Joel Guzmán Flores y Otros.

Expediente 212/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
212/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Joel Guzmán Flores y Otros.
  • Martín Flores Guzmán y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la determinacion de diez de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, y capítulo 7.4 del Manual Para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se sobreseyó este juicio de amparo, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración el expediente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Finalmente, se autoriza al Actuario de la adscripción a firmar los oficios que derive del presente asunto. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 1604/2020, procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, y anexo, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de amparo 403/2020, del índice del oficiante, promovido por ******. Ahora bien del contenido del oficio de cuenta y anexo, se advierte que mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se habla, respecto del acto reclamado por el quejoso ******, consistente en la orden de traslado ejecutada, atribuida al Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación social, con sede en la ciudad de México y otras autoridades, toda vez que del informe rendido por las responsables se aprecia que el quejoso en comento fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en consecuencia, declinó la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno. De igual manera, en ese mismo acto, decretó de plano la separación de autos, a efecto de que ese órgano jurisdiccional continuara en el conocimiento de la demanda de amparo únicamente respecto de los quejosos Martin Flores Guzmán y Fernando Arias Monroy. Y, ordenó enviar el escrito original de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, así como copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 403/2020, de su índice, para que se proceda a realizar el turno correspondiente respecto del reclamo formulado por el quejoso Joel Guzmán Robles. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional, en el caso concreto comparte la competencia planteada, ya que como se advierte de las constancias remitidas por el oficiante, en específico de los informes justificados de las autoridades responsables Encargado del Proceso de Cierre del Recién Desincorporado Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en el Salto Jalisco, y Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, se patentiza que el quejoso *****fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (lugar donde tiene competencia territorial este órgano federal). Por tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo únicamente por lo que hace a los actos reclamados por el quejoso Joel Guzmán Robles. Acúsese recibo de estilo al juzgado declinante. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 212/2021. SE CONVALIDAN ACTUACIONES. Comuníquese personalmente esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan las actuaciones practicadas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2° y continúese con el trámite legal del juicio. VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita atentamente al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación permanente del expediente 403/2020 de su índice, al diverso 212/2021 del índice de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; asimismo, comunique a este juzgado dicha autorización. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, así como de las constancias remitidas por el Juzgado oficiante, se aprecia en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]". Así, cabe destacar, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que en esencia el acto de que se duele la parte quejosa, consistente en la orden de traslado efectuada el treinta de septiembre de dos mil veinte, del Centro Federal de Reinserción Social número "2" OCCIDENTE, ubicado en el Salto Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, decretada mediante oficio SSPC/PRS/12555/2020de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México. Luego, de una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a las Constitución, o el mecanismo de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En el caso particular, como se destacó previamente, el acto reclamado por el impetrante de amparo, según lo afirmado en el apartado relativo de su escrito inicial lo constituye la orden de traslado ya ejecutada (treinta de septiembre de dos mil veinte), esto es del Centro Federal de Reinserción Social número "2" OCCIDENTE, ubicado en el Salto Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Por lo que, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; de ella se aprecia que el artículo 1°, fracción II de la Ley de Ejecución establece procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Por su parte, el numeral 2° de la citada ley, precisa que el ámbito de aplicación incluye a todas las personas privadas de la libertad sin importar el estado procesal en que se encuentren: a) Los internos por prisión preventiva y b) Los que estén compurgando una pena o medida de seguridad. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes (o excepcionales), estos últimos son impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. Del análisis de la ley de ejecución, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesorio al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53 de la ley de ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121 de la ley de ejecución), la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentre el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contiene una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contiene una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación. Del artículo 120 de la Ley de Ejecución se deduce que la controversia judicial se inicia a través del ejercicio de una acción, de los artículos 120 al 129 de dicha ley, se advierte que el ejercicio de esa acción da inicio a un procedimiento jurisdiccional accesorio, al señalar que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral; además, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; incluso, el interno debe contar con un defensor durante la tramitación de ese procedimiento accesorio, desde el ejercicio de las acciones incluyendo el trámite de los recursos judiciales. d) El procedimiento es independiente y al mismo tiempo accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción depende de que la persona se encuentre recluida, con motivo de un proceso penal ya sea dentro de juicio o en ejecución de la pena (artículos 1 y 2 de la ley de ejecución). La tramitación del proceso accesorio es facultativa, pues depende de que la autoridad ordene el traslado de un interno a otro centro penitenciario, y que este no esté de acuerdo con tal decisión por estimar que agravia sus derechos (artículos 116 fracción I y 117 fracción III y último párrafo de la ley de ejecución). e) En el proceso penal la litis está limitada a determinar si existe un hecho que la ley señale como delito y si el interno es responsable de su ejecución; en la etapa de ejecución de sentencia se pretende que el sentenciado compurgue la sanción privativa de libertad y lograr la reinserción social del sentenciado. Mientras que el objetivo del proceso accesorio es resolver una controversia que surgió con motivo de la ejecución penal, determinar si el traslado respeto o no los derechos del interno. Todo lo anterior es suficiente para considerar que el procedimiento denominado por la ley de ejecución como "controversias ante el juez de ejecución" que se tramita a través de un "procedimiento jurisdiccional", constituye un procedimiento accesorio del proceso penal. Esta situación es importante para sustentar la improcedencia del juicio de amparo pues de estimarlo así, conlleva a determinar que la orden de traslado se dictó dentro de un proceso penal, incluso la resolución administrativa dictada por autoridades administrativas, por estar autorizada por la propia ley en casos excepcionales y urgentes, por supuesto con la autorización judicial posterior. Para abundar en la última parte del párrafo anterior, ese procedimiento accesorio es de naturaleza penal, porque está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere a personas recluidas en un centro penitenciario sujetas a un proceso penal y, el hecho de que intervengan autoridades administrativas, no significa que por esa circunstancia el procedimiento pertenezca a otra materia. Corrobora lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18/2012 (10a.), Registro 2001982, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 17, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL." Del criterio mencionado se advierte la intervención de autoridades administrativas durante la reclusión de procesados o sentenciados y, los actos que realicen con ese motivo serán considerados de materia penal. De allí que resulte irrelevante la circunstancia de que la orden de traslado sea de naturaleza administrativa, al calificarlo de esa manera el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dictada por autoridades administrativas, pues de acuerdo con el artículo 3°, fracción I de dicha ley, las autoridades penitenciarias son autoridades administrativas, porque al estar previstos en una ley penal, cuyo ámbito de aplicación es sobre procesos penales, entonces se trata de un procedimiento accesorio de naturaleza penal. En ese sentido, debe tenerse presente, que el diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 79/2018 (10a.), con número de registro 2018548, visible en la página 230, del libro 61, tomo I del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. De dicho criterio jurisprudencial, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a peticiones administrativas, este juzgado de Distrito considera que, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, como a continuación se verá. Conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado ejecutado del Centro Federal de Reinserción Social número "2" OCCIDENTE, ubicado en el Salto Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c)", respecto del que la ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. Se explica: 1. Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2. El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Ahora bien, llevadas las consideraciones que preceden al caso en concreto se advierte que el impetrante del amparo señala que fue trasladado del Centro Federal de Reinserción Social número "2" OCCIDENTE, ubicado en el Salto Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CHIAPAS" con sede en Carretera Tapachula- Arriaga, número 2120, en Pueblo Nuevo Chiapas, mientras que de las constancias de autos se advierte que el citado quejoso ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA" con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, por oficio SSPC/PRS/12555/2020de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, y es donde actualmente se encuentra interno. En ese tenor, acorde con los antecedentes del acto reclamado narrados, bajo protesta de decir verdad, se puede advertir que las autoridades administrativas penitenciarias ya iniciaron con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto al traslado involuntario previsto por el artículo 51 de la Ley de Ejecución Penal que dispone: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." Lo resaltado es nuestro. Lo anterior es así, en la medida de que según lo referido por el propio quejoso en el sentido de que el treinta de septiembre de dos mil veinte, fue trasladado del Centro Federal de Reinserción Social número "2" OCCIDENTE, ubicado en el Salto Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, decretada mediante oficio SSPC/PRS/12555/2020de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México. Por la razón expuesta, el quejoso previo acudir al amparo, debe agotar el recurso ordinario que prevé el numeral 51 de la Ley de Ejecución Penal; es decir, tenía a su alcance un medio de defensa ordinario, sin embargo, no lo agotó, lo que trae como consecuencia la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que conlleva al sobreseimiento del juicio de amparo. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de que, previo a acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnar a través de ese medio; más porque tal supuesto no se ubica en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En resumen, la jurisprudencia invocada previamente, cuyo rubro establece "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", contempla que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayor formalismo, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneren sus derechos. Aunado a lo así resuelto, este Juzgado de Distrito advierte, que dicha ley prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula las condiciones de las personas privadas de su libertad, como consecuencia de una resolución judicial; a saber: régimen de internamiento, que reglamenta las garantías de una vida digna y segura; el disciplinario, que establece qué autoridad penitenciaria sanciona las faltas disciplinarias; y, el régimen de traslados a otro centro de reclusión, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En ese orden de ideas, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. En el caso a estudio, si la Ley de Ejecución prevé un procedimiento por el cual es dable analizar la legalidad de la orden de traslado, entonces, el interno deberá atender a lo establecido en ese procedimiento ordinario, es decir, acudir ante el juez de instancia quien determinara si fue o no dictada en apego al respeto de sus derechos humanos. No se oponen a lo antes considerado, los criterios que cita la parte quejosa en su demanda de amparo, ni los criterios de nuestro alto tribunal, siguientes: -Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". -Tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CLXVI/2014 (10a.), visible a foja 824, de Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL."; y, -Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial. En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios. En apoyo a lo anterior se cita la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes 07 de septiembre de 2018 10:16 h, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, del rubro y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Conviene citar para apoyar la anterior determinación, por no ser contraria a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 224800, tomo VI, segunda parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 361, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". De igual forma, resulta aplicable el criterio orientador sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, registro 166601, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 1676, Novena Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad." En esas condiciones, cuando un interno se duele de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, ocurrida en prisión preventiva o en ejecución de sentencia (para compurgar una pena privativa de libertad), el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Atento a lo expuesto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra la orden de traslado, al tratarse de un acto, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, más bien constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de que el Juez de instancia analice si dicho acto reclamado está o no apegado a derecho. Atento a lo anterior, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado los citados medios de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Ahora, si bien es cierto que a la fecha en la que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, aún no tiene verificativo la audiencia constitucional, ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa debido a que no es privado del derecho de defensa que le corresponde, por derivar el sobreseimiento de una causa de improcedencia que en este momento es notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece ante la actualización de la causal de improcedencia invocada, de tal suerte que se estima ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso, contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por los razonamientos antes anotados, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación a la fracción XX, del artículo 61 de esa ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA. Por tanto, a fin de no retardar la secuela del procedimiento, dada la naturaleza de los actos reclamados, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, para que se haga presente en el referido centro de reclusión, notifique al aludido quejoso este auto de manera personal, entregándole copia autorizada, para su conocimiento y efectos legales consiguientes Así también, como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizado de la parte promovente únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que menciona. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario (a) y/o Actuario Judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

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