Joel Francisco Robles Chávez

Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
74/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Joel Francisco Robles Chávez
  • Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en Salina Cruz, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria de diez de mayo de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial 14/2022 de su índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "RESUELVE: PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, es competente para conocer del juicio de amparo 789/2022, de su índice, promovido por Joel Francisco Robles Chávez, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y su ejecutoria a cargo de diversas autoridades. TERCERO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 789/2022, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, así como el original y duplicado del incidente de suspensión derivado, a cuyo favor se finco la competencia, para que se avoque a su estudio; haciéndolo del conocimiento del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca." Atento a lo resuelto por la Superioridad, en el sentido que dicho Tribunal Colegiado declaró que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Joel Francisco Robles Chávez. Con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; por medio del cual informa se admitió a trámite el conflicto competencial planteado en este asunto; el cual quedó registrado con el número 14/2022, de su índice; lo anterior, se hace constar para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 74/2022, promovido por JOEL FRANCISCO ROBLES CHÁVEZ, del índice de este juzgado; y, 589/2021, de su estadística e informa que ese órgano jurisdiccional insiste en declinar competencia a favor de este juzgado de Distrito para conocer de dicho asunto, por los motivos que expone. Por lo tanto, al considerar el referido juzgado que existe un conflicto competencial, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, remitió el citado juicio de amparo, así como los incidentes de suspensión que derivan del mismo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para su substanciación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Vista lo de cuenta agréguese a los presentes autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, con anexos consistentes en el original del juicio amparo indirecto 589/2021, de su índice, promovido por *******, así como los cuadernos incidentales relativos a dicho asunto. Acúsese recibo de estilo al juzgado declinante. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 74/2022. Ahora bien, visto su contenido se advierte que en acuerdo de diecisiete de enero del presente año, dicho juzgado se declaró incompetente -por razón de territorio- para seguir conociendo y resolver la demanda de amparo promovida por *******, pues esencialmente refiere que el acto reclamado en el juicio de amparo 589/2021, de su índice, lo constituye la orden de reaprehensión de nueve de enero de dos mil diecinueve, librada en el proceso **/****, del índice del Juzgado Segundo de distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en contra del citado quejoso, a efecto de que compurgue la pena de cuatro años de prisión que se le impuso en la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciséis, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo, prevista y sancionada por el artículo 368 Quater, fracción I, párrafo tercero, del Código Penal Federal; la cual refiere se ejecutará en la circunscripción territorial donde radica la autoridad ordenadora, ya que por regla general es donde el acto tendrá ejecución, pues la diversa ejecutora con residencia en la circunscripción territorial de Salina Cruz, Oaxaca, negó el acto que se le atribuyó, con lo cual desaparece la competencia de dicho Juzgado de Distrito. Determinación por cuanto hace a la compatencia declinada. En ese sentido, del análisis de las constancias remitidas, este órgano jurisdiccional respetuosamente no comparte el criterio adoptado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca y por ende, no acepta la competencia planteada por el Juzgado declinante, en atención a las consideraciones que se expondrán. En primer término, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla, debe decirse que constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se deduce que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda, de lo contrario, es decir, si el acto impugnado requiere de ejecución material, el juez competente será el del sitio en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado. En el caso en particular, del contenido de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de reaprehensión, la cual atribuyó en calidad de ordenadora al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y en su carácter de ejecutoras al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, y al Encargado de la Subsede de la Policía Ministerial en Salina Cruz, Oaxaca (denominación correcta). Asimismo, de su escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa refirió -bajo protesta de decir verdad- que el mandato de captura trató de ejecutarse en su domicilio particular (ubicado en Calle Saltillo número doce, en la colonia Porfirio Díaz de Salina Cruz, Oaxaca), pues en sus antecedentes expresó: ".el día viernes 5 de noviembre del año que transcurre (2021), siendo aproximadamente la veinte (sic) horas, hasta mi domicilio se presentaron personas que dijeron ser elementos de la Agencia Federal de Investigaciones comisionados en el Estado de Oaxaca, quienes manifestaron a mis familiares que van con el fin de dar cumplimiento a una orden de reaprehensión librada en mi contra por la autoridad señalada como ordenadora, en el Expediente Penal numero (sic) 028/2015." En ese orden de ideas, acorde a lo antes expuesto en líneas anteriores, se considera que cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, la competencia se surtirá en favor del Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que se surta la regla en mención, puesto que la orden de reaprehensión aquí reclamada, trató de ejecutarse en un territorio distinto al en que este Juzgado federal tiene jurisdicción, esto es, en Salina Cruz, Oaxaca. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, Décima Época, Materias Común y Penal, Registro digital 2004166, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". De la jurisprudencia transcrita se advierte con meridiana claridad que la pretensión de nuestro máximo tribunal en relación a que la competencia se surta a favor del juez de amparo con sede en el lugar en donde trate de ejecutarse el acto reclamado, es con la finalidad de que el quejoso pueda tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes. Criterio en la que además se puntualizó que si en la demanda de amparo la parte quejosa aseguró, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, la competencia corresponderá al juzgador con sede en tal domicilio. Ello, aunado a que por tratarse de autoridades federales pueden ejecutar el acto reclamado en cualquier parte de la República, y que aun cuando se siguiera ejecutando el acto en esta ciudad, la competencia recaería en el juez declinante, por haber sido quien conoció primero del juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en virtud de que la orden de reaprehensión reclamada trató de ejecutarse en la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, toda vez que es el lugar donde bajo protesta de decir verdad, la quejosa refirió que se presentaron a buscarla para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 14, de la Tercera Parte del Tomo CXXIX, Sexta Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "COMPETENCIA EN AMPARO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en sus párrafos tercero y cuarto, establece que es competente el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, cuando ésta no requiera ejecución material, y en aquéllos casos en que, exigiendo ejecución material el acto que se reclama, el propio acto, por su mero pronunciamiento, viole garantías individuales, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. El mismo artículo 36, en su párrafo primero, dice que es competente el Juez dentro de cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto impugnado. Podría pensarse en que, al menos en apariencia, hay contradicción entre el párrafo primero y el párrafo cuarto del citado artículo 36. La contradicción, en el supuesto de existir, habría de resolverse en favor del párrafo primero, ya que en su texto coincide con el contenido del artículo 107 constitucional, fracción VII, según la cual "el amparo... contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Ahora bien, cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto, de conformidad con el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si la resolución impugnada exige ejecución material, es competencia el Juez Federal dentro de cuyo territorio se encuentra el lugar en que se ejecutará o pretenda ejecutarse, salvo que, además de combatirse el acto como violatorio de garantías individuales en sí mismo, se acredite que no se han iniciado aun los trámites para ejecución, y ésta, por otra parte, no se impugne como inminente". Asimismo, la tesis relacionada con la Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Sin que en el caso resulte aplicable la Jurisprudencia P./J.9/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 5, Novena Época, Materia Común, Registro digital 190373, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE", ya que la declinación de la competencia -que ahora se estudia- no se realizó una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional; por lo que no se está en la hipótesis que señala dicha tesis, pues, sin prejuzgar en específico, la parte quejosa no estuvo en aptitud de desvirtuar la negativa de la autoridad responsable ejecutora que negó el acto atribuido, puesto que la misma no se celebró en atención a que la declinante consideró carecer de competencia por auto de diecisiete de enero del año en curso. De igual forma, se estima que en el presente no se actualizan los criterios contenidos en las jurisprudencias PC.I.P. J/39 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071, Décima Época, Materias Común y Penal, Registro digital 2016596, de título: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO", y 48, emitida por el referido Pleno, visible en el Apéndice de 2011. Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Común, página 64, Novena Época, Materia Común, Registro digital 1011033, de epígrafe: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE"; ya que de las constancias de autos, se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridades ejecutoras al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, y al Encargado de la Subsede de la Policía Ministerial en Salina Cruz, Oaxaca (denominación correcta) y sólo esta última negó los actos reclamados, es decir, existen diversas ejecutoras -federales- que incluso convinieron en la existencia del acto reclamado y que sin prejuzgar en específico, pueden ejecutarlo en el lugar que refirió la parte quejosa en su demanda inicial -domicilio particular ubicado en Salina Cruz, Oaxaca-. En esas condiciones, devuélvansele los autos del juicio de amparo 589/2021, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, así como el original y duplicado del incidente derivado del aludido sumario, para los efectos a que haya lugar. Solicitándole el acuse de recibo respectivo. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, efectúense las notificaciones personales a dicha parte por lista de acuerdos. Autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Virgilio Flores Moreno, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos Flores Robles, por no contar con el registro correspondiente. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."

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