Joel Zarate Sandoval
Expediente 1911/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1911/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/03/2019
Partes del expediente
- Joel Zarate Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia del cheque expedido a nombre de la parte promovente del amparo y recibido por ésta; sin embargo, agréguese dicho libelo únicamente para que obra como corresponda, en virtud de que en auto de dos de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos.
- Principal
***TEPIC, NAYARIT, DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintidós de noviembre del pasado (fojas 83 a 85), la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cinco de diciembre del mismo año (foja 88), se dio vista a la parte agraviada para que compareciera ante las oficinas de la autoridad oficiante a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria de mérito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento dado a la misma, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 73 y 74), se concedió a Joel Zárate Sandoval, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".Por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $7,042.56 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., respecto del instrumento público 64,127 emitido por el Notario Público número trece, con sede en esta ciudad.". Sentencia que causó ejecutoria el siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 61), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. Así, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintidós de noviembre del año pasado (fojas 83 a 85), la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición el cheque expedido por la Institución Bancaria Santander Sociedad Anónima, correspondiente al pago del monto erogado por los conceptos declarados inconstitucionales y su actualización; por lo que se requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título nominativo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, $7,042.56 (siete mil cuarenta y dos pesos 56/100 moneda nacional), debe restársele la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde el monto mínimo a pagar, tal como está ordenado en la sentencia, lo que arroja un total de $6,762.56. (seis mil setecientos sesenta y dos pesos 56/100 moneda nacional). De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de $6,866.19 (seis mil ochocientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en veintiocho de julio de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el trece de noviembre dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 79), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre entre el índice para el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440 y para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 99.909, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0153. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,762.56 (seis mil setecientos sesenta y dos pesos 56/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,866.02 (seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $103.46 (ciento y tres pesos 46/100). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $6,866.02 (seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $6,866.19 (seis mil ochocientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), es decir, hay un excedente de $0.17 (17/100 centavos moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerlos, así como los que efectué la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
***TEPIC, NAYARIT, DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintidós de noviembre del pasado (fojas 83 a 85), la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cinco de diciembre del mismo año (foja 88), se dio vista a la parte agraviada para que compareciera ante las oficinas de la autoridad oficiante a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria de mérito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento dado a la misma, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 73 y 74), se concedió a Joel Zárate Sandoval, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".Por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $7,042.56 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., respecto del instrumento público 64,127 emitido por el Notario Público número trece, con sede en esta ciudad.". Sentencia que causó ejecutoria el siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 61), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. Así, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintidós de noviembre del año pasado (fojas 83 a 85), la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición el cheque expedido por la Institución Bancaria Santander Sociedad Anónima, correspondiente al pago del monto erogado por los conceptos declarados inconstitucionales y su actualización; por lo que se requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título nominativo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, $7,042.56 (siete mil cuarenta y dos pesos 56/100 moneda nacional), debe restársele la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde el monto mínimo a pagar, tal como está ordenado en la sentencia, lo que arroja un total de $6,762.56. (seis mil setecientos sesenta y dos pesos 56/100 moneda nacional). De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de $6,866.19 (seis mil ochocientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en veintiocho de julio de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el trece de noviembre dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 79), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre entre el índice para el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440 y para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 99.909, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0153. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,762.56 (seis mil setecientos sesenta y dos pesos 56/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,866.02 (seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $103.46 (ciento y tres pesos 46/100). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $6,866.02 (seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $6,866.19 (seis mil ochocientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), es decir, hay un excedente de $0.17 (17/100 centavos moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerlos, así como los que efectué la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de este año, la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que el quejoso no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición, a pesar de encontrarse debidamente notificado; luego, a la fecha el ente responsable y el propio promovente del amparo, han sido omisos en informar si se cobró dicho cheque. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo y anexo presentados por el ente responsable el veintidós de noviembre de este año (fojas 83 a 84), así mismo requiérasele, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Joel Octavio Tejeda Juárez984/2018
- JOEL PALOMERA RAMOS y Otros.1878/2016
- Joel Rivera Leyva1820/2019
- Joel Rodríguez Jiménez94/2017
- Joel Rodríguez Jiménez912/2018
- Joel Rodríguez Jiménez2036/2016
- Johana Nallely Cruz Ornelas2152/2017
- Johana Polet Valenzuela Bonilla1213/2017
- Johanna Ahumada Medina159/2019
- Johanna Ahumada Medina1516/2018
- Johen Ruiz Murillo1359/2019
- John Christopher St lo Mallett1923/2018