Joel Galván Villegas
Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 28 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvia Aurora Carrillo Quintanar
- Joel Galván Villegas
- Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Firmeza del auto de sobreseimiento Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido el proveído de uno de agosto del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación causó estado. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, toda vez que no les irroga perjuicio. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Glósese al sumario sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, a través del cual informa la fecha y lugar para que acuda la directa quejosa menor de edad de identidad reservada, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, en virtud de que mediante proveído de uno de agosto actual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Cabe destacar que la misiva fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.
- Principal
Estado procesal Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] Por tanto, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si los menores de edad quejosos fueron inoculados con las dosis de la vacuna de referencia; en caso afirmativo, exhiba las constancias con que acredite su dicho, de las que se advierta la fecha de aplicación de cada dosis, o bien, comunique la fecha en que les será aplicada, de ser procedente, la segunda dosis o, en su caso, la imposibilidad que tenga para ello. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá hacer del conocimiento el motivo de ello y, en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular los infantes, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, tendrá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de diecinueve de julio de dos mil veintidós), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que los infantes quejosos directos sean vacunados y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la parte quejosa, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: a. La existencia del acto o ley reclamados y, b. Que la parte quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que la parte quejosa exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a) relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (nueve de febrero pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece el menor de edad aquí quejoso L.G.C. (nacido el seis de agosto de dos mil once -diez años al día de hoy-) no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculado y, por su parte, el grupo etario de entre doce y diecisiete años de edad que corresponde a la menor quejosa A.S.G.C. (nacida el veinticinco de mayo de dos mil nueve -trece años al día de hoy-), únicamente se contemplaban para efectos de la vacuna de referencia, infantes con alguna comorbilidad, lo que impedía conocer la fecha exacta en que se aplicaría, en su caso, el biológico a la menor quejosa. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a los menores quejosos de identidad reservada de iniciales L.G.C. y A.S.G.C., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que puedan enfermar gravemente, o incluso perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece el menor quejoso de entre cinco y once años no era considerado como susceptible de ser vacunado y, el diverso grupo en que se incluye a la segunda menor de entre doce y diecisiete, contemplaba solo a infantes con comorbilidades. Y aun cuando a la presente fecha esos grupos etarios ya fueron incluidos de forma efectiva en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a los aquí quejosos, ya les fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de dieciocho de julio pasado, se entiende que hay desinterés para que los infantes quejosos directos sean vacunados y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a los menores directos quejosos no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; incluso, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo que antecede, resulta innecesario verificar la audiencia constitucional programada en autos, por lo que se deja sin efectos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Estado procesal Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] Por tanto, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si los menores de edad quejosos fueron inoculados con las dosis de la vacuna de referencia; en caso afirmativo, exhiba las constancias con que acredite su dicho, de las que se advierta la fecha de aplicación de cada dosis, o bien, comunique la fecha en que les será aplicada, de ser procedente, la segunda dosis o, en su caso, la imposibilidad que tenga para ello. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá hacer del conocimiento el motivo de ello y, en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular los infantes, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, tendrá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de diecinueve de julio de dos mil veintidós), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que los infantes quejosos directos sean vacunados y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la parte quejosa, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: a. La existencia del acto o ley reclamados y, b. Que la parte quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que la parte quejosa exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a) relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (nueve de febrero pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece el menor de edad aquí quejoso L.G.C. (nacido el seis de agosto de dos mil once -diez años al día de hoy-) no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculado y, por su parte, el grupo etario de entre doce y diecisiete años de edad que corresponde a la menor quejosa A.S.G.C. (nacida el veinticinco de mayo de dos mil nueve -trece años al día de hoy-), únicamente se contemplaban para efectos de la vacuna de referencia, infantes con alguna comorbilidad, lo que impedía conocer la fecha exacta en que se aplicaría, en su caso, el biológico a la menor quejosa. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a los menores quejosos de identidad reservada de iniciales L.G.C. y A.S.G.C., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que puedan enfermar gravemente, o incluso perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece el menor quejoso de entre cinco y once años no era considerado como susceptible de ser vacunado y, el diverso grupo en que se incluye a la segunda menor de entre doce y diecisiete, contemplaba solo a infantes con comorbilidades. Y aun cuando a la presente fecha esos grupos etarios ya fueron incluidos de forma efectiva en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a los aquí quejosos, ya les fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de dieciocho de julio pasado, se entiende que hay desinterés para que los infantes quejosos directos sean vacunados y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a los menores directos quejosos no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; incluso, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo que antecede, resulta innecesario verificar la audiencia constitucional programada en autos, por lo que se deja sin efectos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes."
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