Joel Ovalle Zarate
Expediente 914/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Joel Ovalle Zarate
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Joel Ovalle Zarate; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de tres de diciembre de dos mil veinte. El suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."1 y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2 Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio de esta, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, comparecencia, presentación, citación y detención librada en su contra, y su ejecución. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto de tales actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de Jurisprudencia. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810. Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 3 desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento de las ordenes reclamadas en febrero de dos mil catorce. Es así, pues en su escrito aclaratorio manifestó: ".Bajo protesta de decir verdad, hago de su conocimiento que, a partir de febrero del 2014, sin recordar el día exacto, hasta el último acto de molestia, el cual ocurrió en fecha 27 veintisiete de noviembre de la presente anualidad me han comentado mis familiares y vecinos que varias personas, que se identificaron como polocía ministeriales estuvieron preguntando por mí y que se les comento que se giró.". Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, constituyen una confesión expresa, la cual es un medio de prueba admisible en el juicio de amparo y goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1993 y 2004 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. Por consiguiente, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde febrero de dos mil catorce, y toda vez que el promovente refiere no recordar el día exacto, para efectos de este asunto se tomará la última data de ese mes, esto es veintiocho de febrero de dos mil catorce. Ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el presente amparo comenzó a computarse el día siguiente, esto es el tres de marzo de dos mil catorce, por lo tanto, dicho término transcurrió del tres al veinticinco de marzo de dos mil catorce, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si dicha parte quejosa presentó su escrito de demanda el uno de diciembre de la anualidad que transcurre, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja uno de su demanda; es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el número de registro 2009174, bajo el rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. Sin que se óbice a lo anterior, que en el punto II del escrito aclaratorio, después de precisar la fecha (febrero de dos mil catorce) en que por primera vez el quejoso tuvo conocimiento de que se pretendió ejecutar la orden privativa de libertad aquí reclamada, haya agregado "...hasta el último acto de molestia, el cual ocurrió en fecha 27 veintisiete de noviembre de la presente anualidad.". Lo anterior, pues como ya ha quedado de relieve, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, en conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se computa a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, y no con base en la última fecha en que tuvo el conocimiento reiterado del acto que reclama. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, primer párrafo, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. Finalmente, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, y diverso 22, fracción I, del Acuergo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase como correo electrónico y teléfono el que proporciona la parte quejosa, a fin de que, de estimarse necesario, se establezca contacto con dicha parte procesal, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dicho medio electrónico se le realicen notificaciones. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de diciembre de dos mil veinte. 1. Se forma expediente. Vista la demanda de amparo que promueve Joel Ovalle Zarate, por su propio derecho, contra los actos del Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 914/2020-V. 2. Prevención. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, dos para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito y dos más para los cuadernos incidentales, bajo protesta de decir verdad informe lo siguiente: A. El domicilio en donde se tratan de ejecutar las órdenes reclamadas. Ello, obedece a que si bien en el proemio de su escrito de demanda y en el capítulo denominado "NOMBRE Y DOMICILIO DE LA QUEJOSA", refirió un domicilio, sin embargo, previamente lo calificó como "convencional", ubicado en Ignacio López Rayón, número 615, Zona Centro, en esta ciudad, el cual también señaló para oír y recibir notificaciones de sus abogados autorizados. Lo cual no genera certeza de que corresponda al de su residencia habitual, por corresponder al despacho jurídico que lo asesora. Sin precisar el domicilio en el cual, según sus vecinos, lo han buscado; de ahí que no puede considerarse que en aquel otro "convencional" es en el que se ha pretendido ejecutar el mandamiento privativo de libertad. Lo anterior se hace necesario a efecto de determinar la competencia por razón de territorio en el presente asunto. Es de aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Tomo 1, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. B. Manifieste la fecha en que por primera vez tuvo conocimiento de que se pretendió ejecutar la orden privativa de libertad aquí reclamada. Es de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1079, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. Así como la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXIII, abril de 2006, visible en la página 990, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es aplicable también, la tesis P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Así como, la jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Hágase de su conocimiento que las exigencias que le son requeridas en este acuerdo, deberá sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento será confrontada con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. 3. Consulta del expediente electrónico, notificaciones por la vía electrónica y autorizados de la parte quejosa. Respecto a su petición de que se autorice consultar el expediente electrónico a través de los usuarios * dígase al promovente que se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico en la forma propuesta, y realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Alejandro González Mitre, quien cuenta con su cédula profesional 10876544, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y en términos restringidos del citado numeral a las personas que expresamente refiere para tal efecto. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué por medio de lista (previa razón asentada como soporte), en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. 5. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su FIREL o e.firma (antes FIEL). Se exhorta a la parte quejosa, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 6. Notificaciones por lista. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, y adicionalmente, se remitirán por correo electrónico a la administración del edificio en que se aloja este juzgado las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. 7. Información de contacto. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, solicítese a la parte quejosa se sirva proporcionar una dirección de correo electrónico y un número telefónico a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 8. Diversas determinaciones. Hágase del conocimiento de las partes que, con sujeción a lo antes expuesto: Desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que haga al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Lo cual deberá llevarse a cabo una vez que esté en operación el área de fotocopiado que presta servicio a los justiciables. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza a la parte quejosa para reproducir o fotografiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Para sendas actividades, habrá de presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, las determinaciones emitidas en el presente asunto que incluyan la evidencia criptográfica (firel) del suscrito y del secretario que actúa dando fe, las podrá descargar en sus equipos de cómputo y éstas serán consideradas como copias certificadas electrónicamente. 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 10. Identidad de expedientes físico y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. 11. Datos personales. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Joel Iracheta Palomino1610/2023
- Joel Ivan Gomez Fernandez19/2020
- Joel Luis Armendariz Gallardo1043/2019
- Joel Luis Armendariz Gallardo596/2021
- JOEL MARTINEZ ESCALONA y Otros.895/2022
- Joel Niño Rodríguez1220/2017
- Joel Perez Garcia1125/2021
- JOEL PEREZ GARCÍA y Otros.935/2018
- Joel Ulises Rodriguez Canela946/2023
- Johana Beyruth Cano Carmona700/2021
- Jonathan Alexander Oña Sevilla1690/2022
- Jonathan Alexis Ortiz Flores624/2023