Joel Manuel Polanco Peralta

Expediente 1509/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1509/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Joel Manuel Polanco Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el escrito de la tercera interesada Ana Leticia Pomar Casares; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

  2. Principal

    VII.. Agréguese a estos autos el escrito signado por Ana Leticia Pomar Casares, en su carácter de representante común de los terceros perjudicados, mediante el cual, solicita la entrega del billete de depósito N-784473, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de Juan Javier Méndez Suárez. En ese sentido, estése a lo acordado en proveído de catorce de junio anterior, en el que se determinó que no es factible lo solicitado por la parte quejosa, en virtud de haber fenecido el plazo para tal efecto. Sin que pase desapercibido que la promovente parte de una premisa falsa, puesto que en el proveído antes citado, la garantía de marras fue puesta a disposición de la parte impetrante, esto es, de la parte quejosa, y no a su favor, precisamente porque el plazo con que aquélla contaba para plantear la incidencia respectiva, había transcurrido, sin que lo hubiere hecho. Por tanto, corolario de lo anterior, resulta que, contrariamente a lo aducido por la parte tercero interesado, y como claramente se expuso en la determinación de catorce de junio anterior, resulta que la garantía en cuestión no se encuentra a disposición de ésta, sino de la parte quejosa.

  3. Principal

    VII. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la tercero interesada Ana Leticia Pomar Casares, por medio del cual solicita se otorgue, en su favor, la garantía exhibida por el quejoso Joel Manuel Polanco Peralta para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo, en virtud de que con dicha medida suspensional se le causaron daños y perjuicios, al obstaculizársele disponer del inmueble objeto de tal controvertido, en tanto que el juicio principal, a la postre, fue sobreseído. A ese respecto, debe decirse que la solicitud de la parte tercero interesada resulta notoriamente extemporánea y, por ende, la misma deviene improcedente, como se verá a continuación. Primeramente, debe decirse que el numeral 156 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que el incidente para tratar de hacer efectivas las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, debe interponerse dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. A ese respecto, es menester destacar que de las constancias que integran el sumario, se advierte que el mediante notificación practicada por lista de estrados, el uno de septiembre de dos mil diecisiete, se notificó a las partes el proveído de treinta y uno de agosto anterior, en el que se recepcionó la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 214/2017, que confirmó el sobreseimiento decretado por este órgano de control constitucional en sentencia terminada de engrosar el veinte de abril de ese propio año. Por tanto, es evidente que a partir de que surtió efectos dicha notificación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la parte quejosa contaba con seis meses para promover la incidencia a que hace alusión el numeral 156 de la Ley de Amparo; sin embargo, al haber hecho la solicitud respectiva hasta el trece de junio de dos mil dieciocho, esto es, más de nueve meses posteriores a que surtió efectos la aludida notificación, resulta claro que dicha petición resulta extemporánea, lo que, por tanto, deviene en la improcedencia de la misma. Es dable citar en apoyo a lo anteriormente sustentado, la tesis visible en la página 2322, del Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. VÍAS QUE TIENE LA TERCERO PERJUDICADA PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE ESA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, la parte tercero perjudicada que haya resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, tiene a su alcance dos vías para reclamar la responsabilidad proveniente de esa medida; por un lado, el incidente previsto en su primera parte, ante la autoridad que conozca de ésta; y, por otro, un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común, conforme a la parte final del mismo precepto. Ese derecho tiene el carácter de una verdadera acción, la cual tiene como premisas: a) la suspensión concedida a la parte quejosa dentro de un juicio de amparo; b) la sentencia firme en que se haya negado el amparo o se sobresea en el juicio; y, c) los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la citada suspensión. Dicha acción, como cualquier otra, se encuentra sujeta a las consecuencias o limitaciones que ocasiona la cosa juzgada y, por ende, no puede ser intentada tantas y cuantas veces lo desee el promovente, sino que su ejercicio es limitado. Ahora bien, el derecho en cuestión se encuentra condicionado a dos eventualidades: primera, si aún no fenece el plazo de seis meses que se concede en la norma invocada, la tercero perjudicada puede reclamar el pago de daños y perjuicios sólo incidentalmente ante la autoridad que conozca de la misma suspensión; y, segunda, si aquel plazo ya transcurrió, entonces puede reclamarlos en un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común. Por ende, el incidente y el juicio autónomo citados son independientes y excluyentes entre sí; de ahí que no pueden ser concomitantes ni subsidiarios." Por otra parte, toda vez que aún subsiste autos, la garantía otorgada por la parte quejosa, y cuenta habida que ha transcurrido en demasía el término de seis meses a que se refiere el numeral 156 antes citado; póngase a disposición de la parte impetrante la garantía de marras, consistente en el billete de depósito N-784473, por la cantidad de diez mil pesos, a efecto de que dentro del plazo de dos años, mismo que comenzó a correr y contarse a partir del cinco de marzo de dos mil dieciocho, comparezca a recogerla, apercibida que de no hacerlo así, dentro del plazo conferido, la misma prescribirá y se hará efectiva a favor del Erario Federal.

  4. Principal

    VII. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la tercero interesada Ana Leticia Pomar Casares, por medio del cual solicita se otorgue, en su favor, la garantía exhibida por el quejoso Joel Manuel Polanco Peralta para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo, en virtud de que con dicha medida suspensional se le causaron daños y perjuicios, al obstaculizársele disponer del inmueble objeto de tal controvertido, en tanto que el juicio principal, a la postre, fue sobreseído. A ese respecto, debe decirse que la solicitud de la parte tercero interesada resulta notoriamente extemporánea y, por ende, la misma deviene improcedente, como se verá a continuación. Primeramente, debe decirse que el numeral 156 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que el incidente para tratar de hacer efectivas las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, debe interponerse dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. A ese respecto, es menester destacar que de las constancias que integran el sumario, se advierte que el mediante notificación practicada por lista de estrados, el uno de septiembre de dos mil diecisiete, se notificó a las partes el proveído de treinta y uno de agosto anterior, en el que se recepcionó la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 214/2017, que confirmó el sobreseimiento decretado por este órgano de control constitucional en sentencia terminada de engrosar el veinte de abril de ese propio año. Por tanto, es evidente que a partir de que surtió efectos dicha notificación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la parte quejosa contaba con seis meses para promover la incidencia a que hace alusión el numeral 156 de la Ley de Amparo; sin embargo, al haber hecho la solicitud respectiva hasta el trece de junio de dos mil dieciocho, esto es, más de nueve meses posteriores a que surtió efectos la aludida notificación, resulta claro que dicha petición resulta extemporánea, lo que, por tanto, deviene en la improcedencia de la misma. Es dable citar en apoyo a lo anteriormente sustentado, la tesis visible en la página 2322, del Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. VÍAS QUE TIENE LA TERCERO PERJUDICADA PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE ESA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, la parte tercero perjudicada que haya resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, tiene a su alcance dos vías para reclamar la responsabilidad proveniente de esa medida; por un lado, el incidente previsto en su primera parte, ante la autoridad que conozca de ésta; y, por otro, un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común, conforme a la parte final del mismo precepto. Ese derecho tiene el carácter de una verdadera acción, la cual tiene como premisas: a) la suspensión concedida a la parte quejosa dentro de un juicio de amparo; b) la sentencia firme en que se haya negado el amparo o se sobresea en el juicio; y, c) los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la citada suspensión. Dicha acción, como cualquier otra, se encuentra sujeta a las consecuencias o limitaciones que ocasiona la cosa juzgada y, por ende, no puede ser intentada tantas y cuantas veces lo desee el promovente, sino que su ejercicio es limitado. Ahora bien, el derecho en cuestión se encuentra condicionado a dos eventualidades: primera, si aún no fenece el plazo de seis meses que se concede en la norma invocada, la tercero perjudicada puede reclamar el pago de daños y perjuicios sólo incidentalmente ante la autoridad que conozca de la misma suspensión; y, segunda, si aquel plazo ya transcurrió, entonces puede reclamarlos en un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común. Por ende, el incidente y el juicio autónomo citados son independientes y excluyentes entre sí; de ahí que no pueden ser concomitantes ni subsidiarios." Por otra parte, toda vez que aún subsiste autos, la garantía otorgada por la parte quejosa, y cuenta habida que ha transcurrido en demasía el término de seis meses a que se refiere el numeral 156 antes citado; póngase a disposición de la parte impetrante la garantía de marras, consistente en el billete de depósito N-784473, por la cantidad de diez mil pesos, a efecto de que dentro del plazo de dos años, mismo que comenzó a correr y contarse a partir del cinco de marzo de dos mil dieciocho, comparezca a recogerla, apercibida que de no hacerlo así, dentro del plazo conferido, la misma prescribirá y se hará efectiva a favor del Erario Federal

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