Joel Rodriguez Marrero

Expediente 564/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
564/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Joel Rodriguez Marrero

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el veinte de junio de dos mil diecinueve, dentro de la queja 97/2019, derivada del juicio de amparo indirecto 564/2019-Vll, en la cual se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Atento lo anterior, acúsese el recibo de estilo del oficio, y testimonio de cuenta, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues como quedó asentado anteriormente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remitió copia certificada del testimonio de ejecutoria dictada dentro de la queja 97/2019, por la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído que desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el escrito de agravios, copia del mismo, así como copia certificada del juicio de amparo 564/2019-Vll y hace del conocimiento que dicho recurso se registró con el número de queja 97/2019, el cual admitió a trámite; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, estando a la espera de la resolución correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibida la constancia de notificación realizada al quejoso Joel Rodríguez Marrero, respecto de la determinación de siete de mayo del presente año, en la cual manifestó lo siguiente: "Pacifica y Respetuosaente recurro a El Recurso de Queja, debido a que esas Copias de Todas las actuaciones de la Causa Penal 18/2014-I son de mucha importancia para mi Defensa, sin ellos me esTarian dejando en esTado de Indefencion, soy Extranjero de Nacionalidad de Cuba y no cuento con los recursos para sacarlos a mi CosTa" (sic) A dicha diligencia se le otorga valor probatorio, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable por similitud jurídica, la jurisprudencia 573, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con número de registro 392690, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Y, en lo conducente, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 202, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, Octava Época, con número de registro 216814, que establece: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Ahora, de las manifestaciones vertidas por el quejoso puede advertirse que interpone recurso de queja contra la determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, dese el trámite correspondiente al recurso de queja interpuesto. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, remítase la constancia de notificación donde se interpuso el recurso de queja y una copia simple de dicha notificación al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno; de igual modo, remítase copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    vii) Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, por medio del cual informa que mediante auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, dicho Tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el Joel Rodríguez Marrero; asimismo, remite el juicio de amparo indirecto 17/2019-VI, formado con motivo del escrito de referencia. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, por lo cual acúsese el recibo del oficio y anexo adjunto, fórmese expediente y asiéntese en el libro de gobierno con el registro 564/2019-Vll, y se procede a proveer lo conducente. Causa de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." De análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante reclama: "El acto que se reclama del Juez Tercero De Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado De México es: La Negativa de Proporcionarme Copias Simples en la Causa Penal 18/2014-I a CosTa del Erario Público en virtud a que no cuento con los recursos para sacarlas a mi costa y de que soy Extranjero de Nacionalidad de Cuba. y que me sean entregadas en el lugar donde me encuentro Privado de mi Libertad." Determinación respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral dispone que el juicio de garantías es improcedente: "... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Así pues, de la intelección del precepto legal en la cual se sustenta esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal. III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, el inconforme tilda de inconstitucional: "El acto que se reclama del Juez Tercero De Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado De México es: La Negativa de Proporcionarme Copias Simples en la Causa Penal 18/2014-I a Costa del Erario Público en virtud a que no cuento con los recursos para sacarlas a mi costa y de que soy Extranjero de Nacionalidad de Cuba. y que me sean entregadas en el lugar donde me encuentro Privado de mi Libertad." Sin embargo, éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, se estima que los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. Lo anterior es así, pues el artículo señalado dispone lo siguiente: "Revocación ARTICULO 361.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra los autos combatidos, pues el Código Federal de Procedimientos Penales, dispone que los autos contra los cuales no se conceda el código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó; por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia de la revocación contra el acto que reclama, resulta evidente que debió interponer el citado recurso de revocación, circunstancia que no aconteció. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Joel Rodríguez Marrero por propio derecho. Domicilio. Con fundamento en al artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso ésta y las subsecuentes notificaciones en el lugar en que se encuentra recluido. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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