puede causar una muerte no digna. Al respecto, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de manera favorable su solicitud, en virtud que es de conocimiento general la situación grave que se encuentra atravesando el país derivado de la propagación del virus SARS- CoV2 (COVID-19), por lo que, acordar lo contrario, sería poner en riesgo la vida de una persona al estar en contacto directo con otra con síntomas del citado virus (esto, incluso con las medidas de protección que sugiere el ocursante), por ello no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición, en aras de salvaguardar la integrad física de las personas. Máxime, que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de cometer actos de incomunicación en contra del quejoso, sin que ello implicara, precisamente autorizar el acceso personal a sus familiares al hospital en el que se encuentra internado el mismo, sino únicamente mantenerlos al tanto del estado de salud del quejoso, a través de medios electrónicos, ello, con la finalidad de evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Notifíquese.
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo que promueve Omar Ruiz Gutiérrez, en nombre y representación de Joel Ruiz Reyes, contra actos del Director del Hospital General Dr. Fernando Quiroz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1251/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Consideraciones previas. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado destacado se hace consistir en la negativa de brindarle atención médica a Joel Ruiz Reyes, la cual requiere conforme a su padecimiento, esto es, la omisión de aplicarle los tratamientos adecuados para combatir el patógeno SARS-CoV2. Según relata el promovente, bajo protesta de decir verdad, el diez de diciembre de dos mil veinte el quejoso, y sus familiares se les entregó el resultado positivo por contagio de SARS-CoV2, sin embargo, el quejoso agravó su padecimiento en días posteriores, por lo cual fue ingresado al Servicio de Urgencias del Hospital General Dr. Fernando Quiroz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que se permitiera saber más de él. Señala además que, a partir de su ingreso al nosocomio antes mencionado, no han tenido comunicación con el mencionado quejoso, y lo que les informa es que su estado es grave. Ahora bien, el artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, asimismo, en lo que a aquí importa, establece: "4º. [.] --- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [.]" De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Ahora bien, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece lo siguiente: "Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables". A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Por tanto, este Juzgado Federal concluye que la falta de asistencia médica a Joel Ruiz Reyes, podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental y al derecho de atención a la salud, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Suspensión de plano. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida del paciente quejoso, se concede la suspensión de plano del acto reclamado únicamente por lo que hace al acto reclamado que se hace consistir en la omisión de darle la atención médica que requiere y, para el efecto de que se le valore de inmediato atendiendo a su padecimiento, por lo que el médico o médicos que le atiendan deberán otorgarle el tratamiento que estimen pertinente, es decir, deberán efectuar los estudios suficientes, suministrar los medicamentos y realizar los procedimientos médicos que sean necesarios a efecto de preservar su derecho a la salud. De igual forma, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de cometer actos de incomunicación en contra del justiciable, sin que ello implique autorizar el acceso personal a sus familiares al hospital en el que se encuentra internado el quejoso, sino mantenerlos al tanto del estado de salud del quejoso, a través de medios electrónicos, ello a fin de evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para lo anterior, deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad su vida, salud e integridad física y personal. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, así como a la urgencia de la medida cautelar concedida en autos, y los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que den cumplimiento a la mencionada medida cautelar, y de ser el caso, emitan las instrucciones necesarias a efecto de acatar tal mandamiento a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. Debiendo acreditar con constancias fehacientes a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que hayan realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, inclusive ante autoridades diversas a las señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, anexando las constancias que demuestren el cumplimiento dado a la misma, las cuales podrán enviar vía correo institucional 4jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada número I.12o.A.8K, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1289, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, A CUALQUIER AUTORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SEA PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Por la propia naturaleza que como medida precautoria tiene la suspensión del acto reclamado dentro del contexto protector de garantías constitucionales que se concreta mediante el juicio de amparo, medida que persigue preservar la materia del juicio y proteger los intereses de la parte quejosa hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva de fondo correspondiente, haciendo prevalecer la situación jurídica existente hasta antes de la emisión del acto reclamado para proteger los derechos fundamentales cuya eficaz protección se impetra, es perfectamente válido considerar que el Juez de Distrito, una vez determinada la procedencia de su concesión, para lograr el objetivo que con ella se pretende, puede requerir a cualquier autoridad, independientemente de que haya participado en el juicio de garantías o no, para que realice los actos conducentes a tal finalidad o, en su caso, omita aquellos que pudieran hacer nugatoria la concesión de la protección constitucional que en su caso llegara a decretarse, por haber sido irreparablemente consumado el acto reclamado." Requerimiento para ratificación. Toda vez que la demanda de que se trata fue promovida por Omar Ruiz Gutiérrez, en nombre y representación de Joel Ruiz Reyes, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la persona señalada en último término para que, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, o en su defecto, al momento de la notificación del presente acuerdo, ratifique la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en la inteligencia de que para ello deberán comparecer al local de este Juzgado con identificación oficial vigente. En preparación de lo anterior, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que practique la referida diligencia en el nosocomio en que se encuentra internado el quejoso, debiendo tomar las medidas de protección pertinentes. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Ortiz Valdez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y como autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que menciona. Consulta de expediente electrónico y notificación vía electrónica. Vista la certificación secretarial en la que se asentó que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para efectos de autorizar la consulta del expediente electrónico, el nombre de usuario: "JULIORVA", corresponde a Julio César Ortiz Valdez. En virtud de lo expuesto, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Julio César Ortiz Valdez, así como que se realicen las notificaciones electrónicas al referido usuario "JULIORVA". Asimismo, notifíquese el presente auto por vía electrónica, así como las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, del ordenamiento citado. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Transparencia. Se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informe de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese personalmente y vía electrónica a la parte quejosa.
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