Joel Meneses Aguilar

Expediente 1700/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1700/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Joel Meneses Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la determinación dictada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por el que se sobreseer fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicho proveído ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó fuera de audiencia (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a través del cual devuelve el oficio 34517/2018, ya que aduce que no es parte en el presente juicio. En tal virtud, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin que se realice mayor pronunciamiento respecto a su contenido, tomando en consideración que el veintiuno de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, rinde su informe justificado al presente juicio de amparo. Ahora, en el presente juicio el quejoso Joel Meneses Aguilar reclama la omisión de la autoridad responsable de no devolverle el instrumento notarial original para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio con carácter de revocable otorgado por Arturo Hernández Vázquez a su favor. Sin embargo, del contenido del informe justificado rendido por la responsable en su escrito de cuenta, se advierte lo siguiente: "Es decir, la entrega de respuesta a dicha solicitud, registralmente se consumó el quince de octubre de dos mil dieciocho, y en efecto este Desconcentrado se quedó con el poder notarial original cuyo volumen es 2558, instrumento número 33958 folio 23255 al 23256 de fecha dos de abril de dos mil dieciocho (se adjunta copia del instrumento), cuando lo correcto era regresárselo al C. Joel Meneses Aguilar, por lo que se acuerda poner a disposición de dicha persona, el poder de referencia, por lo que al acudir a esta Delegación ubicada en "Josefa Ortiz de Domínguez No. 105, Col. Santa Clara, Toluca, Mex. Tels 722 213-38-83, 2-13-38-27", en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de lunes a viernes en días inhábiles y previa identificación, le será devuelto tal poder." Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: [...] Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: [...] Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso adujo en su demanda que la autoridad había sido omisa en devolverle el instrumento notarial original para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio con carácter de revocable otorgado por Arturo Hernández Vázquez a su favor; sin embargo, del contenido del informe de referencia se advierte que la responsable acordó favorable devolverle el instrumento notarial solicitado. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, determinó devolverle el instrumento notarial original para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio con carácter de revocable otorgado por Arturo Hernández Vázquez a su favor; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: [...] Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se fijó para este día a las diez horas con diez minutos, como se determinó en proveído de catorce de diciembre del año pasado; sin embargo, de autos se advierte que no obra el informe justificado del Registro Agrario Nacional, pues en diverso de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se otorgó el plazo de cinco días para rendir su informe respectivo y, no obra en autos con la cual se acredite la oportuna y legal notificación del contenido del oficio 34517, pues fue depositado en la Administración de Correos Módulo de Servicios Postales, Palacio de Justicia Federal, en Toluca, Estado de México, el trece de diciembre del año pasado, aunado a que gozó de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese.

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