JOEL MARTINEZ ESCALONA y Otros.
Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- JOEL MARTINEZ ESCALONA y Otros.
- Joel Martinez Escalona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Acuerda oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, en el cual transcribe parte del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de los actos reclamados derivados del juicio de amparo en que se actúa, quedando registrado con el número de expediente 392/2023. Vinculación de expediente electrónico. A efecto de que el Juzgado de Distrito referido se imponga de la totalidad de las constancias que integran el asunto en que se actúa, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado vinculación en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente asunto; por tanto, se instruye a la Analista Jurídica de este Órgano Jurisdiccional, para que realice las acciones pertinentes para permitir lo anterior. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el presente asunto no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente auxiliar es destruible, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto.San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio.Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, al que acompaña diversas constancias que le fueron solicitadas, dando cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en este asunto las documentales remitidas por la autoridad oficiante. Consulta de constancias. De las constancias remitidas por la autoridad responsable a través del oficio con el que se da cuenta, se desprende que los extranjeros, aquí quejosos i) Joel Martínez Escalona, (ii) Jorge Au Pedroso y/o Jorge Au Pedroza (iii) Antonio Barrios Martínez, (iv) Guillermo García Sánchez, (v) María Elisa Pérez Hermosilla y/o María Elisa Pérez Hermosillo (vi) Adrián Reimón Batista y (vii) Elio Alfredo Beccler Góngora y/o Elio Alfredo Góngora, fueron detenidos (rescatados), en el área de circunscripción de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras Coahuila, ya que no acreditaron su legal estancia en el país. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. De lo expuesto se advierte que los quejosos fueron detenidos en Piedras Negras Coahuila, en específico en el área de circunscripción de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras Coahuila, según se desprende del oficio de puesta a disposición de dieciséis de junio de dos mil veintidós, quienes posteriormente fueron alojados en la estación migratoria en Saltillo y puestos a disposición de la Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes. En razón de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas de competencia antes precisadas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, la cual determina la competencia por razón de territorio. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este Tribunal Federal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si los actos reclamados tienen o no ejecución material. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en actos prohibidos del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, la detención y la orden de retención de los quejosos en la estación migratoria de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes y como consecuencia de ello, el traslado a cualquier estación migratoria, la inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro, la incomunicación y/o negativa de realizar llamadas telefónicas y el hacinamiento y exposición al virus COVID-19 y/o SARS-COV2 de que estaban siendo objeto, y siendo que estos fueron detenidos en el área de circunscripción de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila, y posteriormente alojados en la Estación Migratoria de Saltillo, Coahuila y puestos a disposición de la Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes; por lo que, a juicio de la suscrita, se estima que dichos actos comenzaron a ejecutarse materialmente en Piedras Negras, Coahuila, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se estima que con base en las disposiciones legales referidas, y en las consideraciones antes expuestas, el juez federal competente para conocer de este juicio de amparo es el JUEZ DE DISTRITO EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, EN TURNO, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde comenzaron a ejecutarse los actos reclamados, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este Tribunal Federal, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al JUEZ DE DISTRITO EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, EN TURNO, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por el numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2020828 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuadernillo de incompetencia con copia de las constancias que obran en este asunto extraídas electrónicamente. Vinculación de expediente. A efecto de que el Juez de Distrito referido se imponga de la totalidad de las constancias que integran este asunto, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado vinculación en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente asunto; por tanto, se instruye a la Analista Jurídica de este Órgano Jurisdiccional, para que realice las acciones pertinentes para permitir lo anterior. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Juez de Distrito citado.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Se forma cuaderno. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 895/2022-II promovido por Armando Benjamín Andrade Salado, en favor de Joel Martínez Escalona, Jorge Au Pedroso, Antonio Barrios Martínez, Guillermo García Sánchez, María Elisa Pérez Hermosilla, Adrián Reimón Batista y Elio Alfredo Beccler Góngora, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes y otra autoridad, se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia planteada en el presente asunto. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de abril de dos mil veintitrés. Se atiende oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 446/2023-II (orden 500/2023-II), por el que se notificó, el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le requirió información al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con Residencia en Saltillo y Director de la Estación Migratoria en Saltillo, Coahuila, sin que haya lugar a realizar diverso pronunciamiento toda vez que las notificaciones se le practicaron el treinta de marzo de dos mil veintitrés, por lo que le sigue transcurriendo el término de tres días que se les concedió a las referidas autoridades para dar cumplimiento al aludido auto de veinticuatro del presente mes y año. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
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