Joel Pablo Santiago
Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joel Pablo Santiago
- Jueza Noveno de Distrito En el Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
" . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Síndico de Ánimas Trujano, Oaxaca, plantea un incidente de cumplimiento sustituto con fundamento en lo previsto por los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo "[.] para efecto de que la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, se dé por cumplida mediante el pago de daños y prejuicios a la quejosa [.]", porque asevera que se actualizan las hipótesis señaladas por el numeral citado en segundo orden. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en relación con lo estatuido por los ordinales 66, 67, 204 y 205 de la Ley de Amparo, los últimos cuatro preceptos aplicados en sentido contrario, se desecha de plano el incidente de cumplimiento sustituto que la autoridad responsable plantea en este asunto, por ser notoriamente improcedente; los dispositivos enunciados disponen lo siguiente: Código Federal de Procedimientos Civiles "Artículo 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo." Ley de Amparo "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." "Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente." "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso." "Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse ante el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo a partir del momento que ésta cause ejecutoria. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. En el incidente, el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia determinará si ha lugar o no al cumplimiento sustituto. En caso de resultar favorecida la petición, se abrirá un nuevo incidente para cuantificar el pago de daños y perjuicios. Tanto la determinación sobre la procedencia del cumplimiento sustituto como la que cuantifique los daños y perjuicios serán recurribles mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h) de esta Ley, del cual conocerán los tribunales colegiados de circuito. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente." Del ordinal enunciado en primer orden se desprende que el órgano jurisdiccional no admitirá incidentes notoriamente maliciosos o improcedentes; además, que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado. Por su parte, el segundo y el tercer dispositivos prescriben que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente la ley de la materia y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde, se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente. A su vez, el resto de los normativo insertos por un lado señalan que el incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria de amparo se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso y, por otro, que el cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que haya dictado la sentencia en el juicio constitucional, en los casos siguientes: a) la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o, b) por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad a la promoción del juicio de amparo. Ahora, en el caso no se actualiza el supuesto regulado por el normativo 205, fracción I, de la Ley de Amparo, porque conforme a lo expuesto en la promoción de cuenta no se advierte que la ejecución del fallo protector afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, dado que la responsable solo aduce aspectos relacionados con las actividades deportivas que se realizan en el inmueble que debe devolverse a la quejosa, así como cuestiones atinentes a la salud, los vicios derivados del alcohol y de las drogas y la paz entre las comunidades quejosa y a quienes representan los entes responsables; empero, en su argumentación no se advierten elementos objetivos cuantitativos que permitan deducir la afectación a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que puede obtener la parte agraviada; de ahí que al no colmarse este último aspecto se considera que no se actualiza la primera de las hipótesis normativas. Por otro lado, tampoco se patentiza el supuesto regulado por el normativo 205, fracción II, de la Ley de Amparo, porque lo que expone la responsable no da pauta a considerar que sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad a la promoción de este juicio constitucional; tampoco obran en las actuaciones de este asunto elementos objetivos que permitan deducir tal situación. Se sostiene lo anterior porque aun cuando la responsable aduce que los pobladores de Ánimas Trujano, Oaxaca, se oponen a que el bien raíz que corresponde al núcleo agrario quejoso Santa María Coyotepec, en esta entidad federativa, se le entregue en el estado en el que se encuentra mediante el acta formal que al efecto se elabore, porque ese terreno corresponde a la comunidad citada en primer orden desde tiempos ancestrales y que de llevar a cabo la diligencia de entrega de ese bien raíz podría traer consigo conflictos entre esos poblados, lo cierto es que se está ante un fallo protector que adquirió la categoría de cosa juzgada, por lo que la ejecutoria de amparo es vinculante para las responsables y para cualquier autoridad y persona, la cual no puede desconocerse, porque esa situación implicaría inseguridad jurídica y contravendría lo establecido por los arábigos 17 de la Carta Magna y 204 de la Ley de Amparo que prescribe que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. En el caso, no existe prueba alguna que revele que sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad a la promoción de este asunto y lo que la responsable aduce no da pauta a considerar esa imposibilidad o desproporción si se ejecuta el fallo protector. En ese contexto, al no actualizarse los supuestos normativos regulados por el ordinal 205 de la Ley de Amparo, el incidente de cumplimiento sustituto que el Síndico de Ánimas Trujano, Oaxaca, plantea resulta notoriamente improcedente; de ahí que en términos de lo estatuido por el arábigo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en relación con lo previsto por los ordinales 66, 67, 204 y 205 de la Ley de Amparo, los últimos cuatro preceptos aplicados en sentido contrario, se decreta el desechamiento de plano de la aludida incidencia, puesto que aun cuando se admitiera en la resolución final no se adoptaría una decisión diferente de la que ahora se toma, dada la improcedencia evidente de tal incidente. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis 1a. XXXIV/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese.
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