Joel Cruz González

Expediente 264/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
264/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Joel Cruz González
  • Joel Cruz González y Otros.
  • Cristiano Cruz Fernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 10798/2020, por el que se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo el plazo de conservación y transcurrido el plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que acompañó a su informe justificado el Presidente de la Junta responsable, devuélvanse las mismas y se solicita se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del anexo uno formado con el citado expediente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa al presente asunto, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    En Ciudad Valles, San Luis Potosí, siendo las diez horas con cinco minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 264/2020-II, promovido por Maximiano Castillo Balleza, en su carácter de apoderado legal de Joel Cruz González y Cristiano Cruz Fernández; Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de María Cristina Bretón Estrada, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la presente audiencia pública, sin la asistencia de las partes. A continuación la secretaría certifica: que se encuentran emplazadas todas las partes en el presente juicio y procede a efectuar una relación de las constancias que integran el presente asunto como son: escrito inicial de demanda de garantías, auto admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y constancia de emplazamiento realizado a la parte tercero interesada. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Acto seguido, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el período de pruebas, en el que se da cuenta a la Jueza con las pruebas documentales que la parte quejosa agregó y ofreció en su escrito inicial de demanda, así como las que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado y que obran por separado como anexo uno; asimismo hace constar que las partes restantes no ofrecieron medio de convicción alguno. A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene a la parte quejosa y autoridad responsable de mérito ofreciendo las pruebas de referencia, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Con lo anterior se cierra la etapa de pruebas y se procede a declarar abierta la etapa de alegatos, en la que se puntualiza que las partes no hicieron manifestación alguna. Con lo anterior, se cierra la etapa de alegatos, por lo que resulta procedente emitir, enseguida, la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 264/2020-II promovido por Joel Cruz González y Cristiano Cruz Fernández, contra actos del Gobernador del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera vulneran su derecho fundamental contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, Joel Cruz González y Cristiano Cruz Fernández, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO OFICIAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD CAPITAL. b.- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO OFICIAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD CAPITAL. c.- SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO OFICIAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD CAPITAL. d.- JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON ?????????????? DOMICILIO OFICIAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESA CIUDAD. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, la omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a ordenar a la Secretaría General de Gobierno del Estado, para que se ordene y lleve a cabo la reapertura de la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No. 1300/2019/JE1-1, dado a que desde que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, mediante auto con fecha 17 de febrero de 2020, no se han podido desahogar éstas, pues la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral de los actores, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el acceso a la administración de justicia pronta y expedita a que tienen derecho los actores del juicio. B.- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, la omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a ordenar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, lleve a cabo la reapertura de la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No. 1300/2019/JE1-1, dado a que desde que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, mediante auto con fecha 17 de febrero de 2020, no se han podido desahogar éstas, pues la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral de los actores, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el acceso a la administración de justicia pronta y expedita a que tienen derecho los actores del juicio. C.- SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, la omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a la reapertura de la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a su cargo con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No. 1300/2019/JE1-1, dado a que desde que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, mediante auto con fecha 17 de febrero de 2020, no se han podido desahogar éstas, pues la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dado a que ésta se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral de los actores, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el acceso a la administración de justicia pronta y expedita a que tienen derecho los actores del juicio. D).- JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, la omisión de otorgarle el acceso a la administración de la justicia pronta y expedita a los actores del juicio natural, en los términos y normas establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 17 Constitucional, dentro de los autos del procedimiento laboral No. 1300/2019/JE1-1, dado a que desde que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, mediante auto con fecha 17 de febrero de 2020, no se han podido desahogar éstas, pues no se ha señalado fecha y hora para el desahogo de ésta, lo cual se traduce en la paralización total de dicho procedimiento. Segundo. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número estadístico 264/2020, solicitándose el respectivo informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se determinó llamar como terceros interesados a Escolástica Collado Pérez, cuyas constancias de emplazamiento obran en autos. Seguidos los trámites correspondientes, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor de acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 17, 94, 103 fracción I, y 107 fracciones I, II, primer párrafo, y III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el ??????????????? Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener: "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado", este órgano jurisdiccional procede a precisar el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se establecen como actos reclamados: 1. Del Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí: La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendentes para la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria. 2. De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad: La omisión de señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 1300/2019/JE1-1. Tercero. Determinación de existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, no obstante que lo hubiera negado al rendir su informe justificado, pues así se advierte del duplicado del expediente laboral 1300/2019/1-1 promovido por los aquí quejosos en contra del responsable de la fuente de trabajo denominada "Rancho El Barquito" y/o Escolástica Collado Pérez, documental pública que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado código supletorio. De igual modo, son ciertos los actos reclamados al Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, no obstante que dichas autoridades al momento de rendir sus informes justificados, negaron la existencia de las omisiones que les fueron reprochadas. Lo anterior, en virtud de que el análisis de tales negativas no es dable en el presente apartado de la sentencia, pues ello se haría constituir en un pronunciamiento de fondo respecto a si las autoridades responsables vulneraron o no los derechos fundamentales del quejoso. Esto es, sobreseer con base en la inexistencia de lo reclamado en los términos alegados por las autoridades responsables, aun realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si conforme a sus facultades han realizado o no, las gestiones necesarias para ordenar la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria -para determinar la existencia o no del acto-, atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o ?????????????? no, al ser una cuestión de orden público, conforme con lo previsto en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación del peticionario de amparo sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al quejoso, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndolo hecho, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, los impetrante de la tutela constitucional reclama de las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, la omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendentes para la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria. Sin embargo, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, los integrantes del Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, emitieron y publicaron en sus estrados, el boletín 13/2020, el cual se tiene como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral segundo. En dicho comunicado, los integrantes del Pleno de la citada Junta, determinaron que, en acatamiento a las medidas estipuladas por el Gobierno Federal y del Estado de San Luis Potosí, así como lo señalado en el Decreto Oficial de diecinueve de julio del año en curso, emitido por el Poder Ejecutivo del Estado y Oficialía Mayor, en el que se precisó que esa Junta era considerada un Tribunal esencial, procedía establecer como se llevaría a cabo la reapertura de sus instalaciones y, al efecto, en el punto primero el Pleno señaló que los términos procesales y actuaciones judiciales empezarían a correr a partir del uno de septiembre de dos mil veinte; asimismo, en los restantes puntos indicaron el horario y ?????????????? esquema de atención de ese Tribunal, en acato a las medidas establecidas por la Secretaría de Salud Federal. Lo que se corrobora con las imágenes que a continuación se insertan. En ese sentido, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto en estudio, toda vez que la omisión reclamada a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, dejó de tener efectos, debido a que el Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, emitió el boletín 13/2020, en cuyo primer punto determinó que a partir del uno de septiembre del presente año, empezarían a correr los términos y actuaciones judiciales, para luego establecer los horarios y forma de atención a los usuarios, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Sin que lo aquí lo determinado implique un pronunciamiento en relación a las facultades de las autoridades responsables en relación al acto que se les reclamó, dado que al quedar de manifiesto la actualización de la anunciada causa ??????????????? de improcedencia, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de tales aspectos, puesto que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte SCJN, séptima época, materia común, página 335, de la voz: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En otro aspecto, los quejosos también reclaman a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, la omisión de la autoridad responsable de señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 1300/2019/JE1-1, sin embargo, de las constancias remitidas por el tribunal operario se observa que ese acto ha cesado en sus efectos. Conforme a las documentales enviadas como anexo a su informe con justificación, con valor probatorio ya determinado, se advierte que el seis de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que cada parte ofertó las que estimó justificará la procedencia de su acción y de sus excepciones y defensas, respectivamente. Diligencia en la que la Junta responsable se reservó la calificación y admisión de los medios convictivos para hacerlo con posterioridad, lo que así hizo en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el que además fijó las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil veinte, para que tuviera verificativo el desahogo de las pruebas admitidas. Posteriormente, el uno de junio de dos mil veinte, la Junta Especial responsable pronunció un acuerdo en el que, en esencia, se hace alusión a la suspensión de labores que tuvo lugar por virtud de la contingencia sanitaria y que por dicha circunstancia no se llevó a cabo la audiencia programada para el mes de mayo del año en curso. En ese sentido, señaló nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, siendo estas las ocho horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte. También ordenó la notificación personal a los litigantes para que tuvieran conocimiento de lo ahí determinado. Extremo que los diligenciarios adscritos a la Junta responsable acataron el siete de septiembre de dos mil veinte. En ese contexto, es palmario que los efectos de la omisión reclamada desaparecieron por lo que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. De ahí que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos ??????????????? noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 264/2020-IIJC, promovido por ..., respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veinte. VISTO DE AUTOS Visto el estado que guardan los autos en que se actúa y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido mediante proveído de trece de octubre de dos mil veinte y notificado el veinte del mismo mes y año, a la parte tercero interesada Escolástica Collado Pérez, para que señalara ante este Tribunal, persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en el entendido de que aún las de carácter personal se le harán válidamente en los mismos términos, hasta en tanto subsane tal omisión. Notifíquese.

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