Joel Rivera Leyva

Expediente 1820/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1820/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Joel Rivera Leyva
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el once de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder a Joel Rivera Leyva el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que fue recurrida y confirmada por el órgano colegiado revisor mediante ejecutoria de veintitrés de enero del presente año. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el tres de agosto de dos mil veinte, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veintitrés de marzo del presente año realizó una transferencia bancaria SPEI al impetrante valiosa por $14,794.57 (catorce mil setecientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos moneda nacional), la cual fue ordenada el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de julio de dos mil diecinueve, y que ordenó la devolución de la cantidad el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la cual se realizó mediante la transferencia bancaria precisada en el párrafo que antecede, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecinueve al mes de febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes junio del año próximo pasado entre el mes de enero de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue de 103.299 y para el mes de enero del presente año fue de 106.447, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.030474642. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) por concepto de inscripción de documento público, $931.76 (novecientos treinta y un pesos con setenta y seis centavos moneda nacional) relativos al registro de poderes de cualquier clase e impuestos adicionales y $425.60 (cuatrocientos veinticinco pesos con sesenta centavos moneda nacional) por el derecho de inscripción de crédito hipotecario e impuestos adicionales y respecto de la cantidad de $16,004.40 (dieciséis mil cuatro pesos con cuarenta centavos moneda nacional), da como resultado el importe de $14,357.04 (catorce mil trescientos cincuenta y siete pesos con cuatro centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.030474642), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $14,357.04 (catorce mil trescientos cincuenta y siete pesos con cuatro centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,794.57 (catorce mil setecientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $437.53 (cuatrocientos treinta y siete pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración; además, que no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la constancia secretarial que antecede de la cual se advierte que el perito *********, en cumplimiento al proveído de dieciséis de este mes y año (fojas 492 y 493), compareció a este juzgado de distrito a fin de aceptar y protestar el cargo de perito en materia de contabilidad conferido por este juzgado; en consecuencia, se le tiene aceptado dicho cargo. Consecuentemente, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde el escrito de cuenta signado por el perito Julián Muro Chávez, designado por este juzgado federal, a través del cual proporciona el monto de sus honorarios, a fin de que se realicen los tramite correspondientes. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo 37/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante atento oficio, solicítese autorización a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Gestión Administrativa y Pericial, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, a fin de estar en condiciones de desahogar la prueba pericial en materia de contabilidad; para lo cual, se le adjunta copia certificada de los oficios suscritos por el Director del Instituto Tecnológico de Tepic y la Directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y la Encargada de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Estatal en Nayarit, todos con sede en esta ciudad (fojas 481, 486 y 490) mediante los cuales se advierte su imposibilidad de proponer perito en la materia de contabilidad; así como del proveído de dieciséis de octubre del año en curso (fojas 492 y 493), por el cual este juzgado federal designó como perito a Julián Muro Chávez, de la constancia secretarial de aceptación del encargo conferido y de la exhibición de la cotización de honorarios correspondientes que presentó el diestro en cita para el desahogo de la probanza de que se trata (fojas 497 a 499); documentales que deberán ser remitidas conjuntamente con la solicitud de autorización, para los efectos legales procedentes. Asimismo, solicítese a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Gestión Administrativa y Pericial, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, para que, en su caso, proporcione el registro federal de contribuyentes y domicilio respecto del cual será realizado el recibo de honorarios por parte del perito de que se trata. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito signado por ****, autorizado legal del quejoso y anexos, a través del cual, desahoga la vista que se le dio a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso (fojas 139 y 140) y allega la constancia que dice se adjuntó a su escrito presentado el quince de marzo del año en curso; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo y anexos de cuenta, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria Adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, anexo que acompaña relativo a la evidencia criptográfica del archivo magnético del líbelo en cuestión y otro, a través del cual en cumplimiento al fallo protector remite copia del auto de uno de octubre de la presente anualidad, emitido dentro del juicio ordinario civil 297/2012 de su estadística, del que se advierte que dejó sin efectos todo lo actuado a partir del auto de veintiocho de junio de dos mil doce y, como consecuencia, turnó los autos al actuario a fin de que realizara los emplazamientos respectivos a la parte demandada y diera cumplimiento con el auto admisorio de veintidós de mayo de dos mil doce; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que los efectos de la protección constitucional, lo fue entre otras cosas, para que se dejara insubsistente el emplazamiento efectuados en diligencias de doce y trece de junio de dos mil doce y todo lo actuado con posterioridad, inclusive la sentencia definitiva y sus actos de ejecución y no a partir de la data a que hace referencia en el oficio de cuenta. Consecuentemente, de conformidad con los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, solicítesele a la autoridad responsable denominada Juez Octavo de Distrito en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el comunicado correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido en los términos establecidos en la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.

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