Joél Humberto Cano Ayala
Expediente 681/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Joél Humberto Cano Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIEIS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: A sus autos el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que adjuntó testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 106/2016, que en su punto resolutivo determinó: UNICO. Es infundado el recurso de queja. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el apoderado legal de la parte quejosa, contra el proveído de veinte de julio del año en curso, dictado dentro del presente asunto; el cual quedó registrado con el número 106/2016.
- Principal
A sus autos el escrito que signa *******, apoderado legal de *******por el cual interpone recurso de queja contra la determinación de veinte de julio del año en curso, en la que se desechó de plano su demanda de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 fracción II y 99 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto. Infórmese a la superioridad que el veintiuno de julio pasado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción IV, del mismo ordenamiento legal, se desechó la demanda en comento, al concluirse que los actos de molestia que la parte quejosa reclama, se encuentran en etapa de ejecución, en la cual no es permisible la acción de amparo, respecto de actos intermedios, que no se traten de la última resolución en la fase ejecutiva.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ************ quien se ostenta como apoderado legal de Joel Humberto Cano Ayala, lo que acredita con copia certificada del instrumento notarial 8,941, pasado ante la fe del Notario Público Cuatro de Yuriria, Guanajuato, contra actos del Juez Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, y otra autoridad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, en el entendido que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 681/2016. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente reclama el auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Civil y de Oralidad Familiar y Juez Especializado Adicional de Uriangato, Guanajuato, del tenor literal siguiente: "AUTO. Uriangato, Guanajuato, a 4 cuatro de Julio del año 2016 dos mil dieciséis (.). Por lo que respecta a su inciso marcado como "c" dígasele que se dejan a salvo sus derechos a efecto de que los haga valer dentro del juicio ***dos mil quince del Juzgado Segunda Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en relación a los términos que precisa, toda vez que los juicios son autónomos e independientes. Por otro lado, en lo que respecta al apercibimiento que solicita, dígasele que dentro de los autos no obra constancia fehaciente de la que se desprenda desacato u omisión por parte de la autoridad requería que así lo demuestre a efecto de este Juzgado se encuentre en condiciones de hacer efectivo el apercibimiento y respecto a girar el oficio que solicita, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que la indicación requerida ya fue realizada, de viéndose estar al informe rendido por Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Segura Social y que obra en autos, así como a lo acordado líneas arriba; Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 cincuenta y ocho del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Notifíquese por lista a las partes." (sic). Ahora bien, de las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realiza el impetrante del amparo, así como de las constancias que allegó a su libelo, entre las que obra copia certificada de la audiencia preliminar de veintidós de abril de este año, llevada a cabo en el expediente ****del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Uriangato, Guanajuato, se desprende que actuó como parte actora en la contienda de origen, en la que se elevó a categoría de cosa juzgada el convenio al que llegaron las partes en dicha audiencia y en lo que interesa, respecto al descuento del treinta por ciento del sueldo que percibe el aquí quejoso por los alimentos de sus menores hijas, éste aprobó dicha circunstancia; asimismo, la juez ordenó a la demandada Maricela Sotelo Andrade, para que en el término de tres días exhibiera acuse del escrito de desistimiento respecto del diverso juicio ****del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que se otorgó una pensión provisional del cincuenta por ciento sobre el salario del peticionario de amparo. Asimismo, que en el momento procesal oportuno presente la demandada el acuerdo que recayera a dicho ocurso. Finalmente, la juez aseveró que aprobaba el convenio y que causaba ejecutoria, por lo que "ya se puede ejecutar", obligándose las partes a su cabal cumplimiento. De igual manera, el propio quejoso refiere que, en etapa de ejecución de sentencia, la responsable ordenó a la dependencia competente del Instituto Mexicano del Seguro Social que aplicara el descuento convenido. Manifestaciones que el promovente realizó en su escrito de demanda con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Asimismo, la videograbación adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa medida, debe dejarse establecido que conforme a lo narrado por la parte quejosa en los antecedentes del acto reclamado, así como de la videograbación, denota que dicha controversia se encuentra en etapa de ejecución, en la cual, no es permisible la acción de amparo respecto de actos intermedios que no se trate de la última resolución en la fase ejecutiva, como lo dispone el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo. Bajo esa directriz, es evidente que el acto reclamado no es la última resolución en la fase ejecutiva, de modo que el ejercicio de la acción de amparo, es improcedente. Al respecto, debe precisarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa, en cuyo caso se pueden hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo reclamarse, en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso a estudio, se advierte, de modo manifiesto e indudable, que se reclama un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia y que aún no concluye, puesto que la resolución reclamada no se impugna conjuntamente con la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, y el quejoso es parte formal y material en el mismo, al ser actor. En esa medida, la repercusión del acto impugnado, tiende a continuar con la ejecución de actos que han quedado firmes, como lo es el convenio elevado a categoría de cosa juzgada a que se sometieron las partes. En consecuencia, la determinación reclamada, no constituye la última resolución en la fase ejecutiva. Por otra parte, este juzgador estima que de manifiesta notoria e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. Los artículos 891 a 896 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato disponen: Artículo 891. Las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero de este Código, con excepción de las reglas especiales previstas en el presente Capítulo. Artículo 892. Los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables en el presente Capítulo, serán irrecurribles. Artículo 893. Dentro de las audiencias en los juicios orales, el recurso de revocación sólo procede en contra de las siguientes resoluciones: I. La que no admita prueba; y II. La que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes. La revocación deberá plantearse oralmente expresando los agravios, dentro de la etapa de la audiencia en que se hubiere pronunciado la resolución recurrida. El juez dará vista a la contraria para que en el acto la desahogue y resolverá sin más trámite. Artículo 894. Dentro de la audiencia en los juicios orales la apelación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva sobre excepciones procesales y cosa juzgada; II. Los autos que resuelvan incidentes de nulidad de actuaciones y notificaciones y el de recusación de peritos; III. Las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio; y IV. La determinación que niegue alguna medida. Artículo 895. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, dentro de los siguientes plazos: I. Cinco días siguientes al en que surta efectos su notificación, tratándose de sentencias; II. Tres días siguientes al en que surta efectos su notificación, si se tratare de cualquier otra resolución dictada fuera de las audiencias preliminar y de juicio; y III. En la propia audiencia, dentro de la etapa en que la resolución se hubiere pronunciado. Los agravios se formularán por escrito. En los supuestos de las fracciones I y II se expresarán al interponerse el recurso. En el caso de la fracción III se expresarán dentro de los tres días siguientes a que se haya pronunciado la resolución. Si no se presenta el escrito de agravios, el juez declarará desierto el recurso. Artículo 896. La denegada apelación debe interponerse dentro de los siguientes plazos: I. Tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo denegatorio, en aquellas resoluciones que se hayan pronunciado fuera de las audiencias preliminar y de juicio; y II. En la propia audiencia, dentro de la etapa en que se hubiere pronunciado el acuerdo denegatorio. Los agravios se formularán por escrito. En el supuesto de la fracción I se expresarán al interponerse el recurso. En el caso de la fracción II se expresarán dentro de los tres días siguientes a que se haya pronunciado la resolución. Si no se presenta el escrito de agravios, el juez declarará desierto el recurso." De conformidad con ellos, en los juicios orales, como aquel del que emana el acto reclamado, las resoluciones que no se emiten dentro de una audiencia, como la que se tilda de inconstitucional, pueden impugnarse mediante los recursos de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda de acuerdo a las reglas previstas en los artículos 232 a 272 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad Federativa, que son los que integran el Título Sexto del Libro Primero de dicho Código, como lo establece el trascrito artículo 891. Ahora bien, los preceptos 232, 243 y 245 del Cuerpo Legal invocado establecen: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los jueces de partido como por los menores. Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." Del contenido de los dispositivos trascritos destaca que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. En esas condiciones, si el quejoso reclama el acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, destacado en párrafos precedentes y dicho auto no admite recurso de apelación porque no decide un incidente ni lo dispone así el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, entonces, debió impugnarse mediante el recurso de revocación previsto en el ordinal 232 del propio Cuerpo Normativo. En esas condiciones, el juicio es notorio e indudablemente improcedente, al actualizarse las hipótesis que devienen de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el artículo 107, fracción IV, así como la establecida en la fracción XVIII del propio numeral 61, ambos de la Ley Reglamentaria, y conforme lo dispuesto en el dispositivo 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida *****de esta ciudad, y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados *************, toda vez que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales.
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