Joel Oswaldo Martínez Mendoza

Expediente 915/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
915/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Joel Oswaldo Martínez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de trece de octubre del año en cuso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada determinación, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y anexo que acompañó; misma documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable a su oficio de cuenta, se aprecia que el seis anterior, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que no se pretendía solicitar en su contra, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además de que no obraban datos de prueba suficientes para establecer la necesidad de cautela. En este orden de ideas, ya que en esa fecha, seis de octubre de dos mil veinte, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En la inteligencia que, respecto a la incomunicación la responsable negó dicho acto sin prueba en contrario de la parte quejosa, aunado al hecho que de la constancia actuarial se advierte, que el fedatario público de la adscripción tuvo acceso al quejoso para notificarle de la promoción de esta demanda de amparo, la cual incluso ratificó. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, agréguese el informe justificado suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que haya necesidad de ponerlo a la vista de las partes, en virtud de lo acordado en párrafos previos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" OFICIOS: 17479/2020 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 17480/2020 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN (AUTORIDAD RESPONSABLE). 17481/2020 COMANDANTE DE CUARTEL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (AUTORIDAD RESPONSABLE). MÉRIDA, YUCATÁN. En autos del Juicio de Amparo V.915/2020, promovido por JOEL OSWALDO MARTÍNEZ MENDOZA, contra actos de Usted, el día de hoy se dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente: "Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y anexo que acompañó; misma documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable a su oficio de cuenta, se aprecia que el seis anterior, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que no se pretendía solicitar en su contra, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además de que no obraban datos de prueba suficientes para establecer la necesidad de cautela. En este orden de ideas, ya que en esa fecha, seis de octubre de dos mil veinte, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En la inteligencia que, respecto a la incomunicación la responsable negó dicho acto sin prueba en contrario de la parte quejosa, aunado al hecho que de la constancia actuarial se advierte, que el fedatario público de la adscripción tuvo acceso al quejoso para notificarle de la promoción de esta demanda de amparo, la cual incluso ratificó. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad".Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte.Finalmente, agréguese el informe justificado suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que haya necesidad de ponerlo a la vista de las partes, en virtud de lo acordado en párrafos previos.Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica al quejoso por lista de estrados, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, el acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, que dice: MESA V. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y anexo que acompañó; misma documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable a su oficio de cuenta, se aprecia que el seis anterior, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que no se pretendía solicitar en su contra, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además de que no obraban datos de prueba suficientes para establecer la necesidad de cautela. En este orden de ideas, ya que en esa fecha, seis de octubre de dos mil veinte, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En la inteligencia que, respecto a la incomunicación la responsable negó dicho acto sin prueba en contrario de la parte quejosa, aunado al hecho que de la constancia actuarial se advierte, que el fedatario público de la adscripción tuvo acceso al quejoso para notificarle de la promoción de esta demanda de amparo, la cual incluso ratificó. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, agréguese el informe justificado suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que haya necesidad de ponerlo a la vista de las partes, en virtud de lo acordado en párrafos previos.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veinte. Agréguense a estos autos los oficios signados por la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mediante los cuales rinden su respectivo informe en relación a la suspensión de plano otorgado en autos; y, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe de mérito, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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