Joel Rivera Pérez
Expediente 286/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Joel Rivera Pérez
- Joel Rivera Pérez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL CORRESPONDIENTE Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de agosto de dos mil diecinueve. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por *************** contra actos del Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad y otra autoridad, por trasgresión que estiman de los artículos 1 y 14 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 286/2019-II-F. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que como autoridad responsable señaló al Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ambos de esta ciudad; y como acto reclamado la orden de retención de sus salarios como trabajadores al servicio de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de esta ciudad y su ejecución. En la especie, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción II del numeral 5 de la ley en cita, se establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que no todos los actos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplan las características precisadas, esto es, aquellos que afecten directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, e impuestos contra y sobre su voluntad y que, por su naturaleza, pueda exigirse su cumplimiento. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 479, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917 - Septiembre de 2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. .*************** Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia III.4º. T. J/3 (10ª.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Libro 28, Marzo de dos mil dieciséis, Tomo II, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, página 1639, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.*************** En la especie, los quejosos se duelen de la retención de sus salarios desde el día treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, que percibían como trabajadores al servicio de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de esta ciudad. De lo anterior, se advierte que el acto de que se duelen los impetrantes no deriva de una relación de supra a subordinación jurídica establecida entre el gobernado y la responsable, sino de una relación laboral establecida entre los ahora quejosos y las autoridades que señala como responsables; ello, porque la orden de retención que reclaman a dichas autoridades, se encuentra en un plano de igualdad, más de modo alguno en su calidad de autoridades, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues dichos promoventes se desempeñan como trabajadores de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de esta ciudad, según se advierte del escrito de demanda y con tal calidad es con la que ocurren a reclamar la orden de retención ordenada por las autoridades que señala como responsables. De ahí que, es innegable que se actualiza la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. No impide la anterior conclusión lo dispuesto en los artículos 1º, último párrafo, en correlación con el numeral 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los que se dispone que el juicio de garantías procede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre, pues como se dijo, la relación de la que deriva el acto reclamado se ubicó en un plano de igualdad en virtud de la relación laboral sostenida entre los quejosos y las autoridades que señalan como responsables. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada el veintiocho de marzo de dos mil catorce, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, tomo II, página 1500, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. .*************** Tampoco es óbice a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", pues tal criterio se refiere a la regla general, cuando en la especie, se actualiza una excepción a esa regla, consistente en que de las manifestaciones de la quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierte de manera clara y manifiesta que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme a los razonamientos aquí expuestos. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a .*************** sin perjuicio que con posterioridad la parte quejosa nombre otro. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los licenciados Rafael Puente Alonso y José Santos Puente Peláez y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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