Joel Liborio Juárez Jiménez

Expediente 356/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
356/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Joel Liborio Juárez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, debido a que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, en razón que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 356/2023, promovido por ***, contra el acto de la autoridad que se mencionara más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, *** realizó una petición ante el jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, mediante solicitud de trámite catastral presentada y recibida ante la autoridad en cuestión, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, donde se solicitó la integración al padrón catastral a nombre del disidente. Solicitud respecto de la cual, según dicho del quejoso, la autoridad responsable ha omitido dictar el acuerdo o la realización del trámite respectivo. Circunstancia que constituye en esencia el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Joel Liborio Juárez Jiménez, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, la que fue turnada en la misma fecha a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. En proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró con el número 356/2023; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; y se otorgó la intervención conducente al agente del Ministerio Público adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reprocha a la autoridad que señala como responsable jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral presentada y recibida ante la responsable, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir informe justificado el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral de Oaxaca, únicamente se limitó a manifestar que había cesado en sus efectos el acto reclamado, debido a que el jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, por memorándum ***, de trece de marzo de dos mil veintitrés, atendió la solicitud del disidente. Circunstancia que hizo del conocimiento del impetrante mediante la aludida misiva entregada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, como se advierte de la firma Manuel Jiménez Amaya, autorizado de la parte quejosa en el escrito de petición. Por tanto, como de las constancias de autos, entre las que se encuentran el acuse de recibo del aludido memorándum, respecto de la recepción del impetrante por conducto de su autorizado y la solicitud que originó el presente juicio de amparo, recepcionada por la responsable el dieciséis de agosto de dos mil veintidós; documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que evidentemente a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diez de abril de dos mil veintitrés- si bien ya se había dictado el memorándum ***, de trece de marzo de dos mil veintitrés, con el que la responsable atendió la petición de la parte quejosa, también es cierto que el impetrante fue enterado de su contenido hasta el diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia del acto reclamado. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- quedó plenamente acreditado que mediante la autoridad responsable, por memorándum ***, de trece de marzo de dos mil veintitrés, atendió la solicitud del disidente, contestándole que debido a que la petición de integración al padrón de protocolización no se encontraba suscrita o firmada por el interesado y al no acreditar la posesión legal del inmueble que refiere en su solicitud con la documental que exhibió, lo planteado por el aquí quejoso era improcedente. Circunstancia que hizo del conocimiento del impetrante el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por conducto de ***, persona a la que autorizó para tal efecto en el escrito o solicitud de petición Se llega a tal conclusión, con base en las constancias exhibidas en autos, que adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando que antecede. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos de los actos reclamados a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables por las razones referidas en apartado VI de esta resolución. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos; en atención a que mediante oficio SEADS/1011/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir de la fecha en que se actúa (veintisiete de abril de dos mil veintitrés), y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral de Oaxaca y ténganse como prueba de su parte, la documental que aporta; con lo anterior, dése vista a las partes. Por otra parte, a efecto de estar en aptitud de dictar una sentencia acorde a derecho, como la autoridad responsable manifiesta que mediante oficio ICEO/DG/CEM/DTS/163/2023 de trece de abril de dos mil veintitrés, se atendió la petición de la aquí quejosa consistente en la solicitud de trámite de catastral de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad ocursante para que dentro del plazo de tres días, remita a este Juzgado copia certificada de la promoción de la quejosa de dieciséis de agosto de dos mil veintidós a que se refiere en el memorándum ICEO/DG/CEM/DTS/163/2023. Se apercibe a la aludida autoridad, que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa consistente en la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.

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